Bajo esa consigna, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) dio a conocer este viernes una nueva actualización de su archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado, entre los años 1983 y 2022). Esta 27ª actualización, se incorporaron 529 casos al Archivo, totalizando 8.701 de diciembre de 1983 a diciembre de 2022, contra 8.172 que se habían registrado hace un año.
“Las 8.701 personas asesinadas por el aparato represivo, en sus distintas modalidades y por sus distintas fuerzas, es una de las principales deudas de la democracia con el pueblo trabajador. Sabemos que estas prácticas no van a cesar de una vez y para siempre en la medida que el capitalismo siga siendo el sistema imperante. Tenemos en claro que, como organización política, de anclaje popular, y que activa en el campo de los derechos humanos, debemos luchar día a día para denunciar su sistematicidad, pero también tenemos que hacer lo posible para que los nombres del listado sean cada vez menos”, expresan desde la Coordinadora en referencia a los 40 años de democracia que se cumplen en diciembre de este año.
Respecto a las medidas que se deberían tomar para revertir la actual situación represiva, desde Correpi señalan la prohibición a todas las fuerzas de portar y usar el arma reglamentaria fuera de servicio o de civil: “El 66% de los fusilamientos de gatillo fácil y el 95% de los femicidios de uniforme ocurren en esas circunstancias. En marzo de 2020, poco antes del inicio de la cuarentena, el Ministerio de Seguridad Nacional tomó esa decisión para la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Sin perjuicio de que es la fuerza menos numerosa y con menos casos totales, desde entonces no hemos registrado un solo caso de gatillo fácil cometido por sus integrantes”.
Agregan que otro conjunto de medidas imperativas tendría consecuencias directas respecto de las muertes en lugares de detención: “Es imprescindible revisar el uso masivo de la prisión preventiva, que convierte en privilegio inalcanzable para las mayorías el derecho a transcurrir el proceso en libertad para delitos menores o sin peligrosidad hacia las personas, mientras es la moneda corriente cuando se trata de policías que fusilaron por la espalda. Ni hablar de la necesidad de garantizar atención médica y psicológica suficiente y elementos básicos para la alimentación e higiene a las personas detenidas, que también mueren masivamente por enfermedades curables extramuros. Pensemos que el COVID-19 fue siete veces más letal dentro que fuera de las cárceles”.
Aseguran que esto también disminuiría la cantidad de personas detenidas en comisarías, que deberían estar en un penal o en libertad, según el caso: “Sólo en
CABA se sextuplicó en los últimos dos años la cantidad de personas alojadas en sus dependencias, debido a la política de fuerte carcelación de la justicia local y nacional. Pero en las comisarías también hay personas (muchas) que no están acusadas de cometer un delito. Es histórica nuestra exigencia de eliminar todo el sistema de facultades que habilitan a las fuerzas de seguridad a detener personas arbitrariamente, sea por ‘averiguación de antecedentes’, ‘para identificar’, por arrestos preventivos en materia contravencional o por razzias. En 2023 se cumplen también 20 años del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, que condenó al Estado Argentino a eliminar todo ese sistema de detenciones arbitrarias. La única diferencia entre unos y otros gobiernos a lo largo de estas dos décadas, es que algunos se esforzaron en articular excusas, pero ninguno cumplió esa sentencia, que obliga al Estado Argentino ante la comunidad internacional de la que tanto se ufana de formar parte. Y la mayoría de las personas que mueren en comisarías, estaban arbitrariamente detenidas. Por eso exigimos el cumplimiento efectivo del fallo Bulacio y el cese de estas prácticas”.
Esta 27ª actualización, se incorporaron 529 casos al Archivo, totalizando 8.701 de diciembre de 1983 a diciembre de 2022, contra 8.172 que tenían registrados hace un año. Además, ya se tomaron nota de 9 casos ocurridos después del 1º de enero de 2023, que no están computados en los gráficos y tablas, ya que corresponderán a la actualización 2023.
De esos 529 casos nuevos, 436 ocurrieron entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, y se incorporaron 91 casos ocurridos en el curso de 2021 (año que registra un total de 508 casos), y dos casos de años anteriores.
De las 436 muertes correspondientes a 2022, 319 ocurrieron bajo custodia; 80 fueron fusilamientos de gatillo fácil; 20 responden a contextos de violencia intrafamiliar (19 femicidios –incluida una desaparición- y un femicidio relacionado); 4 fueron consecuencia de otros delitos policiales (entre ellos, dos desaparecidos) y 13 a otras circunstancias (incluida una desaparición).
“Como consecuencia directa de esta política pública del abuso de la prisión preventiva –salvo cuando son represores- y la dilación de beneficios ganados como la libertad asistida o condicional, no sólo se multiplicó la población en cárceles y comisarías. Los fallecimientos por enfermedades evitables o que no hubieran causado la muerte extra muros, los homicidios, los ‘suicidios’, en fin, todas las muertes bajo custodia crecieron exponencialmente en el último período. Más del 73% del total de casos registrados ocurridos en 2022 corresponde a muertes bajo custodia, lo que hace que, a pesar del relativo descenso de los fusilamientos por gatillo fácil, los números absolutos sean mayores”, señalan desde Correpi.
En 2022, se registraron 37 muertes en comisarías: 16 en la provincia de Buenos Aires, una en CABA, dos en Córdoba, una en Corrientes, una en Entre Ríos, una en La Rioja, tres en Misiones, tres en Mendoza, dos en Río Negro, una en Salta, cinco en Santa Fe y una en Tucumán. Todas – denuncia Correpi – , en el más absoluto silencio mediático: “Es necesario remarcar que la mayoría sigue correspondiendo a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones”.
Respecto de las desapariciones, hubo cuatro en el año: Agustina Yoselie Nadal Herrera (víctima de femicidio a manos de un marino), Josías Ezequiel Galeano (hostigado por la policía de Oberá, Misiones), Lucas Escalante y Lautaro Tomás Morello (desapariciones y homicidio, en el caso de Lautaro, cuyo cuerpo fue encontrado, vinculadas al tráfico de vales de nafta policiales).
Todos los casos de violencia intrafuerza/intrafamiliar con víctimas mujeres en 2022 correspondieron a femicidios y un femicidio relacionado.
Finalmente, entre 2020 y 2022, hubo una sola muerte en el marco de la protesta social, el comunero mapuche Elías Garay, en Cuesta del Ternero, Río Negro, cuyo crimen, ejecutado por dos civiles armados, fue facilitado por la policía provincial (grupo COER) y gendarmería nacional.
Intervención de las distintas fuerzas
Si se limita la mirada a la cantidad de casos registrados de cada provincia, desde Correpi advierten que queda clara la hegemonía absoluta de la provincia de Buenos Aires, con el 55,80% del total, seguida de lejos por Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, como lo muestran esta tabla y gráfico.
Sin embargo, mientras la provincia de Buenos Aires tiene más de 15 millones y medio de habitantes, Mendoza apenas supera 1.700.000. Por lo que para tener una imagen más clara para comparar los distritos se debe calcular la incidencia de la represión estatal en relación a la cantidad de habitantes: “Al obtener un índice por millón de habitantes conforme los datos provisorios del censo 2022, vemos que la represión se descarga de manera muy uniforme en todo el territorio nacional, con mínimas diferencias entre los distritos, que responden en muchos casos a la falta de suficiente información confiable. La provincia de Buenos Aires continúa primera, pero con mucha menos diferencia con las que la siguen, Santa Fe, Chubut, Mendoza, La Pampa y CABA”.
A partir de toda la información incluida en el Archivo, desde Correpi realizan una serie de reclamos para revertir esta situación:
• Eliminación de todas las facultades y prácticas de las FFSS para interceptar, requisar y detener personas arbitrariamente. ¡Cumplan la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio ya!
• Prohibición a todas las fuerzas de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio y de civil.
• Cese del uso indiscriminado de la prisión preventiva por delitos menores.
• Derogación de las reformas regresivas en la legislación represiva nacional entre 2004 y 2017, de las provincias y de la Ciudad, y de las incorporadas al Código Penal por las leyes antiterroristas entre 2004 y 2010.
• Prohibición de proveer defensa técnica institucional, con abogados de los Ministerios de Seguridad, a los miembros de las fuerzas enjuiciados por hechos represivos.
• Acceso gratuito al sistema judicial para víctimas y familiares de víctimas de la represión.
• Castigo real y efectivo a todos los responsables de hechos represivos.
• Anulación de la directiva que tiene la policía federal de portar el arma en condición de disparo inmediato (con bala en recámara y sin seguros).
• Revisión y rápido trámite de los expedientes de personas con condenas menores efectivas en condiciones de acceder a libertades domiciliarias o asistidas.
• Redireccionamiento de las partidas presupuestarias necesarias para garantizar condiciones de alojamiento digno a la población carcelaria común.
• Garantía de la debida provisión de asistencia médica y psicológica, alimentos, medicación y recursos sanitarios en lugares de detención.
• No a la baja de edad de punibilidad de niñxs y adolescentes.
• Cese inmediato del permanente y sistemático hostigamiento a las personas obligadas a sobrevivir con tareas precarias en la vía pública, como la venta ambulante, el arte callejero o servicios como el cuidado de autos, limpieza de parabrisas, etc.
• Basta de criminalizar la protesta, de perseguir y espiar organizaciones y militantes populares.
• Eliminación de los protocolos de lógica bélica para la actuación de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones.
• Eliminación de los “Comandos Unificados” para la intervención conjunta de fuerzas federales y provinciales en las provincias y la Ciudad.
• Eliminación del sistema actual de comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, que dilata entre 8 y 10 horas confirmar una detención y ubicar a la persona arrestada para asistirla.
• Cese de la militarización de los barrios populares, con presencia masiva de fuerzas federales y locales, con su correlato de hostigamiento, detenciones arbitrarias y muertes por gatillo fácil.
• Basta de criminalizar personas trans y travestis. Derechos sociales y laborales integrales y cumplimiento e implementación efectiva de los derechos conquistados.
• Derogación de la Resolución nº 144/2020 del Ministerio de Seguridad que establece el protocolo de actuación para que las fuerzas de seguridad hagan “tareas de prevención” (ciberpatrullaje) sobre plataformas y fuentes digitales públicas.
• Derogación del Decreto 489/2019 que creó el RePet (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento).
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