El Centro de Estudios Legales y Sociales denunció en sus redes sociales: “Allanan las casas de 22 personas que participaron de la marcha del 30 de junio en Humahuaca. Se los acusa de delitos gravísimos como sedición y privación de la libertad, para que queden detenidas. El gobierno cumplió su amenaza de criminalizar a referentes

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