Vecinos de la ciudad de Córdoba denuncian aplicaciones nocturnas de agroquímicos a pocos metros de sus viviendas, pese a una orden judicial que prohíbe fumigar en una franja de 500 metros. Un estudio del Ceprocor detectó sustancias agroquímicas en el suelo. Los síntomas reportados y la falta de respuestas reavivan una pregunta inquietante: ¿estamos ante un nuevo caso de Barrio Ituzaingó Anexo? Red Eco Alternativo

(Por Adrián Flores para Red Eco) Córdoba – La historia parece repetirse. En el sur de la ciudad de Córdoba, vecinos de las tres etapas del barrio Universitario de Horizonte denuncian que las fumigaciones agrícolas continúan en terrenos próximos a sus viviendas, incluso después de que la Justicia ordenara suspenderlas en una franja de 500 metros desde la línea de edificación del barrio hacia el interior de los campos.

Según los testimonios difundidos por Canal 10, las aplicaciones se realizarían durante la noche, con máquinas pulverizadoras que circulan cerca de las casas, en la zona de Estancia La Victoria. Los vecinos aseguran percibir olores intensos durante las fumigaciones y cuestionan la falta de controles efectivos para garantizar el cumplimiento de la medida judicial.

La preocupación no es nueva. Las familias vienen reclamando que se investigue el uso de agroquímicos en las inmediaciones del barrio y que se adopten medidas concretas para proteger la salud de quienes viven allí. Ante la continuidad de los episodios denunciados, volvieron a movilizarse para exigir respuestas de las autoridades.

Irritación, mareos y vómitos: los síntomas que denuncian las familias

Entre las molestias que los vecinos atribuyen a las fumigaciones mencionan ardor en los ojos y la garganta, mareos, dolores de cabeza, erupciones en la piel, adormecimiento de la boca y vómitos. También expresan preocupación por la exposición de niños, niñas y animales domésticos.

Los testimonios incluyen referencias a pérdidas de embarazos registradas en el sector. Sin embargo, con la información disponible no es posible establecer una relación causal entre esos episodios y las aplicaciones denunciadas. Esa incertidumbre no debería utilizarse para desestimar las preocupaciones de la comunidad: exige investigaciones sanitarias y ambientales rigurosas, con información pública y participación vecinal.

Cuando se denuncian posibles exposiciones a sustancias peligrosas, la respuesta no puede limitarse a esperar que aparezcan pruebas de daños irreversibles. La prevención requiere controles oportunos, evaluación de riesgos y medidas eficaces para evitar nuevas exposiciones mientras se investiga.

El Ceprocor detectó agroquímicos en el suelo

Uno de los elementos centrales de la denuncia son los análisis de suelo realizados por el Centro de Excelencia en Productos y Procesos de Córdoba (Ceprocor), en el marco de la investigación.

Según la información difundida sobre esos estudios, se detectaron sustancias agroquímicas, entre ellas ácido 2,4-D, un herbicida. La información disponible menciona productos de categoría toxicológica II, aunque para evaluar correctamente el riesgo es necesario conocer las sustancias identificadas, sus concentraciones, las formulaciones involucradas y las condiciones de exposición.

Pero hay una cuestión que no puede quedar relegada: si existen indicios de presencia de agroquímicos en terrenos próximos a viviendas y denuncias reiteradas de aplicaciones, las autoridades deben garantizar un monitoreo ambiental adecuado y publicar sus resultados.

Una cautelar de 500 metros bajo cuestionamiento

En noviembre de 2025, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que la Fiscalía de Instrucción del Distrito 2, Turno 3, a cargo de Luis F. Micheli, había dispuesto el cese cautelar de las fumigaciones con cualquier tipo de agroquímicos en una franja comprendida entre la línea de edificación de Universitario de Horizonte III y los 500 metros hacia el interior del campo.

La decisión fue adoptada en el marco de una investigación penal por posibles aplicaciones irregulares y con el objetivo de prevenir que el daño pudiera agravarse mientras se esclarecen los hechos. El Ministerio de Bioagroindustria provincial y la Policía Ambiental quedaron a cargo de las tareas de control y fiscalización. “Fuente: Ministerio Público Fiscal de Córdoba” (https://www.mpfcordoba.gob.ar/el-ministerio-publico-fiscal-ordeno-el-cese-de-fumigaciones-con-agroquimicos-en-barrio-universitario-de-horizonte-iii/).

Sin embargo, los vecinos denuncian que las aplicaciones continúan en sectores próximos a sus casas, algunas a menos de 200 metros de las viviendas. También denuncian que no se cumpliría la notificación previa de 48 horas que, según afirman, contempla la medida.

Las familias también señalan que la causa permanece bajo secreto de sumario desde hace aproximadamente un año y anticipan que solicitarán formalmente que se revise esa situación para conocer los avances de la investigación. La necesidad de preservar determinadas actuaciones judiciales no debería convertirse en un obstáculo para que la comunidad reciba información sobre los riesgos que la afectan y las medidas adoptadas para protegerla.

Un antecedente que obliga a actuar a tiempo

El caso de Barrio Ituzaingó Anexo, también en Córdoba, dejó una advertencia que no debería ignorarse: durante años, las vecinas denunciaron fumigaciones, enfermedades y falta de respuestas institucionales.

En 2012, la Justicia condenó a un productor agropecuario y a un aeroaplicador por contaminación ambiental vinculada con el uso de agroquímicos. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema en 2017. “Fuente: FUNDEPS, reconstrucción del caso Barrio Ituzaingó Anexo” (https://agroquimicos.fundeps.org/portfolio-item/agroquimicos-en-ituzaingo/).

¿Estamos frente a un segundo caso de Ituzaingó?

La comparación no significa afirmar que ambos casos sean idénticos, pero existen señales que justifican la preocupación: denuncias de aplicaciones próximas a las viviendas, síntomas que los vecinos relacionan con esos episodios, resultados de análisis ambientales que requieren esclarecimiento y, especialmente, una medida cautelar cuyo cumplimiento está siendo cuestionado por quienes viven en el lugar.

La semejanza más inquietante no reside solamente en la presencia de agroquímicos cerca de un barrio. Está en la posibilidad de que las denuncias se prolonguen, los controles no resulten efectivos y las respuestas institucionales lleguen tarde.

Por eso, la pregunta no debería quedar reducida a si Universitario de Horizonte se convertirá en un nuevo Ituzaingó. La pregunta es qué harán ahora las autoridades para impedir que la historia vuelva a repetirse.

Proteger la salud no puede quedar subordinado a los intereses productivos

La producción agrícola no puede desarrollarse al margen de los derechos de quienes habitan los territorios cercanos. Cuando una actividad productiva puede generar riesgos para la salud y el ambiente, la responsabilidad de prevenirlos y controlarlos corresponde a quienes tienen competencias para hacerlo, no a las familias expuestas.

Los vecinos de Universitario de Horizonte reclaman que se respete la cautelar, se investiguen las aplicaciones denunciadas, se refuercen los controles y se conozcan los resultados de los estudios ambientales.

Las medidas inmediatas son indispensables: verificar las aplicaciones garantizar el cese efectivo de las fumigaciones en el área alcanzada por la orden judicial.

A más largo plazo, el problema obliga a discutir cómo conviven la producción agrícola, la expansión urbana y el derecho de la población a un ambiente sano. No alcanza con intervenir cuando aparecen las denuncias. Es necesaria la prohibición de agrotóxicos en la producción agrícola y de alimentos en Argentina

Universitario de Horizonte todavía tiene la oportunidad de no repetir la historia de Ituzaingó. Para eso hacen falta controles efectivos, investigación judicial, información pública y respuestas concretas. La salud de las familias no puede depender de que sus reclamos consigan suficiente repercusión para ser escuchados.

Imagen: Radio La Ranchada