La agresión a migrantes, atrapados por bandas del crimen organizado, ha alcanzado niveles alarmantes, revela un informe del Instituto Nacional de Migración (INM). Los indocumentados que transitan por las franjas fronterizas son objeto no sólo de secuestros o extorsiones, sino de torturas e incluso violaciones tumultuarias. Algunos de estos rasgos han sido denunciados desde años atrás por organizaciones civiles, aunque ahora las autoridades federales reconocen el nivel de agresividad que han tomado los ilícitos, sobre todo en las regiones limítrofes del sur.
El más reciente reporte se dio esta semana en Huixtla, Chiapas, en la zona conocida como La Arrocera. Ahí, una joven (Herminda Villegas Torres, de 22 años) enganchaba a los migrantes, bajo la promesa de que por 400 pesos por persona los ayudaría a avanzar en esta ruta.
Una vez atraídos los indocumentados, la mayoría procedentes de Centroamérica, los entregaba a su cómplice y presunta pareja (José Antonio Hidalgo Cruz, de 57 años, ambos mexicanos), quien los conducía al interior del Rastro Frigorífico del municipio, donde ya los esperaba un grupo de delincuentes que los atacaban, sometiéndolos a vejaciones, violaciones y torturas, señala el reporte interno del INM al que este diario tuvo acceso.
El INM afirma que aun cuando es un organismo administrativo-no armado, cuando recibe estas denuncias o detecta esta red de delincuentes tiene la obligación de colaborar en la investigación para dar con los responsables de los ilícitos, porque de lo contrario, es decir, excusarse bajo el argumento de que no es policía, caería también en prácticas negligentes y omisas.
El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) elaboró un diagnóstico de las agresiones y precisa que en la agudización de la violencia contra los migrantes hay participación de actores privados, coludidos con actores estatales. Ante ello, sobresale una falta de voluntad y capacidad del Estado para proteger a los migrantes en tránsito de secuestros, tortura, amenazas a defensores (en albergues) y trata de personas.
Fuente: La Jornada