Se realizará este miércoles 25 de setiembre, a las 14, en la puerta de la planta, ubicada en Calle 9 Nº 1052 y del Canal, Pilar. En este marco, se denunciará la intervención policial en el reclamo que llevan adelante los trabajadores por la reincorporación de compañeros despedidos y mejoras en las condiciones laborales.
Contactos Trabajadores y Comisión Interna de Impresores S A: Alejandro Galarza 15-3051-3454 / Walter Galiano 15-6738-7736 / Germán Chávez 15-3133-0552 / Nahuel Cañete 15-2530-2321.
Reproducimos a continuación el comunicado de los trabajadores: “Luego de un prolongado e infructuoso periodo en el que se sucedieron una conciliación obligatoria, numerosas reuniones, cinco días de paro general y una tregua abierta unilateralmente por los trabajadores, el conflicto de Impresores sigue sin resolución.
En la última audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo la patronal rechazó cada uno de los puntos reclamados por la comisión interna empezando por la reincorporación de Diego Miranda. Incluso en medio de la interrupción de la huelga la empresa suspendió a otro activista con una causa inventada.
Ante esto las asambleas de los tres turnos votaron retomar el paro dentro de la planta, a partir del jueves 19, bajo la forma de una asamblea permanente.
En un hecho gravísimo y atentatorio contra los derechos sindicales en la madrugada del sábado irrumpió en el establecimiento un grupo de policías que intentó desplazar la asamblea del lugar en que se realizaba por “obstruir” el libre funcionamiento de la empresa, de acuerdo a la orden librada por el Juez de Garantías Nicolás Ceballos.
En lugar de sentarse a negociar la patronal apela a la judicialización del conflicto y la intervención policial, como ya lo hizo antes cuando una guardia de infantería desalojó los portones. Y cuenta para ello con la complicidad ostensible de todo el aparato estatal: jueces, fiscales, policías y funcionarios han actuado por acción u omisión en sintonía con la empresa.
Impresores S.A. es una de las gráficas más importantes de país, propiedad de la familia Recio, que somete a su personal a un régimen persecutorio y antisindical. Los más de cincuenta despidos en un año y medio, los descuentos brutales a los delegados por realizar tareas gremiales dentro de la planta, las sanciones arbitrarias y la negativa a otorgar cualquier reivindicación, hablan de la “dureza” de esta patronal (muy vinculada al Opus Dei, según diversas versiones).
Los trabajadores rechazaron la intervención policial y se mantienen en el lugar en cumplimiento de la medida de fuerza votada. Además interpusieron una denuncia ante el Ministro de Trabajo y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires exigiendo el retiro inmediato de los efectivos de las instalaciones y responsabilizando al Ejecutivo provincial por cualquier hecho represivo que pudiera ocurrir”.
