Comunidades indígenas y desocupados de esa localidad salteña denunciaron hace una semana que las donaciones recibidas por el alud en Tartagal estaban siendo utilizadas para el pago de salarios y actividades con fines distintos a la ayuda social de la población.
La presencia masiva de los pobladores junto a los vagones del tren, que trasladan las donaciones, impidió que se repitan estos hechos y obligó a la denuncia legal y al cruce entre distintos responsables.
Tras el rechazo de las limosnas que les ofrecen para silenciarlos y las agresiones sufridas las noches del 13 y 14 de abril, diez mujeres indígenas resolvieron iniciar una huelga de hambre y continuar con la vigilia de los vagones del tren.
Durante la semana les habían prometido un envío desde Tartagal (ciudad cabecera del mismo Departamento que Embarcación) de bolsones con mercadería y ropa para 2426 personas empadronadas para obtener ayuda; pero luego el intendente de Tartagal comunicó que sólo podrían mandar 300 bolsones únicamente con mercadería.
La protesta se inició el miércoles pasado después de que se corriera la voz de que punteros políticos del intendente de Embarcación, Alfredo Llaya (PJ), cargaban camionetas con electrodomésticos enviados con destino a Tartagal. Esto se sumó a una noticia anterior de que se había desviado ayuda a Urundel.
Este es el tercer cargamento de ayuda que llegaba a Tartagal vía Embarcación. En esa localidad la carga era traspasada a camiones que la llevaban hasta su destino. Esa tarea estaba a cargo de desocupados del lugar que recibían como pago bolsas de ropa.