Las compañías militares privadas han ido aflorando en el mercado español. Formadas por ex militares, ofrecen todo tipo de servicios a empresas y gobiernos en las zonas más conflictivas del mundo.
(Lucas Marco – Diagonal) Mundo – Las compañías militares privadas se han consolidado como un nuevo actor en los conflictos bélicos.
Para el catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Francisco Javier Quel López, la aparición de estas empresas "se enmarca en un proceso de privatización iniciado a principios de los ’90 que afecta a la salud o al sistema penitenciario". Así, se produce "la externalización de los servicios básicos del Estado en relación a la Defensa" que supone "un cambio de estructura de los ejércitos".
El suboficial de la Armada española en la reserva y presidente de High Security Solutions, David Rivas reconoce en un artículo publicado en la revista digital Athena Intelligence que "se trata de una industria muy compleja a nivel legal, administrativo, logístico y operativo, lo que requiere profesionales con años de experiencia en el sector y sólidas redes internacionales de apoyo, basadas en la confianza del cliente, mayoritariamente gobiernos democráticos legalmente establecidos".
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió en una resolución en 2003 a todos los Estados "que ejerzan el máximo de vigilancia contra todo tipo de reclutamiento, entrenamiento, contratación o financiación de mercenarios por empresas privadas que ofrezcan servicios internacionales de asesoramiento militar y de seguridad, y que prohíba concretamente que tales empresas intervengan en conflictos o acciones armadas para desestabilizar los regímenes constitucionales".
Entre las ventajas de la utilización de estos ejércitos privados, Darío Azzellini, autor de El Negocio de la Guerra, señala el vacío legal al respecto: "Formalmente son civiles, no pueden ser juzgados por la Justicia militar. Al mismo tiempo, en sus contratos se les asegura que no pueden ser sometidos a la justicia civil de los países en los que actúan. Prácticamente se crea un campo de impunidad".
High Security Solutions
High Security Solutions es la marca comercial de Hallmark Security Solutions S.L., una empresa de capital mayoritario español, dedicada a los servicios de protección en viajes y transportes, protección de instalaciones, servicios de defensa y seguridad nacional e inteligencia. También ofrecen formación y servicios a gobiernos.
Según su "declaración de principios éticos y legales", la empresa "no prestará servicios de alta seguridad, protección, inteligencia o defensa a aquellos gobiernos, instituciones, organizaciones públicas o privadas o particulares que estén condenados por delitos relacionados con el narcotráfico, el terrorismo, crímenes contra la humanidad, racismo o xenofobia, delitos contra la libertad religiosa o de pensamiento, falta de respeto a las libertades y derechos fundamentales de las personas, delito de traición, espionaje político o malversación de fondos públicos". También añade que la empresa prestará "servicios de Defensa sólo a gobiernos legalmente constituidos y reconocidos".
Algunos clientes contrastan con el código ético de la empresa. Es el caso, por ejemplo, de las Fuerzas Especiales del Ejército jordano o del Grupo Cisneros, conocido por su implicación en el golpe de Estado de abril de 2002 contra el gobierno democrático de Hugo Chávez en Venezuela.
Servicio Global de Seguridad y de Inteligencia (SGSI)
"¿Mercenarios? Sí. A mucha honra". Con estas palabras se reafirmaba el portavoz de Servicio Global de Seguridad y de Inteligencia, una de las mayores empresas del sector en España, con presencia en países como Iraq, Israel, Nigeria o Guinea Ecuatorial.
Su portavoz, Víctor González, afirma en una entrevista que "no provocamos conflictos ni trabajamos fuera de la ley o sin el conocimiento beneplácito de los gobiernos afectados que nos contratan". Además, "el sello nuestro es que no participamos nunca en política, no nos interesa", añade.

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