La Corte Suprema y el Tribunal Oral Federal N°5 tomaron resoluciones que atentan contra el libre trabajo de abogados querellantes en juicios por delitos de lesa humanidad.
La Corte Suprema acaba de ratificar la resolución del Tribunal Oral Federal N° 5 por la cual el colectivo Justicia YA! fue dejado sin abogados propios en todos los juicios orales que se sustancien en el futuro en la Capital Federal.
Aunque el fallo de la Corte se refiere solo al tramo en que se investiga el secuestro de Rodolfo Walsh, los fundamentos indican que los fallos venideros, respecto del resto de la causa ESMA y de toda la del Primer Cuerpo, tendrán la misma suerte.
El máximo tribunal proscribe a este colectivo y lo hace bajo el perverso y mentiroso argumento de que su pedido retarda los juicios. Desde Justicia Ya afirman que ni este juicio oral ni ningún otro se ha atrasado siquiera un día por haber reclamado –como colectivo de querellantes con posiciones político-jurídicas distintas a los demás- su legítimo derecho a tener abogados que los representen en los debates.
A su vez, convocan a repudiar este fallo el martes 21 de abril a las 11:30 hs. enfrente de Tribunales (Talcahuano 550), poniéndonos todos una mordaza como la que la Corte le pone a Justicia YA!
Por otro lado, la Asociación Madres de Plaza de Mayo realizó hoy una presentación judicial ante el Consejo de la Magistratura contra los tres integrantes del Tribunal Oral Criminal Federal Nº 5 por impedir que la organización continuara siendo querellante en la causa ESMA bajo la figura acusatoria de “genocidio”.
Los tres miembros del Tribunal, Guillermo Gordo, Ricardo Luis Farías y Daniel Horacio Obligado, decidieron unificar las querellas que participan en la causa, imposibilitando con esa medida que la Asociación Madres de Plaza de Mayo continúe su acusación contra los represores bajo el delito de genocidio, según indica la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio que las Naciones Unidas aprobaron en 1948, y que Argentina incorporó a su legislación en 1956.
La Asociación considera que se trata de una discriminación judicial y política hacia su participación en el juicio y hacia el delito de Genocidio.
Ante estos hechos, la Asociación, representada por el abogado Antonio Rojas Salinas, realizará una presentación para que los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 sean removidos y juzgados.