Trece jóvenes asesinados en Bogotá por la Policía Nacional de Colombia mientras protestaban por la muerte de Javier Ordoñez a manos del mismo cuerpo público. 56 masacres alrededor del país en lo que llevamos de 2020. Esta es la Colombia del llamado postconflicto, a cuatro años del fin de las negociaciones de paz de La Habana.

(Berta Camprubí – La Jornada) Colombia – Alexander Fonseca, 17 años, Andrés Rodríguez, 23 años, Julieth Ramírez, 18 años, Freddy Mahecha, 20 años, Germán Fuentes, 25 años, Julián González, 27 años, Cristian Meneses, 27 años, Marcela Zúñiga, 36 años, Angie Vaquero, 19 años. Hay que escribir sus nombres porque Colombia está cansada de ser representada en cifras de muertos. Ellos y ellas, y cuatro jóvenes más murieron por el impacto de proyectiles de distintas municiones, entre ellas munición real, durante las noches del 9 y el 10 de septiembre en el marco de las protestas y disturbios que tuvieron lugar en las distintas localidades de la capital de Colombia.

Miles de vecinos y vecinas de Bogotá, a pocas semanas de cumplir un año desde el estallido social del Paro Nacional colombiano de 2019, salieron esa tarde a la calle en un velatón de emociones acumuladas que gritaba desesperadamente por la muerte de Javier Ordoñez, un abogado que perdió la vida en manos de la policía en una detención con descargas eléctricas abusivas y arbitrarias que fue grabada en video. “Quién nos cuida de la policía?”, “Policía asesina” o “Justicia para Javier, mañana podrías ser tú”, fueron algunas de las pancartas que se alzaron delante de decenas de sedes del Comando de Acción Inmediata (CAI) de la policía que horas después acabaron en llamas. La noche convirtió la rabia en fuego y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) reprimió de manera salvaje conjuntamente con grupos de personas armadas vestidas de civil, otramente llamados paramilitares.

El saldo: trece jóvenes sin vida, aproximadamente 300 manifestantes heridos, 66 por arma de fuego, 93 policías lesionados, 178 personas detenidas, una menor de edad violentada sexualmente en la comisaría de policía y decenas de vehículos de transporte público, de las fuerzas del orden y comisarías de la policía quemados. Fuentes no oficiales aseguran que los jóvenes muertos son más, pudiendo llegar a 20. La respuesta social al abuso, la brutalidad policial y la violencia estructural de este país en forma de protestas y disturbios, ha resonado en otras ciudades como Cali o Medellín durante las dos noches consecutivas a la muerte de Ordoñez. Con la excusa de la proliferación de este tipo de manifestaciones de acción directa, ya está en marcha toda una campaña de estigmatización de la protesta social y se ha decretado el toque de queda para las menores de edad en Bogotá.

Claudia López, la alcaldesa de una capital de siete millones y medio de habitantes, se ha negado a decretar en su ciudad un toque de queda general —medida de fácil aplicación en Colombia ante situaciones de conflictividad popular— a lo que el expresidente privado de libertad, Álvaro Uribe Vélez, ha contestado a través de un tweet que pareciera ordenar una contramedida: “Mejor toque de queda del Gobierno Nacional, Fuerzas Armadas en la calle, con sus vehículos y tanquetas, deportación de extranjeros vándalos y captura de autores intelectuales (…)” twiteaba el 10 de septiembre el líder del Centro Democrático, partido que ostenta el poder a través de la presidencia de Iván Duque, quién tras todo este terremoto se ha limitado a hacer “un llamado a la calma”.

Uribe, ahora también conocido por una gran parte de su país que necesitaba este momento desde hace años, como preso número 1087985, se encuentra en detención domiciliaria en su finca de 1.500 hectáreas llamada El Ubérrimo, en Antioquia. Y mientras quién fue presidente durante el auge del paramilitarismo, la parapolítica y los falsos positivos en Colombia sigue dando órdenes, preso en su casa, la investigación en su contra por delitos de soborno y fraude procesal en un caso que lo vincula directamente con el paramilitarismo ha pasado de manos de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía, donde lo lleva ahora un fiscal cercano al Centro Democrático.

Durante el día en que se conmemoraban 47 años del golpe de estado contra Salvador Allende en Chile, en Colombia fue tendencia en redes sociales durante todo el día el #YaDioLaOrden, en respuesta a la pregunta que resuena a nivel nacional e internacional: ¿Quién dio la orden?; ¿Quién dio la orden de disparar con munición real a los jóvenes de Bogotá? ¿Quién dio la orden de matar a los cinco menores afrocolombianos de Llanoverde asesinados en un cañaduzal el 12 de agosto? ¿Quién dio la orden para que el ejército asesinara a un comunero y un comunicador del pueblo nasa en Corinto, Cauca, el 13 de agosto? ¿Quién dio la orden para que aparecieran muertos en Samaniego, Nariño, ocho estudiantes el 15 de agosto? ¿Quién dio la orden para matar a seis campesinos en el Tambo, Cauca, el 21 de agosto? ¿Quién dio la orden de asesinar a tres jóvenes en el Norte de Santander el 26 de agosto?

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/colombia/colombia-o-la-normalizacion-de-las-masacres