Movimientos sociales y civiles de diversos estados del país que se han visto afectados por las actividades de las empresas mineras presentaron el lunes pasado un manifiesto donde se expresan en favor de una nueva ley para el sector. En un mitin frente al Senado, anunciaron que esta semana entregarán a esa cámara la iniciativa, y resaltaron que como prioridad se establece que la actividad minera deja de ser preferente por encima de otras.
En la movilización participaron más de una docena de oradores de organizaciones que exigen poner freno a las trasnacionales que saquean al país y afectan a las comunidades. Destacaron que “en la propuesta se establece la participación vinculante de la población sobre toda decisión que permita la realización de actividades mineras”.
En el caso de las comunidades que no son pueblos originarios, para establecer una mina se debe iniciar un procedimiento de participación ciudadana en forma libre, previa e informada.
En ese contexto, subrayaron que en la propuesta de ley minera que entregarán al Senado esta semana se establece un capítulo sobre derechos de poblaciones indígenas al goce preferencial del territorio y recursos naturales frente a las actividades mineras; se establece y se regula la licencia social a través de los procedimientos y consulta o participación.
En el manifiesto las organizaciones subrayaron que se anulan las cláusulas de confidencialidad que hoy ocultan la información que deben entregar las empresas mineras al Estado; se obligará a la Secretaría de Economía a hacer pública y accesible la información en su poder a la ciudadanía, con el deber de entregarla directamente a las comunidades donde operan las minas; se establecen nuevos procedimientos de inspección obligatorios, que serán aleatorios y deberán contar con la participación de las comunidades, y que pueden dar pie, en caso de incumplimiento, a sanciones o cancelación de la concesión.
Fuente: La Jornada