La violenta represión policial desatada el 10 de agosto en la Quebrada de Humahuaca expone cómo un plano catastral irregular y una decisión judicial pueden imponerse sobre la posesión ancestral de una comunidad Indígena. El caso Santa Rosa trasciende el caso puntual: revela un mecanismo de despojo territorial atravesado por intereses inmobiliarios, turísticos y extractivos, y permite advertir sobre una posible profundización de los desalojos en un contexto marcado por el avance del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Por Laki Quispe – Telesisa.

El violento operativo de desalojo ejecutado contra la Comunidad Indígena de Santa Rosa en Humahuaca, Jujuy, el pasado 10 de agosto, no representa un hecho civil aislado ni una simple disputa de límites entre vecinos. Se trata, por el contrario, de la manifestación cruda de un engranaje colonial y capitalista que continúa operando en el norte argentino, donde los resortes burocráticos del Estado y el Poder Judicial se alinean para despojar a los pueblos preexistentes de sus territorios ancestrales.

Para las comunidades originarias, el territorio no es un lote negociable ni una mercancía pesada en dólares; es un espacio de vida, de memoria colectiva, de espiritualidad y de reproducción comunitaria indispensable para su subsistencia. Sin embargo, la lógica de la propiedad privada individual, impuesta a sangre y fuego, busca reducir la posesión comunitaria tradicional a un mero obstáculo para el desarrollo turístico e inmobiliario de la región. Este caso pone al descubierto cómo un «error administrativo» de catastro se transforma rápidamente en balas de goma y gases lacrimógenos cuando el hilo se corta, como siempre, por el lado de las familias indígenas.

Cronología de los Hechos: Las Horas del Atropello en Humahuaca
La reconstrucción detallada de las últimas horas revela una planificación estatal orientada a desarticular la resistencia de la comunidad de Santa Rosa, que alberga a 120 familias.

Durante la mañana: Efectivos de la Policía de Jujuy montan un cerco en el territorio ancestral de Santa Rosa. Comienzan a exigir el Documento Nacional de Identidad (DNI) a los propios comuneros para permitirles circular internamente por sus tierras, una restricción a la libertad de tránsito que la comunidad de Santa Rosa denuncia como una metodología idéntica a las utilizadas durante la última dictadura cívico-militar.

Cerca del mediodía: La policía rodea por completo el territorio de la comunidad por orden del juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Juan Pablo Calderón. Paralelamente, se denuncia la actuación de la jueza de Paz local, Fabiola Salas, quien avanza con las medidas omitiendo los derechos de los Pueblos Indígenas y desprotegiendo las garantías básicas de las infancias y las personas mayores de la comunidad.

Durante las primeras horas de la tarde: Se desata una represión violenta. Más de un centenar de policías, apoyados por bomberos y camionetas de la Municipalidad de Humahuaca, avanzan disparando gases lacrimógenos y balas de goma, varias de ellas dirigidas directamente al rostro de los comuneros. Mujeres con niños en brazos, adolescentes, adultos mayores y hombres son desalojados por la fuerza. El operativo culmina con múltiples heridos y la detención de nueve miembros de la comunidad, entre ellos siete mujeres y dos varones: Paola Velázquez, Armando Soruco, Pamela Soruco, Santiago Soruco, Yolanda Soruco, Luciana Campos, Nancy Mamaní, Esmeralda Choque y Silvana Soruco. Varios menores también son demorados y posteriormente liberados.

Durante la noche: Los nueve detenidos permanecen incomunicados en la Seccional 15 de Humahuaca mientras familiares y comuneros se concentran a las afueras exigiendo su liberación. Las abogadas defensoras, entre ellas Silvana Llanes, presentaron recursos de Hábeas Corpus ante la incertidumbre generalizada.

A últimas horas del día: Tras la presión comunitaria y las presentaciones de las defensas, se logra la liberación de las nueve personas detenidas.

Martes 11 de agosto: Integrantes de la Comunidad Santa Rosa, acompañados por delegaciones de diversas comunidades originarias de la zona que se movilizaron en solidaridad, sostienen una permanencia pacífica en los alrededores de su territorio. Denuncian que persiste el hostigamiento policial, la presencia de efectivos y situaciones de intimidación en el área para evitar que reingresen a sus hogares.

La Alianza entre la Burocracia y el Poder Judicial
El análisis político del expediente judicial revela que el desalojo no tiene sustento en una legalidad legítima, sino en una maniobra de fraude administrativo convalidada por la magistratura provincial. El origen del conflicto reside en la aprobación del Plano N° 0809 por parte de la Dirección de Inmuebles de la Provincia de Jujuy. Este trazado catastral fue tramitado de manera exprés y sin realizar la Consulta Previa, Libre e Informada obligatoria para territorios comunitarios según el Convenio 169 de la OIT. Tampoco se realizó una constatación física en el terreno antes de estampar la firma oficial.

Este plano, promovido por Nélida Melitona Zerpa Ciares de Chauqui y su nieto Mauricio Ciares Chauqui (quienes pertenecen a la comunidad pero actúan con lógicas de acumulación individual), invadió de forma grosera los límites históricos de Santa Rosa, afectando directamente la vivienda y las tierras agrícolas de producción de la familia Soruco. La familia Soruco está conformada por 15 hermanos con familias a cargo, incluyendo a su anciana madre, niños y adolescentes.

Aunque la propia Dirección de Catastro, el perito judicial ingeniero Echeverría y la Directora de Inmuebles, Peloc, admitieron formalmente que el plano contenía graves errores de delimitación y que la vivienda de los Soruco quedó incorrectamente ubicada en los papeles, la maquinaria judicial no se detuvo. La contraparte eludió la corrección realizando una rápida transferencia de la matrícula de la tierra al nieto, Mauricio Ciares Chauqui.

El juez Juan Pablo Calderón se negó sistemáticamente a ordenar la suspensión del plano erróneo ante el Registro Inmobiliario, ignorando las pericias técnicas agregadas a la causa y desconociendo la personería jurídica de la comunidad, que se presentó formalmente como un tercero afectado en el expediente. Calderón prefirió validar un papel catastral viciado antes que la posesión ancestral y efectiva del territorio.

Esta celeridad para reprimir y desalojar encuentra su explicación en los estrechos lazos políticos de los demandantes. El abogado patrocinante de la familia Ciares es Rubén Tabarcachi, actual director de Espacios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Desde la comunidad se denuncia abiertamente que el desalojo responde a favores políticos canalizados a través del Poder Judicial, una práctica recurrente en la provincia donde los intereses de los funcionarios de turno guían el accionar de la justicia ordinaria. Además, la complicidad se extiende a nivel municipal: la intendencia de Humahuaca, gobernada por Karina Paniagua (PJ), facilitó personal y camiones para consolidar el despojo, demostrando que la entrega de los territorios Indígenas trasciende las fronteras partidarias y une al oficialismo radical en la provincia con la oposición formal en los municipios.

Contexto Histórico y Político: Extranjerización, Dólares y la Quebrada en Alquiler
El atropello contra la Comunidad de Santa Rosa cobra sentido al analizar la fenomenal valorización inmobiliaria y turística que sufre la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad. En esta región, la tierra cotiza en dólares y es objeto de una voraz especulación de capitales concentrados, mineros e inmobiliarios, que operan al amparo de la clase política.

La magnitud de este avance queda expuesta en un revelador estudio del Observatorio de Tierras de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según este informe, el 26,1% de las tierras rurales del departamento de Humahuaca se encuentra hoy en manos de capitales extranjeros de origen suizo, lo que representa un total de 98.726 hectáreas controladas por corporaciones de esa nacionalidad. Esta cifra sitúa a Humahuaca como el departamento con mayor porcentaje de extranjerización de tierras en toda la provincia de Jujuy.

A nivel provincial, el panorama es igualmente de entrega: los capitales suizos concentran el 58% de toda la tierra rural extranjerizada en Jujuy, seguidos muy de lejos por capitales de origen noruego (18,5%), panameño (5,2%) y estadounidense (4,5%). Otros departamentos jujeños, como San Pedro (20,7% de tierras rurales en manos extranjeras) y El Carmen (15%), alcanzan o superan los límites establecidos por la Ley de Tierras Rurales.

El informe de la UBA advierte explícitamente que estas áreas de masiva concentración de propiedad extranjera coinciden de manera directa con cuencas hídricas estratégicas, zonas de alta actividad minera y territorios donde existen comunidades indígenas con procesos de reconocimiento y regularización territorial pendientes. En este mapa de acumulación por desposesión, las comunidades indígenas son leídas por el poder económico como un obstáculo para sus inversiones turísticas de lujo y sus proyectos extractivos en dólares. Por ello, el desalojo violento y el desconocimiento de la posesión ancestral comunitaria no son disfunciones del sistema, sino requisitos operativos indispensables para consolidar la entrega transnacional de los recursos naturales.

Esta práctica conecta directamente con la memoria histórica del despojo y el genocidio fundacional de la República Argentina. La denegación sistemática de la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Originarios y el desprecio hacia sus formas colectivas de relación con la tierra no son nuevos. El Estado argentino, que históricamente construyó su soberanía territorial sobre la base del genocidio físico y simbólico de los Pueblos Indígenas, prolonga esa lógica colonial en el presente a través de fallos judiciales que pretenden borrar la ancestralidad comunitaria con el sello de un burócrata o el disparo de un uniformado.

Jujuy como antesala de la Ley de Desalojo Exprés
La provincia de Jujuy ha funcionado históricamente como un laboratorio político y judicial para ensayar reformas de corte regresivo que luego se proyectan al debate nacional. Así ocurrió con la reforma constitucional impulsada en 2023 por el exgobernador Gerardo Morales, la cual desató una masiva rebelión indígena y social canalizada en el Tercer Malón de la Paz. Aquella reforma provincial constituyó un antecedente de la ofensiva contra los derechos territoriales indígenas al intentar priorizar el registro formal y la titulación individual por encima de la posesión tradicional y ancestral de los territorios comunitarios, omitiendo de forma sistemática la consulta libre, previa e informada.

Hoy, la gestión del gobernador Carlos Sadir (UCR) da continuidad a una matriz represiva y judicial que distintos sectores vienen señalando desde los conflictos territoriales de los últimos años en Jujuy. En un contexto nacional marcado por políticas orientadas a la desregulación del acceso a la tierra y al fortalecimiento de los derechos de propiedad privada por sobre otros derechos colectivos, las provincias adquieren un papel central en la ejecución de medidas que impactan directamente sobre los territorios indígenas. En Jujuy, con la UCR al frente del gobierno y un Poder Judicial cuestionado por organizaciones sociales e indígenas, son las estructuras provinciales las que intervienen de manera directa en la materialización de desalojos y conflictos territoriales.

El caso de Santa Rosa se inscribe en ese escenario. Aunque el desalojo no fue ejecutado bajo la denominada «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», el conflicto expone varias de las tensiones que hoy atraviesan el debate nacional: la disputa entre título registral y posesión ancestral, el lugar de la propiedad comunitaria indígena frente a la propiedad privada individual y la posibilidad de que intervenga la fuerza pública antes de que las comunidades puedan hacer valer plenamente sus derechos territoriales.

Este debate se cristaliza en el proyecto conocido como «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», una iniciativa que busca fortalecer los mecanismos de restitución de inmuebles para quienes acrediten titularidad registral. Desde organizaciones indígenas y organismos de derechos humanos se advierte que su implementación podría derivar en formas de «desalojo exprés», reduciendo los tiempos de discusión judicial y otorgando mayor peso al título registral en conflictos donde existen reclamos de posesión tradicional, ocupación ancestral o propiedad comunitaria.

Las críticas a este proyecto desde el movimiento indígena y los organismos de derechos humanos son determinantes:

1. Falta absoluta de políticas públicas protectoras: El proyecto avanza sin contemplar medidas específicas de resguardo para los territorios comunitarios de los Pueblos Indígenas, los cuales cuentan con protección constitucional expresa.
2. Incompatibilidad lógica y jurídica: La iniciativa coloca a la propiedad privada individual como eje ordenador de los conflictos territoriales. Sin embargo, la propiedad comunitaria indígena, reconocida por la Constitución Nacional, se fundamenta en la posesión tradicional, la ancestralidad y la relación colectiva de una comunidad con su territorio, elementos que no siempre se reflejan en los registros inmobiliarios convencionales.
3. Riesgo de profundización de la violencia institucional: Diversas organizaciones advierten que la aceleración de los procedimientos de restitución podría favorecer la ejecución de medidas sobre territorios en disputa antes de que se resuelvan cuestiones de fondo vinculadas a la posesión ancestral, la consulta previa o la regularización territorial de las comunidades.

Las organizaciones indígenas sostienen que la principal diferencia no radica en la existencia de los desalojos, que ya ocurren en distintas provincias, sino en la posibilidad de reducir aún más los tiempos y las instancias de discusión judicial. Temen que ello fortalezca la posición de quienes cuentan con títulos registrales individuales y dificulte que las comunidades puedan hacer valer derechos vinculados a la posesión tradicional, la ocupación ancestral y la propiedad comunitaria reconocida constitucionalmente.

El Espejo del Despojo Colectivo
El desalojo de la Comunidad Santa Rosa en Humahuaca funciona como un espejo que devuelve una imagen nítida de la dramática situación que atraviesan los derechos territoriales Indígenas en la Argentina de hoy. Revela que la arquitectura de derechos consagrada en el artículo de la Constitución Nacional sobre la preexistencia étnica, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas corre el riesgo de convertirse en una mera declaración retórica. En la práctica cotidiana de los tribunales de provincia, el derecho ancestral sigue siendo una promesa de papel que se borra de un plumazo cuando entra en contradicción con los intereses inmobiliarios de la elite local o la extranjerización de los recursos naturales de la Quebrada.

A nivel del rumbo político nacional, el caso Santa Rosa es la constatación empírica de que el país avanza decididamente hacia un modelo de acumulación extractivista, donde la «defensa irrestricta de la propiedad privada» es, en realidad, un paraguas ideológico y legal para legitimar el despojo de los bienes naturales y el saqueo de los territorios comunitarios. El avance de la «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» y la desregulación de la Ley de Tierras buscan pavimentar el camino para una nueva campaña de colonización territorial, donde la respuesta del Estado a la legítima resistencia de las comunidades preexistentes no será el diálogo, sino la militarización, el hostigamiento permanente y la persecución penal.

El desalojo de Santa Rosa forma parte de una ofensiva generalizada que pone en jaque la supervivencia misma de las comunidades Indígenas en la Argentina contemporánea.

Imagen: Laki Quispe