En diálogo con Roberto Ruiz, en su programa “Los Locos de Buenos Aires” de FM La Tribu, el titular de la ONG Consumidores Libres aseguró que faltan controles a las empresas por parte del Estado, y remarcó que existen herramientas que no se ponen en práctica, como el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, que fue aprobada por ley en 2018 pero aún no se designaron sus cinco integrantes. Polino afirmó que las ganancias de las grandes compañías crecieron un 112% en los últimos dos años.
Roberto Ruiz: El presidente nos está mareando un poco con el tema de inflación, no? Porque primero va a dar la guerra contra la inflación, ahora dice que hay que darle una oportunidad a la paz y sentarse con los empresarios. ¿Qué hay que hacer? ¿Existen las leyes para combatir la inflación? ¿Hay que hacer leyes nuevas?
Héctor Polino: Existe ya un conjunto de normas jurídicas desde hace muchos años que, lamentablemente, nunca se ha puesto en funcionamiento. Por ejemplo, Argentina es un país que tiene una enorme concentración y extranjerización de la actividad económica, donde 28 grandes empresas en su inmensa mayoría de capital extranjero concentran aproximadamente el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Esas 28 grandes empresas, a las que hay que controlar, son formadoras y deformadoras de precios al mismo tiempo. Por eso cuando yo fui diputado nacional, fuí el coautor de una Ley Nacional de Defensa de la Competencia.
Esa ley creaba un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Nunca se constituyó y nunca se designó a los miembros de ese tribunal.
Después de más de 8 años que la ley estuvo vigente se la derogó. En mayo de 2018 el Congreso Nacional volvió a sancionar una nueva ley, sobre la base de proyectos presentados por diputadas y diputados del oficialismo, y de la oposición de entonces. Esa ley crea también un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia o Ley Antimonopolio. Pero resulta que pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el 2020, todo el 2021. Estamos en 2022 y el Poder Ejecutivo Nacional de turno; y digo de turno porque abarca a dos gobiernos y de signos políticos totalmente distintos, el de Mauricio Macri y el actual; no designaron a los cinco miembros integrantes de ese tribunal. Yo me pregunto ¿tan difícil, tan complicado resulta designar cinco integrantes del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia? Evidentemente, no hay voluntad política.
En los últimos dos años las ganancias de las grandes empresas crecieron al compás de la reducción de la evolución de los precios. Según los balances contables publicados en la Comisión Nacional de Valores, las empresas Arcor, Mastellone Hermanos y Molinos Río de La Plata obtuvieron una evolución de sus ganancias brutas; ventas menos costos del 112% durante los años 2020, 2021; mientras que los precios de los alimentos aumentaron en ese mismo periodo un 114%. ¿Te das cuenta el nivel de rentabilidad? A Molinos Río de La Plata, a mediados del año 2018, el gobierno de Mauricio Macri le condonó a la empresa una deuda de 70 millones de dólares por gravámenes impagos a las exportaciones. ¿A qué consumidor, a qué titular de una pyme o de un edificio en Propiedad Horizontal o de una casa le condonan las deudas en concepto de impuestos?
RR: Esto que decís es claro, concreto y son datos duros. Hay monopolios. Molinos Río de La Plata tenía 11 marcas de fideos o más, le hicieron vender algunas marcas. Está todo concentrado. Ahora la pregunta sería ¿por qué en otros países muchas de estas empresas que acá todos los días aumentan todo, en otros países no aumentan nada? Un ejemplo, Carrefour. Vos entrás a la página de Carrefour de España y hubo una inflación por la guerra del 2, 3, 4% y tenés los mismos precios de hace seis años atrás. ¿Qué pasa ahí? Porque evidentemente lo que vos decís es una parte, ¿cuál es la otra parte para que estas empresas acá ganen el 112% y en Europa se conforman con ganar el 20% el 15%? ¿qué es lo que pasa?
HP: Precisamente porque no hay controles, porque hacen y deshacen a su antojo con total impunidad, ese es el tema.
RR: ¿En otros países las controlan?
HP: Por supuesto.
RR: Hay leyes…
HP: Por supuesto. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio que está vigente, que se hace cumplir.
¿Cómo es posible que en la República Argentina tenemos una ley de Defensa de la Competencia y no hemos creado nunca el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia? Porque hay connivencia política. Habría que analizar de dónde provienen los fondos de las campañas políticas electorales que llevan a cabo los candidatos, con posibilidades de llegar a las máximas. A la Presidencia de la República. Es la mejor inversión que terminan haciendo esas empresas. Si bien es cierto que buena parte de los gastos de las campañas electorales se financian con recursos públicos, hay muchos otros gastos que se financian con dineros que nadie sabe de dónde provienen.
RR: Algunos diputados dicen que habría que aplicar la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento. La Ley de Abastecimiento es una ley del 74 y siempre se amagó con aplicarla y nunca se hizo; y la Ley de Góndolas existe pero no funciona. ¿Cómo ves esa esas leyes?
HP: A mí me parece bien que se aplique la Ley de Góndolas que se aprobó en el Congreso Nacional hace alrededor de dos años, y que establece entre muchas otras cuestiones que los productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas tienen reservado el 25% del espacio de las góndolas para ofrecer y vender sus productos, y que los productos producidos o elaborados por las empresas de economía familiar, campesinas cooperativas, mutuales tienen reservado el 5% del espacio de las góndolas para ofrecer y vender sus productos. Además la Ley de Góndolas establece que un producto no podrá superar el 30% del espacio disponible que comparte con otros productos de similares características y distintas marcas, incluidas las puntas de góndola. Además tiene que haber un mínimo de cinco proveedores para cada artículo básico, de modo que si se aplicara la Ley de Góndolas tendríamos mayor competencia y, en consecuencia, se podría frenar estos cotidianos y casi diarios aumentos de precios.
Ahora la Ley de Góndolas, de acuerdo a la reglamentación que dictó en su momento Paula Español (por entonces secretaria de Comercio Interior), no rige para todos los comercios. Rige para aquellos locales que tienen una superficie cubierta mínima de 800 metros cuadrados medidos desde la línea de caja y descontando la superficie destinadas a depósitos de productos, y destinadas al personal. De modo que un negocio barrial en general no tiene esa superficie cubierta mínima de 800 metros cuadrados, pero sí rige para los supermercados, tanto minoristas como mayoristas de todo el país. Y lamentablemente tampoco se está cumpliendo y ese es otro de los problemas. Una ley que además permite que el producto de menor valor esté ubicado en el estante intermedio de la góndola, de modo tal que cuando el consumidor va caminando por los pasillos del supermercado tenga a la altura de la vista el producto de menor precio, y no como lo colocan ahora, en general, en el estante más bajo que uno tiene que arrodillarse para poder verlo.
RR: Las leyes existen, es cuestión de aplicarlas. Ahora, nosotros vemos que en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, uno de los representantes del organismo dijo que les preocupa mucho la inflación. Tanto desde el gobierno como desde el Fondo dicen que quieren que haya poco, es más pusieron como cifra para este año un 48%. ¿Pero no puede existir también un gobierno al que le conviene la inflación para hacer un ajuste de salarios y jubilaciones?
HP: Yo quiero creer que a ningún gobierno le conviene que haya inflación, porque eso deteriora la imagen del gobierno. En un país donde hay reelección presidencial, un proceso inflacionario alto obstruye la posibilidad de la reelección presidencial.
RR: Pero este año no hay elecciones, por ahí la idea es esa. Hacer todo el ajuste este año y empezar el año que viene cuando ya vienen las elecciones.
HP: Todo puede ser. Por supuesto que este acuerdo y todo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una muy mala noticia para los intereses del pueblo. Lo único que les importa es recuperar el capital y para eso obligan a tomar medidas, que el Estado gaste lo menos posible; por ejemplo, en subsidios a la energía eléctrica, al gas natural, al agua potable, etcétera. Entonces el costo de esos servicios en lugar de que una parte salga de fondos públicos, va a salir del bolsillo de los usuarios. Ahora ya se autorizó un aumento a partir del primero de marzo de alrededor de un 20% para las tarifas del gas natural, en las nueve empresas que distribuyen el gas natural en todo el país; y a las dos empresas que distribuyen la energía eléctrica en el área de concesión de la Ciudad de Buenos Aires y los principales partidos del conurbano bonaerense, que son Edenor y Edesur. De modo tal que este aumento se va a ver reflejado ahora con las próximas facturaciones, y también eso aumenta en el precio de los productos porque le modifica las estructuras de costos a las industrias que elaboran los productos, y a los comercios que los venden y también lo trasladan luego a los precios y no siempre en la misma proporción, sino en general en una proporción aún mucho más mayor.
RR: Está muy claro Héctor. Esto quiere decir que va a haber más inflación, sin lugar a duda durante este año.
