En el marco de los actos conmemorativos del 32 aniversario del golpe de estado, distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos le recordaron al gobierno justicialista en Entre Ríos, la permanencia en cargos de gobierno de ex funcionarios de la dictadura.
(Leandro Pozzi- Red Eco) Entre Ríos- En la provincia existen al menos 3 funcionarios, activos actores del genocidio y defensores de genocidas en tiempos democráticos, que siguen contando con la complicidad y protección del gobierno entrerriano en el ejercicio de sus cargos.
Uno de ellos, acaso el más emblemático de la continuidad de la dictadura en democracia y de las contradicciones en la política oficial de derechos humanos, es el de Eduardo Aispuru, actual miembro del Directorio del Banco de Entre Ríos S.A, en representación del Estado.
Aispuru fue Director de Turismo durante los últimos años del gobierno militar en la ciudad de Concordia; posteriormente, ya reestablecida la democracia fue concejal por la Unión del Centro Democrático (UCEDE). Fue ocupando ese lugar que Aispuru defendió a capa y espada al entonces titular de la Prefectura Naval en Concordia, nada menos que Héctor Febres; cuando la presencia de este en la ciudad era cuestionada por el Concejo Deliberante de entonces, que en medio de presiones y solicitadas de sectores del poder económico y de la “alta sociedad” a favor del genocida, lo declararon persona no grata y lograron su traslado de la ciudad. Corría el año 1987.
Aispuru fue colocado en el Banco de Entre Ríos por un decreto del entonces gobernador Jorge Busti, en el período 2003-2007. El actual gobernador Sergio Urribarri lo ha ratificado en el cargo.
Oscar Marelli, designado por Urribarri para el puesto de Director de Arquitectura de la provincia, fue uno de los promotores de aquellas vergonzantes solicitadas que intentaban convencer a la sociedad sobre las virtudes de Febres. Marelli y Urribarri tienen una larga amistad, que continúa de sus jóvenes años como socios del club Regatas de Concordia.
También el médico Hugo Mario Moyano sigue al frente del área de Otorrinolaringología del Hospital San Roque de Paraná, a pesar de haber sido denunciado por los organismos de derechos humanos como partícipe en sesiones de torturas que se registraron en la cárcel de la capital provincial, como agente civil del Servicio Penitenciario y estar procesado, tras la derogación de la Ley de Obediencia Debida. Por último, cabe recordar que en la provincia no existe ni un solo genocida preso y de los 21 que están imputados, ocho ya murieron.
Todo ello pese a la existencia y proliferación de Subsecretarías, secretarías, agencias y oficinas de “derechos humanos”.