El pasado 29 de septiembre, habitantes de los barrios afectados, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos se reunieron en audiencia pública en la Legislatura porteña para denunciar la violencia y el hostigamiento sufridos durante los operativos llamados “Tormenta Negra”. Allí cuestionaron que el despliegue de más de 1.500 efectivos se presente como una respuesta a hechos delictivos puntuales y señalaron el carácter represivo de una intervención que alcanzó de manera simultánea a 15 barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires durante el operativo “Tormenta Negra 2”, realizado el 24 de septiembre. Por Indymedia Argentina.

Villa 31, Villa 21-24, La Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Barrio Mitre, Ciudad Oculta, Villa 20, INTA, Bermejo, Mugica, 1-11-14, Cildañez, Piletones y Fátima fueron algunos de los territorios alcanzados por el despliegue represivo.

El Gobierno de Jorge Macri informó 17 personas detenidas y 192 vehículos secuestrados, y presentó el procedimiento como parte de su política de seguridad y “ordenamiento del espacio público”. Vecinos, organizaciones territoriales y organismos de derechos humanos denunciaron violencia policial, hostigamiento, detenciones, retiro de pertenencias y herramientas de trabajo, además de situaciones de discriminación y racismo.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió sobre una política que tiende a asociar pobreza, territorio y delito, y reclamó que el Estado garantice derechos en lugar de reducir su intervención a la presencia policial. La discusión no pasa solamente por la cantidad de detenidos o vehículos secuestrados; involucra la manera en que se construye la imagen de determinados territorios y de quienes los habitan.

Durante la audiencia legislativa también se denunciaron situaciones de racismo y discriminación vinculadas con los procedimientos. Las críticas apuntan a una lógica en la que ciertos barrios son tratados como espacios permanentemente sospechosos y sus habitantes quedan sometidos a controles que no se aplican de la misma manera en otros sectores de la Ciudad. Para las organizaciones, esa mirada no puede separarse de la desigualdad urbana. Mientras se reclaman vivienda, urbanización, salud, educación, trabajo y servicios públicos, la respuesta que reciben muchas comunidades aparece vinculada al despliegue de fuerzas de seguridad.

Para quienes viven en los barrios, la respuesta no puede ser más control sobre quienes ya padecen desigualdad. Urbanización, vivienda, trabajo y derechos no pueden ser reemplazados por patrulleros. Una ciudad verdaderamente integrada no se construye entrando a los barrios con 1.500 policías, se construye garantizando que quienes los habitan tengan los mismos derechos que cualquier otro vecino de Buenos Aires.

Imagen: Nico Solo