Las declaraciones de víctimas, gendarmes, psicólogos y trabajadores estatales no hacen más que confirmar las acusaciones de Alika Kinan, la joven que inició el juicio por trata de personas con fines de explotación sexual contra los responsables del boliche Sheik, que actualmente se desarrolla en Ushuaia.

El prostíbulo Sheik fue allanado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) en octubre de 2012. En el operativo realizado en la ciudad fueguina de Ushuaia fueron rescatadas 9 mujeres; una de ellas es Alika Kinan quien inició un juicio contra los dueños y la encargada del lugar.

En la primera semana de audiencias ya declaró la propia Alika, que lo hizo durante 5 horas y sin la presencia de público ni de los acusados por recomendación del Equipo de Oficina de Recate y Acompañamiento para víctimas damnificadas por el delito de trata de personas. Tanto Alika como otra de las mujeres rescatadas durante el allanamiento, también testigo clave para esta causa, fueron amenazadas los días previos a sus declaraciones, que debieron efectuarse solo con la asistencia de los jueces, abogados y fiscales.

En el juicio también prestaron testimonio los gendarmes que llevaron adelante parte de las investigaciones que se realizaron antes del allanamiento, que incluyeron escuchas telefónicas, observaciones tanto dentro como fuera del local, pedido de informes municipales y vigilancia.

De esta manera, se pudo constatar que los imputados, Pedro Eduardo Montoya e Ivana Claudia García (dueños del lugar) y Lucy Campos Alberca (encargada de su funcionamiento) contactaban a mujeres de otras provincias y países (ninguna residía originalmente en Ushuaia), garantizándoles su traslado y recibimiento; les pagaban el pasaje, las buscaban en el aeropuerto y las alojaban en las habitaciones contiguas a la sala principal del prostíbulo. El pago de estas acciones implicaba la primera deuda que las mujeres contraían con los explotadores.

Las víctimas contaban con libretas sanitarias otorgadas por la municipalidad, pero durante el tiempo que duró la vigilancia previa al allanamiento no se vio ninguna inspección de control. A su vez, de las escuchas telefónicas se dio cuenta de los vínculos que había entre Montoya y García con la intendencia de Ushuaia, lo que les garantizaba el funcionamiento del prostíbulo.

En las audiencias se pudo escuchar además la declaración de una Licenciada en Psicología, que participó del operativo de rescate, y describió la pésima situación en la que vivían las mujeres que fueron rescatadas: desorden, malas condiciones edilicias, suciedad, presencia de ratas, hacinamiento. Las mujeres además no tenían actividades de ocio o esparcimiento, ni relaciones sociales por fuera del prostíbulo.

Durante el juicio ya declaró una ex empleada estatal que confirmó que la Municipalidad de Ushuaia era la responsable de la habilitación y actividad del local. Otras trabajadoras municipales señalaron además que el Estado local no garantizó ningún tipo de asistencia tras el allanamiento, no acompañó a las víctimas en su posterior inserción laboral, ni educativa, sólo ofreció una vivienda que ya estaba evaluada como inhabitable por las propias empleadas del Ministerio de Desarrollo Social.

Hasta el momento, las distintas declaraciones y los elementos aportados por la querella y la fiscalía en este juicio confirman cómo era el funcionamiento de la red de trata y de los prostíbulos, además de cómo el Estado funcionaba como garante de estas actividades.

Fuente: SUTEF / Las Rojas