El Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó por unanimidad que las universidades públicas recurrirán a la justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795). “Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”, afirmaron.
Tras haber sido aprobada por el Congreso, el presidente Javier Milei vetó la Ley N° 27.795. Sin embargo tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores ratificaron la norma y volvió al ámbito del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial. Al igual que sucedió con las Leyes de Emergencia Pediátrica y Emergencia en Discapacidad, el mandatario las promulgó, pero postergó su aplicación hasta que el Poder Legislativo indique las partidas que se deberán utilizar para su puesta en marcha.

“Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta y corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”, expresó al respecto Franco Bartolacci, vicepresidente del CIN. “Un decreto no puede suspender una ley”, completó Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, quien asistió en representación de la UBA.

Además de la acción judicial, las y los representantes de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.