Red Eco Alternativo ***

Habla Jairo Ramírez, secretario del CPDH en Colombia

"El presidente Uribe aspira a ser reelegido para un tercer período y en ese camino se han infringido todas las leyes posibles"

(Günter Pohl - Periódico semanal UZ de Alemania) Colombia – Jairo Ramírez, secretario del CPDH, da cuenta en sus respuestas cual es hoy la situación socio- política de Colombia.

GP: Compañero Jairo, nos enteramos que en Colombia recientemente se encontró una inmensa fosa común, la más grande en América Latina.
Jairo Ramírez: En efecto, en la primera semana de diciembre pasado estuvimos con una delegación de parlamentarios y sindicalistas ingleses en el municipio de La Macarena, al sur de Colombia. Nos reunimos con sectores de la población para recibir sus testimonios sobre maltratos del ejército, desapariciones y detenciones arbitrarias. La gente nos condujo a una gran fosa ubicada entre la pista aérea y las instalaciones militares donde, al parecer, hay más de 1500 personas enterradas como NN (sin identificación). Es un  hecho que nos ha causado un gran impacto emocional. Lo que desconcierta es que aún las cpdh.jpgautoridades, ante semejante horror, no se preocupan por investigar los hechos.

GP: El ejército dice que todos son guerrilleros muertos en combate…
JR: El ejército tiene su explicación, pero la población con la que nos entrevistamos ha denunciado también decenas de personas desaparecidas en los últimos años. Algunos de ellos sospechan que allí podrían estar enterrados algunos de sus seres queridos. Por eso hemos pedido una investigación a la Fiscalía General de la Nación.

GP: La Fiscalía dice que no pueden levantar los cadáveres por falta de tiempo y dinero. ¿Qué les respondes?
JR: Es un  problema de voluntad política. La Fiscalía y el gobierno deben tomar medidas rápidas ante un hecho tan grave, que conmociona a todo el país y para ello puede pedir ayuda internacional para que faciliten profesionales forenses, antropólogos y técnicos que ayuden en la exhumación e identificación de los restos allí enterrados.

GP: La zona del Meta es conocida por mucha presencia de las FARC, además en la población históricamente hay muchos líderes sociales. Para ti, la intensificación de la guerra justamente en esta parte de Colombia ¿tiene que ver con los reclamos de los pobladores de la zona de que desaparecieron cientos de personas?
JR: En el desarrollo de esta guerra y en el afán del gobierno por mostrar resultados, han aparecido fenómenos que aquí se conocen como "falsos positivos", o el asesinato de inocentes por parte del ejército que luego son presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Este tipo de crímenes han sido presionados por el propio presidente de la Republica y su ministro de Defensa sobre el presupuesto de que estos resultados "eficaces" contribuirán a mantener la ayuda militar norteamericana. Esta infamia aun esta en la impunidad y algunos de sus responsables han sido dejados en libertad.

GP: La política de la seguridad democrática, si tuviese el fin de seguridad y democracia, fracasó. Sabemos que éstos no han sido sus fines, sino más guerra, más narcotráfico y la perpetuación del poder uribista. ¿Qué repercusión tiene el involucramiento del DAS en el narcotráfico en la sociedad colombiana?
JR: El DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) es la agencia de seguridad del Estado que está bajo la orientación directa del Presidente Uribe. Sin embargo es uno de los estamentos oficiales más corrompidos y comprometidos con el narcotráfico, los paramilitares y en toda clase de crímenes contra la sociedad. Ahora el gobierno pretende borrar esos hechos simplemente disolviéndolo, sin investigar y sancionar a los responsables.

GP: En todo este marco adverso para las fuerzas democráticas y pacifistas en marzo se celebran elecciones parlamentarias, luego las presidenciales. ¿Cuáles son las opciones del PDA? Y, ¿finalmente Uribe se presenta nuevamente?
JR: Estamos ante un proceso electoral deforme, sin garantías para la oposición. Precisamente el Polo Democrático es una de las organizaciones afectadas con seguimientos e interceptaciones telefónicas ilegales. Una gran parte del país es aun controlada por el paramilitarismo y allí no se puede entrar a realizar eventos electorales. Así pues la oposición está ante tremendas limitaciones para su acción política; aun así se hacen esfuerzos por mantener una bancada parlamentaria que pueda enfrentar la actual situación política.
El presidente Uribe aspira a ser reelegido para un tercer período y en ese camino se han infringido todas las leyes posibles. Sin embargo su coalición de gobierno enfrenta serias fracturas y un creciente descontento popular.
Las fuerzas de oposición hacen esfuerzos por abrir un camino al diálogo para la solución política del conflicto armado interno y organizar un gran torrente en la lucha por la democratización del país.

GP: ¿Qué nos puedes decir acerca de las amenazas al Director del Comité Permanente?
JR: En diciembre el CPDH a través de su director presentó ante el Consejo de Estado una demanda para que se suspenda la instalación de siete bases militares norteamericanas en territorio Colombiano, dado que este hecho es inconsulto con el país y los estamentos correspondientes de acuerdo a la Constitución;  pero también porque semejante hecho agrava el conflicto interno y genera, como ha ocurrido, enormes tensiones en América latina.
A raíz de esta demanda el Director del Comité ha comenzado ha recibir llamadas telefónicas amenazantes y es objeto de seguimientos sospechosos que generan riesgo para su integridad. Esperamos que las autoridades investiguen esta grave situación.

 

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