Nada ha cambiado, ni mejorado desde el 5 de diciembre de 2007, día en que seis personas murieron producto de una explosión en los laboratorios de la Universidad de Río Cuarto.
Cinco investigadores y un estudiante auxiliar de investigación murieron al explotar e incendiarse trece tambores de hexano (solvente de altísima inflamabilidad) almacenados en una planta/laboratorio ubicada dentro del campus universitario, lindante a una guardería infantil y debajo de aulas y oficinas. Según denuncia a través de un comunicado la CONADU Histórica (CH), al día de hoy los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; de Educación, Ciencia y Tecnología y el de Infraestructura no se han pronunciado frente a este hecho.
Ya antes de la explosión, la CH había informado sobre el alto grado de precariedad salarial y laboral, y el innecesario riesgo al que se exponen cotidianamente los/as trabajadores docentes y no docentes, autoridades y miles de personas que transitan por estos edificios educativos. También había reclamado la inmediata apertura de paritarias presupuestarias para obras y políticas preventivas sobre Higiene y Seguridad Laboral.
Luego de la explosión, advirtieron que si no se tomaban medidas de seguridad de manera inmediata por parte de los máximos responsables a nivel nacional, hechos de esta naturaleza se irían sucediendo en todo el sistema, colocando a la ciencia y la educación públicas en una situación de irreversible colapso.
De hecho, existen ejemplos semanales en las distintas universidades nacionales que refieren a principios de incendio, caídas de mampostería, goteras, instalaciones eléctricas y de gas colapsadas y precarias, falta de control de los elementos de seguridad, falta de seguridad frente al empleo de materiales tóxicos, etc. Sólo es producto del azar que no se hayan registrado nuevas muertes.