Organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales y políticas, comunidades originarias y personalidades que lanzaron un llamamiento nacional para exigir la absolución y sobreseimiento de las 19 personas que son llevadas a juicio a partir del 26 de octubre por haber participado del Jujeñazo en junio de 2023, realizarán una conferencia de prensa este lunes 14 de septiembre, a las 10, en la sede de ADIUNJU, ubicada en Necochea 270 de San Salvador de Jujuy.

Un mes después del Jujeñazo, la masiva movilización que reunió el reclamo de docentes y estatales por salarios con la defensa de los territorios de las comunidades originarias y el rechazo a la reforma constitucional impulsada por el entonces gobernador Gerardo Morales, que fue reprimida con más de 100 personas detenidas, y decenas de heridos, algunos con lesiones graves como la pérdida de la visión por disparos de balas de goma, se realizaron allanamientos y nuevas detenciones, a muchos se les inició una causa.

El expediente fue reactivado en octubre de 2024 cuando el juez Rodolfo Fernández lo elevó a juicio tras la solicitud del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, Diego Funes.

Todos los acusados forman parte de organizaciones sociales y sindicales.

Organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales y políticas, comunidades originarias y personalidades lanzaron un llamamiento para exigir la absolución y sobreseimiento de los diecinueve, denunciar un nuevo avance de la criminalización de la protesta social y exigir la investigación e imputación de los funcionarios implicados en la represión.

Los principales responsables del operativo represivo son el ex gobernador Gerardo Morales (hoy con residencia en China); su ministro de Seguridad Guillermo Corro; Diego Matías Suárez, secretario de Gobernación y el ex jefe de la Policía provincial, Horacio Herbas Mejías.

“Podemos sortear algunas imputaciones pero los cargos por resistencia a la autoridad va a ser muy complicado sortearlos. Para mí es fundamental que no lleguemos a juicio. Obviamente esto se va a pelear en las calles. Así como el jujeñazo fue un costo político brutal para Morales, este juicio no va a pasar sin ese mismo costo político para Carlos Sadir, el actual gobernador (…). Acá la injusticia es brutal, hay órdenes ilegítimas de funcionarios que motivaron una represión salvaje donde hubo jóvenes que perdieron un ojo, como Lian (Misael Lian Lamas, de 17 años), un estudiante secundario. Eso no puede no ser investigado, no puede no ir a juicio. Sin embargo están cerrándonos esa causa y a las víctimas, que resistieron esa represión ilegítima, se las está llevando a juicio (…). Esta causa es una revancha judicial, porque lograron imponer una reforma pero el costo político fue altísimo. Hoy Morales es un cadáver político”, señaló Mariana Vargas, abogada de seis de los procesados, en el programa “Dónde están las feministas”, de la CTA Autónoma.

Fuente: Canal Abierto

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