Este miércoles se publicó en el boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires la preadjudicación de las radios públicas de la Ciudad de Buenos Aires por los próximos 5 años, a la Unión Transitoria que conforman las firmas Green Umbrella Producciones SAS y JR Comunicaciones SRL. Los trabajadores y las trabajadoras de La Once Diez (AM 1110) y La 2×4 (FM 92.7) rechazan este intento de privatización encubierta porque se trata de una acción plenamente inconstitucional e ilegal, y afirman que es urgente que la justicia se expida.

A través de un comunicado, los trabajadores y las trabajadoras afirman que el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, incumple el mandato de la propia Constitución de la Ciudad, que en su artículo 47 garantiza la existencia de medios de comunicación propios, destinados a difundir la actividad oficial y a promover la cultura y la educación, bajo gestión estatal; y viola además el artículo 44 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece el principio de indelegabilidad de la explotación de las frecuencias asignadas a dichos servicios de comunicación audiovisual.

Los trabajadores señalan que la preadjudicación de Radio de la Ciudad (AM 1110) y La 2×4 (FM 92.7) a la Unión Transitoria, integrada por Green Umbrella Producciones SAS y JR Comunicaciones SRL, abre una serie de interrogantes sobre su idoneidad para asumir la gestión de las radios públicas.

“Incluso si dejáramos de lado la plena ilegalidad de este proceso, según la información disponible estas empresas no cuentan con antecedentes suficientes en la administración integral de emisoras ni en la gestión de medios públicos. La incorporación de actividades radiofónicas en el objeto comercial de Green Umbrella no demuestra experiencia efectiva en la operación de una radio. La trayectoria de JR Comunicaciones, en tanto, se vincula principalmente con la actividad gráfica. No tendrían entonces expertise en la gestión de medios públicos, ni podrían ser calificados como profesionales del rubro, tal como reclaman los funcionarios porteños; incumpliendo con la expectativa de que ‘un privado puede hacerlo mejor’, tal como declaró Jorge Macri al anunciar la licitación de los medios públicos de la ciudad. También plantean dudas los contratos que mantienen o mantuvieron con el gobierno porteño. En el caso de Green Umbrella, llama la atención además que uno de sus fundadores, Rodrigo Matías Morán, ocupó una banca en la Legislatura porteña en 2021 dentro del espacio Vamos Juntos, vinculado directamente al Ejecutivo de la Ciudad”, detallan.

Además, recuerdan que en una primera licitación, el gobierno porteño ya adjudicó el Canal de la Ciudad al empresario Augusto Marini, que está al frente del Grupo Cale, dueño de los streamings Carajo y Blender: “Llamativamente ahora Marini no querría avanzar con la concesión hasta que el gobierno porteño le garantice que el traspaso sea ‘sin empleados en el Canal’. Demostrando el desprecio por quienes desde hace años sostenemos y le aseguramos valor y calidad a los medios públicos de la ciudad”, afirman.

Es por todo esto que los trabajadores reiteraron su reclamo a los jueces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones, para que den lugar a la medida cautelar que ya cuenta con dictamen favorable de la Fiscalía General de dicha cámara, donde solicitan que “se frene este intento de ceder a un privado el patrimonio del público, que es el derecho a medios estatales, que cumplan el rol social de brindar comunicación de calidad, sin ataduras comerciales ni de otro tipo”.

“La causa que iniciamos contiene en su expediente con un informe favorable del ENaCom en el que los apoderados del organismo aseguraron que la licitación se encuentra ‘en colisión con expresas previsiones legales y reglamentarias, tendientes a precaver sobre la delegación de la explotación de los medios de comunicación autorizados en su favor’”, agregan.

“Los medios públicos cumplen una función esencial para la comunicación en una sociedad democrática: informar con criterios de interés general, dar lugar y promover todas las voces, fomentar la cultura y generar espacios de interacción para y con los vecinos de la Ciudad; funciones que difícilmente puedan sostenerse bajo la lógica exclusiva de la rentabilidad comercial.
Somos las y los profesionales que desde hace 99 años hacemos llegar el Teatro Colón a todo el país; quienes desde hace 26 años hacemos sonar el Tango en todo el mundo. Las radios de la ciudad no son un negocio. Son patrimonio público. Defender los medios públicos es defender el trabajo y el derecho a una comunicación democrática, plural y de calidad”, finalizan los trabajadores y las trabajadoras de las radios públicas de la Ciudad de Buenos Aires.

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