En las décadas de los ochenta y noventa, los gobiernos de América Latina diseñaron y operaron un conjunto de políticas y arreglos institucionales para garantizar el proceso de apertura económica y sentar las bases para la integración comercial, lo que trajo el menoscabo de la universalidad, gratuidad y obligatoriedad de los derechos humanos sociales en la región, específicamente el derecho a la educación.

Quedamos atrapados en los imperativos y las lógicas del mercado globalizado. Por supuesto, Colombia no fue ajeno a esta dinámica de ir transformando progresivamente la educación como un derecho humano a una mercancía.

Durante el gobierno del ex presidente César Gaviria (1990 – 1994), se materializa el proceso de apertura económica. De manera particular, se reglamenta con la Ley 30 de 1992 la educación superior, dentro de la cual se crea el sistema universitario estatal –SUE, organismo que agrupa a las 32 principales universidades públicas del país, y se establecen dos asuntos fundamentales: el financiamiento y la autonomía universitaria.

Aquí viene la trampa al gato: la relación entre financiamiento y autonomía, pues los presupuestos de las universidades públicas se constituyen por aportes del Presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, y por los aportes de los entes territoriales, pero además por los recursos y rentas propias de cada institución. Desde aquel momento, quedo establecida que parte de la autonomía, implicaba que las universidades públicas son generadoras de recursos propios, de tal manera que las sometieron a la venta de servicios de formación, investigación y extensión. Fue allí donde se incubó la crisis que se volvió crónica, un sistema universitario público con un déficit de 18 billones de pesos, aproximadamente, acumulado en los últimos 26 años, y que hoy tiene en las calles a estudiantes y profesores de las universidades públicas.

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Fuente: Diego Herrera Duque - IPC