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A los 10 años de Vaca Muerta, delegación internacional evalúa consecuencias sociales y ambientales

Jueces y juezas del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza se encuentra visitando Vaca Muerta, en las provincias argentinas de Neuquén y Río Negro. La recorrida, que comenzó el 29 de marzo y se extenderá hasta el 5 de abril, se centra en los impactos ambientales y de derechos humanos de la expansión de la industria extractiva en la región, al analizar la situación de la región en relación con los derechos de la Naturaleza y de los pueblos indígenas, así como también la gestión de los impactos ambientales por parte de las empresas extractivas y las autoridades gubernamentales, en el marco de la expansión de la frontera extractiva en la Patagonia argentina.

La visita es organizada por el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, convocado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) y el Colectivo Cultural Ecofeminista MIRÁ. Los anfitriones de la visita son la Confederación Mapuche de Neuquén, el Observatorio Petrolero del Sur y la Asamblea por los Derechos Humanos.

La delegación evalúa los resultados del avance del megaproyecto los últimos 10 años y los impactos sobre las vidas de las poblaciones locales y regionales: “A medida que se intensifica permanentemente el número de perforación y fracturas, la dependencia de la financiación de la industria pone en riesgo las economías locales. A pesar de las promesas de entrada de divisas, la evidencia apunta a que las empresas han fugado mayor cantidad de dólares de los que han ingresado al país. A pesar de esto, la información y las investigaciones pertinentes no se han llevado a cabo gracias al consenso político, empresario y extractivo que existe sobre Vaca Muerta como una solución certera a los deficits energéticos, financieros y sociales de la Argentina”, expresaron las organizaciones convocantes.

“En un contexto de sequía nacional y de bajante extrema, los impactos socioambientales de la extracción por fracking aumentan. Uno de los principales problemas en la región es el uso del agua, ya que la zona tiene escasos recursos hídricos. Se estima que para 2023 la demanda de agua en Vaca Muerta se duplicará y alcanzará los 30 millones de metros cúbicos anuales. Además, el almacenamiento de los residuos tóxicos generados por la actividad extractiva es otro problema importante. La intensiva ocupación del territorio por parte de la industria extractiva también genera impactos en las comunidades locales, especialmente en las comunidades mapuches. El avance de las locaciones petroleras ha llevado a la criminalización de estas comunidades y ha afectado su forma de vida, así como también ha causado la pérdida de superficie cultivada en zonas como Allen”, agregaron.

Durante la visita, la delegación tiene previsto mantener reuniones con representantes del gobierno, organizaciones sociales y comunidades indígenas y poblaciones afectadas por la actividad extractiva. La agenda incluye visitas a la provincia de Neuquén, donde se encuentra el megaproyecto de Vaca Muerta y las empresas petroleras; a los basurales petroleros de Neuquén Capital y Añelo, donde se ha denunciado la contaminación y almacenamiento ilegal de residuos tóxicos del fracking; a Vaca Muerta y a la Ruka Mapuche en las afueras de Neuquén, para evaluar los impactos en el territorio y los derechos de los pueblos indígenas; y a la localidad de Sauzal Bonito, donde se han registrado movimientos sísmicos y se ha cuestionado la relación entre el fracking y la sismicidad.

Finalmente, la delegación presentará de manera pública un informe provisional de los resultados en una conferencia de prensa el lunes 3 de abril, a las 10, en el Salón Azul de la Universidad Nacional del Comahue, en Buenos Aires 1400 de la Ciudad de Neuquén, y luego, el martes 4 de abril, a las 11, en una reunión que se llevará a cabo  en la Cámara de Diputados/as de la Nación Argentina.

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una institución internacional creada por ciudadanos para investigar y dar a conocer las violaciones de los derechos de la Naturaleza. El Tribunal crea un foro para que personas de todo el mundo hablen en nombre de la Naturaleza, para protestar por la destrucción de la Tierra -destrucción fomentada por las empresas con el beneplácito de los gobiernos- y, por tanto, el Tribunal visibiliza los conflictos y sus actores y hace recomendaciones jurídicas sobre la protección y restauración de la Tierra como jurisprudencia modelo para las comunidades de base. El Tribunal también se centra en apoyar a los pueblos indígenas para que alcen su voz y compartan los impactos que ven en sus territorios como guardianes de la Tierra. Es un espacio para compartir alternativas sobre la tierra, el agua y la cultura con la comunidad global.

Los veredictos del Tribunal, si se aplican al más alto nivel, podrían proporcionar una herramienta necesaria en la lucha por la justicia ambiental. El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, un tribunal de ética civil inspirado en el Tribunal Internacional de los Crímenes de Guerra, el Tribunal Permanente de los Pueblos y otros esfuerzos populares de este tipo para compensar el fracaso e inacción del Estado a la hora de hacer justicia; solicita ahora a las Naciones Unidas -y a las naciones en general- que asuman el trabajo que lleva cumpliendo hace años y defiendan los derechos fundamentales de la naturaleza. El Tribunal ha conocido casos en Ecuador, Perú, Francia, España, Inglaterra, Alemania, los Balcanes, Guyana Francesa, Brasil, Canadá, fracking en Estados Unidos, Argentina, Chile, Bolivia, Australia, y México y contra empresas petroleras como Total, Chevron Texaco, Shell, British Petroleum y empresas mineras como Newmont Mining Corporation, ECSA, Vale, entre otras.

Entre los integrantes de la delegación se encuentran: Jueces: Patricia Gualinga (Ecuador), Yubelis Morales (Colombia), Alberto Acosta (Ecuador), Gabriela Cabezón Cámara (Argentina). Como observadores: Enrique Viale (Argentina - AAdeAA/CAJE), Claudia Aboaf (Argentina, Colectivo Mirá), Rafael Colombo (Argentina, AAdeAA/CAJE).

Contacto: Alejo di Risio 11-2390-4594.

 

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