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Colombia: asesinatos a indígenas y los falsos positivos  

El 28 de marzo en la Vereda Alto Remanso, jurisdicción de Puerto Leguízamo, el Ejército abrió fuego contra los asistentes a una actividad comunal, asesinando a 9 personas. La Fuerza Pública habló de un operativo contra disidentes de las FARC, pero las organizaciones sociales han denunciado que se trataría de “falsos positivos”.  Mink’a Comunicación en la Red Eco

(Claudia Castro - Mink’a Comunicación en la Eco) Colombia- En la tarde del lunes 28 de marzo, el ministro de Defensa Diego Molano, el Ejército Nacional y el presidente Iván Duque informaron que en operaciones en Puerto Leguízamo, Putumayo, habían sido dados de baja 11 integrantes de los Comandos de la Frontera de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y que 4 personas más habían sido capturas.

Sin embargo, desde la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de La Amazonía Colombiana (OPIAC) denunciaron que la operación militar era el denominado “falso positivo” y en un comunicado solicitaron que el “Ejército Nacional cese de manera inmediata el homicidio a través de la modalidad de Falsos Positivos, de la población civil del municipio de Leguízamo en el Putumayo, y en especial en contra de la población indígena y sus autoridades”.

También pidieron que el Ministerio de Defensa “se retracte de sus declaraciones y aclare que las personas asesinadas por el Ejército Nacional no eran guerrilleros sino población civil. La información dada por el funcionario no concuerda con la realidad y se contradice con información que en estos momentos ha empezado a surgir tanto en testimonios de sobrevivientes y familiares, así como de medios de comunicación alternativos”.

En el mismo documento la organización narra que el Ejército llegó a la vereda donde los habitantes se encontraban realizando un bazar en un galpón para recaudar fondos y que abrieron fuego contra los asistentes, asesinando a 9 personas en total, entre ellos al Gobernador del Pueblo Kitcwhwa, Pablo Panduro Coquinche y el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Remanso, Divier Hernández y su esposa, Ana María Sarria.

Una periodista que se comunicó con el portal Contagio Radio, dio detalles de cómo fue la masacre. Señaló que “los militares intentaron arreglar la escena del crimen para justificar los asesinatos” y que “los militares implantaron fusiles para poder asegurar que los muertos pertenecían a los llamados «comandos de frontera», sin embargo, las armas implantadas no estaban cerca de los cuerpos de los asesinados”.

Es por eso que desde la OPIAC se llamó a que la Fiscalía “investigue las condiciones en las que se dio este hecho, y a la Procuraduría para que investigue a los miembros de la Fuerza Pública que participaron en la acción militar, así como a quienes la planearon”.

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Antecedentes 

Cabe destacar que no es la primera vez que se le implica al Ejército con hechos similares. Uno de los casos fue el de Dimar Torres, un excombatiente de las FARC que se encontraba en proceso de reincorporación a la vida civil, y quien se encontraba radicado junto con su esposa e hijos en Convención, en la subregión del Catatumbo. Torres participaba activamente de la vida comunitaria y de los procesos de reincorporación con las Naciones Unidas.

Dimar Torres fue encontrado asesinado el 22 de abril de 2019 en un hecho sospechoso, y fue por la insistencia de la comunidad que se conoció que uniformados le habían quitado la vida. Los soldados negaron insistentemente saber de Dimar y de los disparos que escucharon los campesinos.

Un año después, la Fiscalía obtuvo elementos de prueba que permitieron conocer que el oficial quería vengar la muerte de uno de sus hombres en una supuesta acción del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la que había participado Torres y, habría pedido actuar en su contra. El cabo Daniel Eduardo Gómez, reconoció su participación en el crimen y algunas interceptaciones telefónicas.

Otro de los casos conocido en la zona es el de dos líderes campesinos históricos, Teófilo Acuña y Jorge Tafur, quienes fueron asesinados el 22 de febrero de este año en Puerto Oculto, en el municipio de San Martín, Cesar. Ambos líderes estaban luchando por el rescate de los playones comunes en su territorio y defendían el agua y la tierra.

Eder Sánchez, líder campesino del Putumayo hace mención al hecho y señala que en la zona de Putumayo vienen denunciando desde marzo del año pasado, a través de la Mesa Territorial de Garantías la grave situación de crisis humanitaria que estaba padeciendo el Putumayo. Este año con más de 30 asesinatos a principio de año, afirma que la situación se agravó, tal como indica el líder campesino.

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