Se juzga a una red de trata que explotaba sexualmente a mujeres de República Dominicana. Hay nueve imputadxs, entre los que se encuentran un policía y autoridades migratorias. Red Eco Alternativo

(Giselle Scardilli – Red Eco) El martes 22 de abril comenzó el primer juicio oral y público por trata de personas con fines de explotación sexual en Mar del Plata. En el prostíbulo Dulcinea de la calle San Salvador 7274, clausurado en el año 2010, operaba una red de proxenetas que engañaban a mujeres dominicanas con diversas propuestas laborales, sometiéndolas al ejercicio de la prostitución en condiciones infrahumanas de hacinamiento y esclavitud.
El principal imputado es Jorge Daniel Sánchez, dueño de Dulcinea, que junto con su mujer Orfelina Valdez Montero y el hijo de ambos, Fernando Manuel Sánchez regenteaban el local. Además de la explotación sexual y reducción a la servidumbre a las que sometieron a las víctimas, se los acusa por la captación y el traslado de las mismas.
Los otros autores penalmente responsables del delito de trata son Claudio Marcelo Campos, policía de la División Drogas Ilícitas, quien concurría habitualmente al prostíbulo y cobraba una suma de dinero a cada una de las víctimas; Angel Hernández Cabral, encargado de la seguridad del local y Carmen Concepción Colas, a cargo de la barra, ambos como partícipes secundarios. Por último, hay tres imputados como partícipes secundarios del delito de trata y violación a la Ley de Migraciones: Eugenio Reynaldo Iacovone, solicitante del otorgamiento de residencia de las víctimas; Roberto Montecchia, apoderado de los trámites migratorios y Rubén Mormando como gestor de residencias precarias ante la autoridad migratoria.
El Tribunal Oral Federal está integrado por los jueces Roberto Atilio Falcone, Néstor Rubén Parra y Eduardo Pablo Jiménez y el fiscal a cargo es el Dr. Juan Manuel Petiggiani.
A la fecha se llevaron a cabo tres audiencias con declaraciones de los imputados, las víctimas y funcionarixs. El juicio oral se llevará a cabo hasta el 7 de mayo y se espera la sentencia para el mismo mes.
En la primera audiencia hubo dos ausentes: el abogado Roberto Montecchia, con certificado médico por una intervención quirúrgica, y Rubén Mormando, fallecido recientemente.
El Ministerio Público Fiscal llamó a declaración indagatoria a todos los imputados, sin embargo, sólo dos de ellos hicieron uso de esta opción. Jorge Daniel Sánchez, dueño del prostíbulo, reconoció la actividad que se desarrollaba en su establecimiento pero negó la existencia de un delito al argumentar que “alquilaba las habitaciones a las chicas”. Además, confesó administrar el dinero de las víctimas y su relación de amistad con el policía imputado como uno de los autores primarios de la causa, Claudio Marcelo Campos.
El otro imputado que prestó declaración fue Eugenio Reynaldo Iacovone, quien manifestó haber sido engañado y no conocer a nadie de los presentes en la Sala del Tribunal Oral Federal.
Luego de un cuarto intermedio, declaró en videoconferencia una de las testigxs más importantes de la causa, con identidad reservada. La joven, de nacionalidad dominicana, detalló cómo fue engañada, captada y explotada en Dulcinea. Además, ratificó su reconocimiento del policía de la Dirección de Drogas Ilícitas y manifestó haber visto a doce o trece policías que concurrían periódicamente al prostíbulo.
En el cierre de la jornada y como parte de la defensa, hubo dos declaraciones de mujeres que siguen en ejercicio de la prostitución, que se realizaron en forma privada a pedido del fiscal. Silvina Elías, integrante de La Alameda Mar del Plata, contó a Red Eco: “desde La Alameda vemos muy peligroso que el Tribunal tome como pruebas válidas estos testimonios, porque si comprendemos cómo funciona el delito de trata y el sometimiento tanto físico como psicológico no se pueden tomar seriamente éstas declaraciones, porque están claramente condicionados y coaccionados por una estrategia de la defensa”.
En la segunda audiencia declaró la licenciada Zaida Gatti, Titular del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Daminificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. La funcionaria ratificó que los informes del allanamiento demostraron el funcionamiento de una red de trata que engañó y sometió a esclavitud sexual a las mujeres provenientes de República Dominicana.
Mañana viernes 25 declarará el legislador porteño Gustavo Vera, explicando cómo logró contactar a una de las víctimas que logró escapar de Dulcinea. El testimonio de la joven, junto al de otra víctima que había escapado anteriormente, posibilitó el allanamiento y el posterior procesamiento de los imputados.
Desde La Alameda, Silvina Elías cargó contra el Estado Nacional al señalar la precariedad de los programas que asisten a las damnificadas por este delito: “Una víctima de trata tiene derecho a tener asistencia psicológica, asistencia médica, patrocinio jurídico, reinserción laboral y reencuentro con su núcleo familiar, y ésto no se dio en ningún caso con las víctimas. Al no estar reglamentada la Ley de Trata desde hace 28 meses no hay presupuesto y por ende los programas funcionan mal”.