Pese a la cuestionada ley antiterrorista en El Salvador, ayer fue presentado ante el Congreso otro proyecto del Ejecutivo que prevé el endurecimiento de las sanciones penales contra los participantes en actos de protesta social. El nuevo delito que se propone se llamará "atentados contra la paz pública" y será sancionado con prisión de tres a 10 años, informaron fuentes oficiales.
Según Astor Escalante, viceministro de Seguridad y Justicia, la administración solicita una llave legal para que los procesados bajo el citado cargo no puedan acceder a libertad condicional. Mientras, el poder judicial salvadoreño continúa en entredicho por aplicar la ley antiterrorista a siete detenidos desde el pasado 2 de julio en la localidad de Suchitoto, al norte de esta capital, por manifestarse contra la política de privatizaciones del gobierno.
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, instó la víspera a la fiscalía de la nación a investigar los actos represivos de los agentes policiales contra los capturados en Suchitoto, incluida la práctica de torturas físicas. “Hemos recurrido a entrevistas, testimonios, informes de autoridades y oficios de las mediaciones que hicieron los delegados de la Procuraduría, en el lugar y se constató que hubo exceso de fuerza por parte de las autoridades policiales al usar balas de goma y gases entre la población de forma indiscriminada”, agregó el Procurador.