Estados Unidos quiere legitimar su añeja intervención de facto en México. El sexenio pasado, mediante los llamados centros de fusión bilaterales, Washington penetró a los organismos de seguridad e inteligencia del Estado mexicano, y ahora quiere que miles de agentes encubiertos que actúan en el territorio nacional puedan portar armas de manera legal.
(Carlos Fazio – La Jornada) México – La iniciativa para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos fue enviada al Senado el 24 de febrero. ¿Objetivo? Permitir que agentes de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés) puedan actuar armados en México como parte de un programa de preinspección conjunto, similar al que Washington tiene con Canadá. Más allá del eufemismo de que las autoridades migratorias de un país ejerzan sus facultades en el territorio del otro (sic), la intención es permitir que agentes estadunidenses revisen la documentación y consulten en bases de datos el movimiento de pasajeros en puertos y aeropuertos internacionales de México, y controlen y supervisen los cargamentos de mercancías de exportación e importación en las aduanas mexicanas.
La iniciativa de Washington, encomendada a Peña, propone que sus agentes porten armas reglamentarias calibre 40 (máximo), y que los escoltas del presidente, ministros y altos funcionarios de EEUU puedan actuar armados en México para su adecuada protección. Según el secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, se trata de “armonizar (…) sin nin¬guna ambigüedad” la legislación de México con la de EEUU; argumentó que la actuación de agentes estadunidenses armados en el territorio nacional es importante y relevante para la generación de mejores espacios de competitividad y prosperidad compartida en la región norteamericana.
Meade sabe que los agentes del ICE, la DEA, la CIA, el Pentágono, la FBI, la ATF (Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego) y de otros servicios de inteligencia han venido actuando armados y de manera encubierta en el país desde hace años. Recientemente, un ex miembro de la CIA estimó en 25 mil los agentes clandestinos de EEUU en México. Y apenas en noviembre pasado The Wall Street Journal (WSJ) reveló que funcionarios del Servicio de Alguaciles del Departamento de Justicia de EU, armados y disfrazados de elementos de la Secretaría de Marina de México, participaron al menos cuatro veces al año en operativos antinarcóticos en el territorio nacional, con apoyo de agentes de la DEA y la FBI. Según el WSJ, en la captura de Joaquín El Chapo Guzmán intervinieron agentes encubiertos de Washington, y un alguacil resultó herido en Sinaloa en julio del año pasado durante un operativo contra el grupo de los hermanos Beltrán Leyva; rescatado por un militar de la Marina, fue trasladado a Culiacán y luego a Texas.
Desde 2005, con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan), y después bajo la cobertura de la Iniciativa Mérida (2007), EU ha venido aumentando de manera exponencial su injerencia política, policial, militar y de inteligencia en México. Pero el dato revelado por The Wall Street Journal exhibe que los agentes estadunidenses actúan aquí incluso con recursos del propio Estado mexicano −como son las armas y los uniformes de la Marina−, en actividades que sólo corresponden a las corporaciones nacionales. El hecho indica que el gobierno de Peña Nieto ha avanzado un escalón más en la abdicación de sus potestades soberanas, con el agravante −sin ambigüedad alguna− de que en el marco de la tan cacareada cooperación, Washington ha abastecido con armas de alto poder a las organizaciones criminales mexicanas que dice combatir, como quedó demostrado en los operativos Rápido y Furioso y Receptor Abierto.