Javier Milei habilitó la privatización total de las sociedades creadas por el Estado en Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Los nuevos operadores privados accederán a la explotación de las represas por 30 años, con opción de prórroga. Por Canal Abierto.
En una nueva señal del rumbo privatizador del gobierno de Javier Milei, el Ministerio de Economía aprobó modificaciones clave en el proceso de venta de cuatro centrales hidroeléctricas fundamentales para el sistema energético nacional. A través de la Resolución 1569/2025, publicada en el Boletín Oficial, se redefinieron las condiciones del concurso internacional para transferir el control total de las represas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

La medida se inscribe en la ofensiva de desguace del sector público que impulsa el oficialismo desde su llegada al poder, y que ahora alcanza a un conjunto de activos estratégicos construidos con inversión estatal y cuya gestión, hasta hace poco, estaba en manos de empresas privadas mediante concesiones vencidas.

La Circular Modificatoria N° 4 introduce cambios al pliego del Concurso N° 504/2-0001-CPU25. Establece que los nuevos operadores privados accederán a la explotación de estas represas por un período inicial de 30 años, con opción de prórroga. A cambio, deberán abonar un canon anual y comprometerse al mantenimiento y cuidado ambiental de los complejos. Sin embargo, el proceso no contempla un precio mínimo ni garantías reales de control público efectivo.

Con la aprobación de esta modificación, el Ejecutivo habilita la última fase del concurso. Las empresas precalificadas —cuyos nombres no han sido aún difundidos públicamente— deberán presentar sus propuestas en los nuevos plazos establecidos. Luego se procederá a la evaluación técnica y económica, y finalmente a la adjudicación de las acciones. El objetivo oficial es cerrar el proceso antes de fin de año, para que las concesiones entren en vigencia en 2026.

Privatización sin debate y entrega de soberanía energética
Esta ofensiva privatizadora no surgió de un debate democrático ni de una planificación federal. Muy por el contrario, fue impuesta desde el Ministerio de Economía en conjunto con la Secretaría de Energía, en una secuencia que comenzó en 2024 con la creación de cuatro sociedades anónimas —controladas casi en su totalidad por Energía Argentina (Enarsa)— que debían administrar las represas una vez vencidas las concesiones privadas.

Las nuevas firmas (Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.) fueron establecidas con un 98 % de participación de Enarsa y un 2 % de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), como paso previo a su venta. En abril de 2025, el Gobierno autorizó la privatización total de Enarsa, y en agosto transfirió las acciones de estas sociedades a la Secretaría de Energía, dejando el camino libre para su venta sin ningún tipo de resguardo estatal sobre los activos.

Se trata de una entrega lisa y llana de infraestructura estratégica construida con fondos públicos, cuya gestión debería estar bajo control democrático, con participación de las provincias y resguardo del interés colectivo.

Lo que se pierde
Las centrales hidroeléctricas en cuestión —ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, en las provincias de Río Negro y Neuquén— representan alrededor del 20 % de la generación hidroeléctrica del país. Fueron construidas entre las décadas del 70 y el 80, en el marco de planes energéticos nacionales, y concesionadas a privados durante los años 90. Esas concesiones vencieron entre 2023 y 2024, momento en el que las represas debieron retornar al Estado.

Sin embargo, en lugar de consolidar una administración pública, federal y transparente, el Gobierno nacional optó por profundizar el modelo privatizador. Esta decisión contrasta de lleno con lo reclamado por sindicatos del sector energético, trabajadores organizados y gobiernos provinciales, que exigían la conformación de un ente público federal para gestionar estas represas de forma soberana, priorizando el interés social y ambiental por encima del lucro privado.

El avance del gobierno sobre el patrimonio estatal no se limita a estas represas: también alcanza a Nucleoeléctrica Argentina y a otros activos estratégicos en áreas clave. En este contexto, las políticas de Javier Milei consolidan una lógica de desposesión que afecta no sólo al Estado nacional, sino a millones de argentinos y argentinas que quedarán cada vez más expuestos a un sistema energético guiado por intereses de mercado y no por las necesidades del pueblo.