Vecinos convocan a concentrarse este martes 12 de noviembre a las 12.00 en la Legislatura de Chubut para evitar que se apruebe por decreto del gobernador Buzzi la megaminería de uranio. Fuente: Puerta E

 
Si bien la ley La Ley 5001 vigente en Chubut, prohíbe la explotación minera a cielo abierto y con el uso de cianuro en todo el territorio provincial, se intenta abrir ahora la puerat al uranio.
La situación crítica que vive la Argentina en cuanto a la generación de energía, sería uno de los argumentos esgrimidos para un viejo proyecto de explotación de uranio en Chubut.
La posibilidad generar energía a partir de centrales nucleares, implicaría la necesidad de contar con uranio, y Chubut cuenta con reservas suficientes para cubrir ese abastecimiento para la demanda de todo el país.
La empresa Calypso Uranium Corporation expuso al conocimiento público en su momento el hallazgo de uranio en Cerro Solo de gran significancia.
En el interés nacional en la explotación de ese mineral estaría la justificación para un DNU que a su vez podría abrir la puerta a otro tipo de explotaciones.
Incluso por la relevancia del tema, habría sido motivo de parte de la conversación que el gobernador Martín Buzzi mantuvo el pasado martes en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, estando presente también el ex ministro Coordinador, Carlos Eliceche.
De hecho, un estudio jurídico de relevancia nacional, estaría trabajando en el armado de los instrumentos jurídicos para avanzar en el permiso de exploración con carácter excepcional.
Según lo establecido por el artículo 156 de la Constitución Provincial «el Poder Ejecutivo no puede bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente en casos de extraordinarias y grave necesidad que tomen urgencia, impostergable o imprescindible la adopción de medidas legislativas para asegurar los fines de esta Constitución, puede dictar decretos por razones de necesidad y urgencia con virtualidad de ley, los que son decididos en acuerdo general de Ministros».
Además «el decreto pierde efectos jurídicos si la Legislatura no lo ratifica con el voto de los tercios del total de sus miembros dentro del plazo de treinta días contados a partir de la fecha de su comunicación. El rechazo no puede ser vetado».
Por eso se convoca a movilizarse, para evitar que el parlamento provincial ratifique el decreto del Ejecutivo provincial. 

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