El proyecto elaborado por la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito” se presentó ayer en el Congreso con el respaldo de más de 60 legisladorxs de todo el arco político. Es la quinta vez que ingresa a la Cámara Baja. Red Eco Alternativo.

(Giselle Scardilli – Red Eco) Bajo la consigna "Aborto legal, una deuda de la democracia: Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir", el 9 de abril se presentó por quinta vez el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso de la Nación. La iniciativa elaborada por la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito”, que nuclea a 350 organizaciones, cuenta con el apoyo de 63 diputados y diputadas de distintos bloques políticos, con excepción del Frente Renovador que lidera Sergio Massa.
La primera presentación del anteproyecto en la Cámara Baja fue en el año 2007, y posteriormente reingresó en 2008, 2010 y 2012, aunque nunca llegó a tratarse formalmente en el recinto. Por la negativa de algunos bloques y por la ausencia de debate en comisión fue perdiendo estado parlamentario. Este año vuelve a introducirse con una gran expectativa por parte de lxs integrantxs de la Campaña Nacional, que ha “logrado romper el silencio en la opinión pública y darle mayor visibilidad a la problemática del aborto clandestino”. Se espera que lxs legisladorxs debatan seriamente el aborto como un derecho de todas las mujeres enmarcado en una política de salud pública, dejando de lado las cuestiones ideológicas y religiosas que vienen frenando su tratamiento desde 2007.

El proyecto
La propuesta apunta a despenalizar y legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras doce semanas de gestación y prevé el acceso a la práctica de manera gratuita en el sistema de salud público y privado, con la cobertura de obras sociales y prepagas y sin la necesidad de autorización judicial. Por lo cual reconoce el derecho de toda mujer a abortar, y como único requisito la voluntad de la mujer que decide interrumpir su embarazo. Luego de ese plazo, se permite la práctica en los casos no punibles: cuando fuera producto de una violación, si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer o si existieran malformaciones fetales graves. Asimismo, establece que si la mujer fuera menor de catorce años, se requerirá el asentimiento de uno de sus representantes legales.

La realidad
Se estima que más de 500.000 mujeres abortan clandestinamente al año en nuestro país. Como sostienen lxs integrantxs de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la criminalización no detiene la práctica y la legalización no obliga a nadie a llevarla a cabo. Las mujeres de clase media o clase alta que pueden pagar un aborto seguro, aunque clandestino, cuentan con condiciones sanitarias necesarias para continuar con sus vidas dignamente. Son las mujeres pobres, condenadas a realizar los abortos en la precariedad y el desamparo quienes mueren por la ausencia de este derecho, que de no legalizarse y garantizarse desde el Estado seguirá siendo la primera causa de mortalidad materna en Argentina.

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