Organismos de derechos humanos manifestaron su repudio a la decisión de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, y los conjueces Abel Sánchez Torres (Cámara Federal de Córdoba) y Alejandro Tazza (Cámara Federal de Mar del Plata) de anular la prórroga de la prisión preventiva del genocida Carlos “Indio” Castillo. Los magistrados argumentaron que es necesario acreditar peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento para prolongar las detenciones. Los organismos advierten que esta decisión establece jurisprudencia para otros represores.
Cabe recordar que Carlos Castillo fue miembro de la banda parapolicial Concentración Nacional Universitaria (CNU), que secuestró y asesinó militantes peronistas y de izquierda en La Plata y Mar del Plata entre el 1973 y 1976. Está detenido desde 2013 y fue condenado en 2017 en el primer juicio sobre el accionar de la CNU en La Plata. Tiene una sentencia a prisión perpetua, que fue confirmada por Casación, pero no por la Corte. Actualmente está siendo juzgado en el juicio de 1 y 60 y es en ese expediente que se dio la discusión sobre su prisión preventiva. A su vez, en los próximos meses volverá a ser enjuiciado en otro tramo sobre delitos de la CNU.
“El Poder Judicial tiene el deber de garantizar que los delitos de lesa humanidad no queden impunes, que los juicios sean realizados e impedir que los genocidas obstaculicen las investigaciones. Los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos en la clandestinidad, valiéndose del aparato del Estado y con la participación de muchas personas, la mayoría de las cuales aún no fueron identificadas. De allí se deriva una gran complejidad para juzgar a sus responsables, que se refleja en el reclamo de Justicia que lleva más de 40 años. Los genocidas y partícipes civiles siguen obstaculizando las investigaciones a través de los pactos de silencio con los que se niegan a aportar información sobre el destino de los detenidos-desaparecidos y de las 300 víctimas del Plan Sistemático de robo de bebés que siguen sin conocer su verdadera identidad. El pacto de silencio es un entorpecimiento de la investigación. No es una alusión genérica: es un hecho cierto y concreto, como lo es que desaparecieron por segunda vez a Jorge Julio López. Desaparecer a testigos amedrenta a otros. En ambos casos se obstaculiza la investigación”, afirman los organismos a través de un comunicado.
“Desde que se reinició el proceso histórico de juicio y castigo, más de 100 genocidas identificados se fugaron de la Justicia, muchos de ellos aún permanecen prófugos hasta el día de la fecha. Por este motivo debió crearse un programa específico para buscarlos, que fue desmantelado por Patricia Bullrich. Mientras la Corte se preocupa por limitar la prisión preventiva de los genocidas, casi la mitad de la población privada de la libertad en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal está detenida bajo esta modalidad y en condiciones de hacinamiento”, continúan.
Los organismos explican que la prisión preventiva de los genocidas se extiende por el tiempo que insume investigar la gran cantidad de crímenes que cometieron, por la demora en la realización de los juicios por crímenes de lesa humanidad y en la confirmación de las condenas, una situación que es responsabilidad del Poder Judicial que la Corte encabeza.
“Específicamente, la confirmación de las condenas depende de la Corte, que elige discrecionalmente qué casos tratar y cuándo hacerlo, sin rendir cuentas a nadie. Entre otras, la Corte tiene pendiente la confirmación de la condena a perpetua de Castillo, por eso sigue en prisión preventiva. El fallo reciente de la Corte sobre la preventiva de Castillo está en sintonía con el plan del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel sostenida por un grupo de diputados y diputadas de La Libertad Avanza, personas condenadas por delitos de lesa humanidad, el ex juez de la Cámara Federal de Casación Penal Eduardo Riggi y la Vicepresidenta del Consejo de la Magistratura Agustina Díaz Cordero, para conseguir distintos beneficios para personas investigadas y/o juzgadas por crímenes de lesa humanidad y poner fin a los juicios. Implica un nuevo retroceso inadmisible”, agregan.
“A casi 50 años de la comisión de los crímenes de lesa humanidad, exigimos un Poder Judicial que esté a la altura y se tome con responsabilidad la investigación, juzgamiento y sanción de todos los genocidas y partícipes civiles”, finalizan los organismos firmantes, entre los que se encuentran Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asociación Buena Memoria, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Liga Argentina por los Derechos Humanos y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
Además, desde H.I.J.O.S. Capital denuncian que genocidas de la ESMA, condenados actualmente a prisión perpetua, fueron autorizados a salir de sus casas, donde tienen el beneficio del arresto domiciliario, para ir a votar este domingo en las elecciones legislativas: “Esto es posible porque el Poder Judicial tiene una velocidad selectiva para confirmar fallos Los padrones incluyen la inscripción que indica si un elector está ausente por desaparición forzada. Mientras nuestros familiares siguen sin aparecer, mientras los genocidas no rompen los pactos de silencio para decirnos DÓNDE ESTÁN, figuran en el padrón y pueden votar”, aseguran.
