En la madrugada de este 23 de junio Franco Oscari, habitante y trabajador de la tierra en la localidad de Palma Sola, provincia de Jujuy, e integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena – CLOC Vía Campesina (MNCI), fue detenido por la Policía Federal en su casa del Paraje Las Goteras, departamento Santa Bárbara. “Franco fue detenido por la Policía Federal tras un allanamiento irregular ordenado por el juez federal Ariel Lijo, a raíz de una denuncia impulsada por Patricia Bullrich. El argumento formal esgrime una supuesta ‘amenaza’ vertida en la red social Facebook; sin embargo, su defensa técnica y allegados han confirmado que se trató únicamente de una opinión y crítica política hacia la gestión de la funcionaria, en ejercicio pleno de su derecho constitucional a la libertad de expresión”, expresaron desde H.I.J.O.S. Jujuy.
La PFA allanó su vivienda rural de madrugada y lo trasladaron a la capital de Jujuy, luego a Salta, a Tucumán y pretendían llevarlo a Buenos Aires. Durante largas horas no se conoció su paradero. Tras el planteo de sus abogadas defensoras, el juez Ariel Lijo suspendió el traslado, pero continúa detenido en Salta.
“En Jujuy tuvimos presos por tuitear y ahora un joven campesino detenido por expresarse en Facebook contra Patricia Bullrich. Para atacar a los pobres bastante rapidito el juez Ariel Lijo”, definió Natalia Morales, legisladora jujeña del PTS/FITU, que rápidamente denunció la situación y apuntó que Franco Oscari integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) – La Vía Campesina.
En el mismo sentido, la CTA Autónoma indicó que la detención se produjo al día siguiente de que la familia campesina obtuviera un fallo favorable que frenó el desalojo de las tierras que habitan y trabajan y, a través de un comunicado, agregó: “Franco sigue detenido por el solo hecho de ser campesino: vive en el campo, trabaja la tierra, reside en una zona rural de difícil acceso, carece de señal telefónica y conexión a internet, y habita cerca de la frontera. Estos criterios, lejos de constituir riesgos procesales válidos, revelan un profundo sesgo social y territorial. Que permanezca privado de su libertad por estas razones no sólo configura un disparate jurídico, sino que sienta un gravísimo antecedente que atenta contra los derechos más elementales de las comunidades rurales e indígenas”.
De igual manera se pronunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS): “En el caso de Franco Oscari, el hecho de que vive en el campo y no tiene conectividad fue usado como argumento para negarle la excarcelación. Es decir: las mismas razones que podrían llevar a la conclusión de que Franco Oscari no tiene las condiciones materiales necesarias como para materializar una agresión contra la senadora Bullrich, terminan dando lugar a una decisión de castigo anticipado (porque eso es la prisión preventiva en estos casos) basada en su modo de vida. Así, desde la centralidad de la Ciudad de Buenos Aires las condiciones de vulnerabilidad social y territorial pasan a operar como fundamentos para mantener la privación de la libertad”.
Compartimos comunicado H.I.J.O.S. Jujuy:
EXIGIMOS LA INMEDIATA LIBERTAD DE FRANCO OSCARI
Desde H.I.J.O.S. Jujuy manifestamos nuestro más enérgico repudio ante la detención arbitraria del joven campesino Franco Oscari, habitante y trabajador de la tierra en la localidad de Palma Sola, provincia de Jujuy.
Franco fue detenido por la Policía Federal tras un allanamiento irregular ordenado por el juez federal Ariel Lijo, a raíz de una denuncia impulsada por Patricia Bullrich. El argumento formal esgrime una supuesta “amenaza” vertida en la red social Facebook; sin embargo, su defensa técnica y allegados han confirmado que se trató únicamente de una opinión y crítica política hacia la gestión de la funcionaria, en ejercicio pleno de su derecho constitucional a la libertad de expresión.
Advertimos con profunda preocupación la gravedad democrática que reviste este hecho de violencia institucional. No es casualidad que esta detención, efectuada con un despliegue desmedido de fuerzas federales antes del amanecer, se concrete justo al día siguiente de que el campesinado de la zona obtuviera un fallo judicial favorable en una histórica disputa por la tenencia legítima de sus tierras y territorios.
El uso del aparato judicial y policial de la Nación para amedrentar a quienes defienden el territorio y la soberanía alimentaria constituye una flagrante violación a las garantías constitucionales. Utilizar amenazas para acallar voces disidentes y perseguir políticamente a un trabajador rural expone un claro ensañamiento y una alarmante instrumentalización de la justicia para favorecer intereses terratenientes que buscan arrebatarle las tierras a las familias campesinas. Como ya nos tiene acostumbradxs la ministra Bullrich con sus protocolos represivos, antiderechos diseñados para beneficiar terratenientes y empresarios para sus negocios inmobiliarios avasallando los derechos de las familias campesinas.
Cuando los conflictos territoriales se pretenden resolver mediante la criminalización de la protesta y la privación de la libertad de jóvenes campesinos, se vulneran los tratados internacionales de Derechos Humanos a los que nuestro país suscribe.
Por todo lo expuesto, exigimos la inmediata libertad de Franco Oscari y el cese de toda persecución penal injustificada en su contra; garantías absolutas para su integridad física y psíquica, así como el debido proceso y acceso irrestricto al expediente por parte de su defensa; el cese de la criminalización a las familias campesinas que legítimamente defienden el derecho a la tierra frente a los intentos de desalojo y despojo.
Hacemos un llamado a la sociedad a visibilizar este atropello institucional para que la voz de los pueblos de la tierra no sea silenciada por el poder político y judicial.
¡LIBERTAD A FRANCO OSCARI! ¡LA TIERRA ES DE QUIEN LA TRABAJA! ¡PROTESTAR ES UN DERECHO, REPRIMIR ES UN DELITO!
