Bajo el argumento que, “ desde sus radios comunitarias las comunidades indígenas hablan en contra del gobierno”, la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados mexicana aprobó una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión para “sancionar hasta con seis años de prisión a quienes operen estaciones sin contar con la concesión respectiva”.

Juego de luces y de sombras, el México oficial, el de los discursos gubernamentales, los boletines de prensa, las leyes y los análisis de los intelectuales mediáticos, ignora y oculta a muchos otros Méxicos. Lejos de los reflectores, en el apagón informativo hacia las serranías y selvas donde viven, los pueblos indios resisten la embestida de ganaderos y mineras contra sus territorios y recursos naturales.

(Luis Hernández Navarro – La Jornada) México - Con el pretexto de otorgar certidumbre jurídica al campo, el 6 de enero de 1992 se publicó en el Dia¬rio Oficial la reforma que dio por finalizado el reparto agrario. De un plumazo fueron suprimidos todos los preceptos que reglamentaban la prohibición del latifundio y la repartición de la tierra, y señalaban las instituciones encargadas del mismo. Sin embargo, a pesar de la determinación oficial de izar la bandera blanca en el campo hace 25 años, la lucha por la tierra sigue.

Utilizando los pequeños resquicios legales que aún quedan no sólo se oponen al despojo sino que, incluso, en algunas regiones han pasado a la ofensiva para recuperar sus territorios.

Así lo hace, en el norte de Jalisco, la comunidad wixaritari de Wuaut+a-Kuruxi Manuwe (San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños), ubicada en el municipio de Mezquitic. La comunidad está solicitando la restitución de más de 10 mil hectáreas en 45 juicios, más otros 20 que están pendientes de iniciar. Las demandas se tramitan en el Tribunal Agrario número 16 de Guadalajara. Las tierras, sin embargo, están en Nayarit y su ejecución le corresponde al Tribunal Agrario 56 de Tepic.

Evidencia del divorcio existente entre el país oficial y los Méxicos reales es el territorio wixaritari, que, no obstante ser una unidad demográfica, étnica y cultural compacta, se esparce a través de los estados de Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Y, a pesar de contar con tierras amparadas en títulos en su favor desde 1718, en plena época colonial, los wixaritari se enfrentan a ganaderos mestizos que adquirieron ilegalmente esos predios a principios del siglo pasado.

Armados de una paciencia ejemplar, las comunidades huicholas han emprendido la recuperación de sus territorios haciendo uso de todos los recursos legales a la mano. A lo largo de los años han tocado, una y otra vez, la puerta de las instituciones gubernamentales para exigir justicia. Han asistido a las más diversas reuniones en Tepic, Guadalajara y Ciudad de México. Y, cansados de esperar, han tomado calles y recuperado, por la vía de los hechos, predios que les pertenecen.

Lejos de encontrar una solución al conflicto, las autoridades gubernamentales les dan largas. Muchas de ellas juegan sus cartas en favor de los pequeños propietarios. Hace un año, para dar cumplimiento a una resolución en su favor, los huicholes ocuparon 182 hectáreas en las cercanías del municipio de Huajmic, y levantaron varias viviendas. Los ganaderos mestizos respondieron metiendo cuatrimotos al terreno y destruyendo las casas. Y, ya encarrerados, el pasado 23 de septiembre, invadieron un predio de 64 hectáreas, que mil 200 indígenas recuperaron viajando a pie unos siete kilómetros a través de la serranía de San Isidro desde sus comunidades en la sierra de Jalisco, haciendo efectiva la segunda ejecución emitida por el Tribunal Unitario Agraria en 2011.

Un día antes, el viernes 23 el magistrado del tribunal agrario 56 con sede en Tepic, Nayarit, Aldo Saúl Muñoz López, debió ejecutar la segunda sentencia para entregar ese terreno. Pero, armados con pistolas escuadra, los ganaderos bloquearon los caminos y le impidieron llegar a Piedra Bola, donde están las hectáreas a entregar.

En una evidente omisión de la autoridad, a pesar de que las amenazas de los ganaderos eran públicas, ni el gobierno nayarita ni el federal enviaron patrullas o personal del Ejército para resguardar la seguridad y ejecutar la diligencia. Carlos González, el abogado de los indígenas, solicitó, en el acta que se levantó dentro del expediente de la ejecución y su suspensión por el bloqueo, que se finquen responsabilidades administrativas y penales contra el gobernador de Nayarit, el secretario general de Gobierno, el fiscal general y el director de seguridad pública de La Yesca.

Ante la fallida ejecución, el Tribunal Agrario de Tepic ordenó de nuevo hacer valer la sentencia a las 10 horas del próximo 20 de octubre. Decididos a no dejarse burlar, los wixaritari se encuentran en asamblea permanente. El clima de tensión existente en la zona y el peligro de violencia aconsejarían que, en esta ocasión, las autoridades efectivamente tomaran cartas en el asunto, ofrezcan garantías de seguridad y ejecuten la sentencia.

La lucha de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños en defensa de sus tierras y territorios es, apenas, una cuenta más del enorme collar de resistencias comunitarias contra el despojo. Aunque en muchos casos son invisibles, en todo el país, miles de comunidades, organizaciones y movimientos se han embarcado en el combate por la vida.

Para hacer evidente la falsedad del México oficial e iluminar las luchas de resistencia de lo que Guillermo Bonfil bautizó México profundo, el Congreso Indígena de Gobierno anunció el pasado sábado al Instituto Nacional Electoral, la intención de que su vocera, la indígena nahua María de Jesús Patricio, sea su candidata a la Presidencia de la República. Al hacerlo, no sólo sacarán de la oscuridad luchas como la de la comunidad Wuaut+a-Kuruxi Manuwe, sino, también, buscarán mostrar cómo, junto a muchos otros mexicanos, se proponen, en un país dominado por la muerte, luchar por la vida.

El Estado, en conjunto con empresas mineras, respondió con “omisión, represión, intimidación, amenazas, persecución, encarcelamiento y asesinatos de defensores” a lucha en defensa de la tierra y sus recursos encabezada por las comunidades en Chiapas, denunciaron habitantes de los pueblos durante el “Movimiento contra la explotación minera y el despojo de la tierra”.

Los numerosos muertos y heridos graves, el derrumbe de casi medio centenar de edificios y el riesgo de que otros se caigan ha sumido a la Ciudad de México en una verdadera catástrofe. Este contexto de caos parece no ser suficientemente dramático para algunas empresas que han obligado a sus empleados a acudir a sus lugares de trabajo aun cuando los inmuebles en donde laboran están en peligro de desmoronarse.