El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) concretó el despido de la investigadora Virginia Aparicio, especialista del Conicet en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce y coordinadora del sitio argentino del proyecto internacional SPRINT, que confirmó la presencia de plaguicidas en el ambiente, los alimentos y las personas. Se trata de la máxima sanción disciplinaria, ya que la exonera y le prohíbe ejercer cargos públicos. La defensa de Aparicio anticipó que hará una presentación judicial para intentar revertir la sanción y lograr que Virginia pueda continuar trabajando.

El INTA fundamentó su sanción en supuestas irregularidades administrativas vinculadas al uso de fondos, la presunta inobservancia de la vía jerárquica, modificaciones en el protocolo bioético, la centralización de análisis biológicos en laboratorios extranjeros y la participación de un colaborador sin designación formal para inspeccionar datos confidenciales.

El proceso en contra de Aparicio había comenzado en 2023 y su resultado ya generó fuertes críticas de organizaciones científicas, sindicales y socioambientales, que denuncian un ataque contra la libertad de investigación y la ciencia pública, que aseguran que “investigar los efectos de los agroquímicos y la defensa de la salud pública no es delito”.

Cabe recordar que Aparicio estuvo a cargo de los estudios en Argentina del proyecto internacional SPRINT, financiado por la Unión Europea, sobre la exposición a agrotóxicos en diferentes matrices ambientales y en muestras humanas y de animales. Tras la difusión de los primeros resultados, el INTA intentó retirarse de la investigación y sancionar a quienes participaron.

Mario Bolla es el abogado de Aparicio y consideró desde un primer momento que las imputaciones recibidas por su defendida no se corresponden con las normas invocadas y no existe un daño que justifique la sanción aplicada, y que, además, la resolución presenta inconsistencias.

Según explicó Bolla a La Izquierda Diario, cuando se inició el sumario se formularon ocho cargos, uno de ellos con tres subcargos, que sumaban once imputaciones. Sin embargo, en la resolución final algunos de esos cuestionamientos dejaron de aparecer.

Entre ellos, mencionó las acusaciones relacionadas con una supuesta intervención en cuestiones propias del ámbito sanitario y con la falta de comunicación a las autoridades de Salud. Para el abogado, que esos puntos ya no se sostengan en la resolución expone algunas de las debilidades de la acusación original, aunque el expediente no lo reconoce explícitamente.

Por otro lado, se incorporaron argumentos sin que la defensa haya tenido la oportunidad de responderlos durante el sumario.

El abogado también advirtió sobre la diferencia entre las sanciones aplicadas a Aparicio y los demás sumariados: a un bioquímico involucrado en el procedimiento le solicitaron 25 días de suspensión, pese a que las imputaciones y los artículos invocados serían, en parte, similares a los de la investigadora. Para él, esa diferencia vuelve necesario explicar por qué a Aparicio le aplicaron la máxima sanción.

Bolla agregó que el cuestionamiento realizado por el INTA por el uso de recursos para enviar muestras al exterior es absurdo porque el organismo estaba informado sobre el procedimiento cuando accedió a formar parte del proyecto internacional.

Con respecto a las objeciones sobre el tratamiento de muestras humanas, cuando INTA quiso retirarse de la coordinación europea del proyecto, argumentando desacuerdos con esa metodología, desde el consorcio internacional le respondieron que el estudio contemplaba esas muestras desde el comienzo y que las actividades se habían desarrollado conforme a los protocolos acordados.

Tras la notificación de la exoneración, la defensa cuenta con 20 días hábiles para presentar los recursos administrativos de reconsideración y jerárquico en subsidio ante las propias autoridades del INTA; y luego avanzará con una presentación ante la Justicia Federal de Mar del Plata para solicitar la anulación de lo actuado con una medida cautelar de no innovar para que Aparicio pueda mantenerse en su puesto mientras se resuelve el conflicto. Por el momento, la investigadora sigue concurriendo a trabajar.

Fuentes: Karne de Máquina / La Izquierda Diario.

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