Calpers, la caja de jubilaciones y pensiones de los funcionarios del Estado de California, junto con otras 120 instituciones de inversión, reclama a los bancos que sufragan el Oleoducto de Dakota del Norte que se corrija el trazado de la obra para que no pase por las tierras de los indígenas.
(Stephen Foley, Alistair Gray y Ed Crooks – Financial Times) EEUU – La carta se deberá dar a conocer el viernes [día 17] y representa un nuevo frente en la batalla para detener el oleoducto, semanas después de que el Presidente Donald Trump diera el visto bueno a la obra. Según fuentes bien informadas, representantes de los bancos en cuestión deberán reunirse el viernes con caciques de las tribus para examinar la cuestión del oleoducto.
La protesta ya alcanzó a los bancos que adelantaron fondos para el proyecto, de cuya ejecución se encarga la sociedad Energy Transfer Partners]. Ahora los grandes inversores manifiestan que sopesarán la idea de dar apoyo a la campaña y aducen para ello el riesgo que representa para el prestigio de los bancos mencionados el hecho de que se haga caso omiso de las inquietudes que suscita el trazado del oleoducto.
Son diecisiete los bancos a los que se remite la carta, cabiendo destacar dos de los Estados Unidos, el Wells Fargo y el Citigroup, y dos franceses: la Société Générale y el BNP Paribas. Explica Anne Simpson, la directora de corporate governance de Calpers, que la intención de la carta es que los bancos aludidos tomen disposiciones, pues son ellos quienes tienen la llave del tesoro. Firman la carta cuatro cajas de jubilaciones de funcionarios de Nueva York, sociedades anónimas, como la Boston Common Asset Management, y una multitud de órdenes religiosas, cuyos respectivos depósitos ascienden en total a 653.000 millones de dólares. Preocupa a los autores de la carta que, si sigue adelante la obra del Oleoducto de Dakota de Norte, tal como está trazada, no cabe casi duda de que se agravará el conflicto y la agitación social, y también es posible que se contamine la fuente de suministro de agua. Los bancos que tienen tratos mercantiles con el oleoducto pueden verse envueltos en la disputa y se arriesgan a sufrir el boicot del público y, quizás, también deban responder ante la justicia, con el consecuente perjuicio duradero para su prestigio.
Se agrega en la carta que, si bien se comprende que los bancos prestamistas del proyecto poseen obligaciones contractuales con el oleoducto, la encendida controversia que provoca la obra hace necesario que tomen disposiciones con toda urgencia. Ya está concluido el 92 por cien de las 1.172 millas [casi 2.000 kilómetros] que recorre el oleoducto desde Dakota del Norte hasta el Estado de Illinois, pero los oponentes consiguieron detener el tendido del tramo que discurre por debajo del lago Oahe, en el Río Misuri. En ese lugar el trayecto de la conducción de petróleo queda a un escaso kilómetro del límite de la reserva de indios sioux de Standing Rock.
La inquietud por el riesgo de que se registrara una fuga de petróleo hizo que la tribu pusiera una demanda en contra del proyecto y que hiciera un llamado mundial de apoyo a su campaña. El mes pasado el Presidente Trump dispuso que se diera autorización a la compañía Energy Transfer Partners para proseguir la obra, y según fuentes de la sociedad, el transporte de petróleo podría comenzar en el mes de junio.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos se encargó de revisar el trazado de la obra y concluyó, el año pasado, que el camino actual es el mejor. A raíz de las protestas habidas en Standing Rock el pasado otoño, el Cuerpo de Ingenieros decidió suspender temporalmente la construcción y encargó un nuevo estudio para determinar los riesgos para la naturaleza. Esa suspensión fue levantada por el Presidente Trump. Los bancos reciben fuertes presiones a causa de su intervención en la obra.
La semana pasada el Consejo Municipal de Seattle acordó dar por terminados los vínculos con el banco Wells Fargo y Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York, señaló que apoya la idea del boicot. La noche del jueves [día 16] Scott Stringer, titular de la Contraloría de la Ciudad de Nueva York, dio a conocer una declaración en la que se afirma que la construcción del oleoducto en las tierras de las tribus indígenas es un acto erróneo y se reclama que los bancos prestamistas tienen la obligación de intervenir. Agregó que los préstamos destinados al proyecto constituyen un riesgo grave para el prestigio de dichas instituciones, especialmente, si se agrava el conflicto, y señaló que existen otras soluciones. Por ende, se ruega a dichos bancos que obren de forma sensata y que se trace un nuevo plan que respete a la tribu y la soberanía que posee sobre sus tierras. Pese a las protestas, sostienen las entidades prestamistas que están dispuestas a cumplir los compromisos correspondientes al polémico proyecto. Así lo dijo la semana pasada Tim Sloan, el director general del Wells Fargo, quien aduce que tienen obligaciones contraídas.
