La resocialización de personas condenadas por el sistema penal es una histórica deuda de la Argentina. En la discusión sobre la reforma del Código Penal el debate sobre el cómputo de penas parece haber solapado la cuestión sobre la reinserción social. En este sentido, el creciente número de muertes en los servicios penitenciarios determina la necesidad de replantear los objetivos de los penales hoy.
La Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal, integrada por Federico Pinedo (PRO), Ricardo Gil Lavedra (UCR), María Elena Barbagelata (FAP), León Arslanián (exjuez y convocado por el FPV) bajo la coordinación del reconocido jurista e integrante de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, entregó el anteproyecto a la Presidenta de la Nación el 13 de febrero de 2014.
Los objetivos principales de dicha comisión fueron: sistematizar la excesiva dispersión legislativa en materia penal y adecuar la proporcionalidad de las penas evitando irracionalidades como que un robo tenga un máximo de pena superior a un delito contra las personas.
Ante esto, la discusión sobre la reforma del Código Penal no debería desestimar los datos del informe de Derechos Humanos presentado en diciembre pasado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), elaborado en base a información del año 2012.
El mismo establece que sólo teniendo en cuenta la población a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) – que representan alrededor del 70% de los detenidos del país- “se mantienen tasas de mortalidad altas en comparación con países del continente europeo, con Estados Unidos, e incluso con otros países de la región, como Chile”. Un ejemplo de ello es la tasa total de mortalidad en el SPF, que pasó de 394 en 2011 (38 casos) a 579 en 2012 (57 casos), develando un incremento del 47%. A su vez, en el SPB, la tasa de mortalidad para 2011 fue 450 (126 casos) y para el 2012, de 422.
Un documento publicado por el colectivo Otro Viento agrega que la mayoría de las personas condenadas (o procesadas) por el sistema penal son por delitos contra la propiedad o infracción a la Ley de Estupefacientes y no por delitos contra la vida o la integridad sexual. En este sentido, sostienen : “La discusión de un Código Penal no debe simplificarse al mero cómputo sobre montos de penas intencionadamente consideradas en forma aislada, cayendo a lugares comunes y rebatibles fácilmente, recurriendo a los crudos números que nos muestra la realidad penitenciaria (..) Hay que reconocer que el Estado no logró cumplir el fin que asume la pena en la constitución nacional: la resocialización.”
Fuente: Documento "Ante la Posible Reforma del Código Penal" del Colectivo Otro Viento- Integrante de la RNMA, ARECIA y Medios Populares La Plata, Berisso y Ensenada
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