A tres años del “Jujeñazo”, 19 personas serán llevadas a juicio a partir del 26 de octubre. Organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales y políticas, comunidades originarias y personalidades lanzaron un llamamiento nacional para exigir su absolución y sobreseimiento y denunciar un nuevo avance de la criminalización de la protesta social.

“Abajo la reforma, arriba los salarios” fue la consigna que sintetizó el “Jujeñazo” de junio de 2023, la masiva movilización que reunió el reclamo de docentes y estatales por salarios con la defensa de los territorios de las comunidades originarias y el rechazo a la reforma constitucional impulsada por el entonces gobernador Gerardo Morales, que tuvo como respuesta una brutal represión que dejó más de 100 personas detenidas, y decenas de heridos, algunos con lesiones graves como la pérdida de la visión por disparos de balas de goma.

Además, se cuestiona el modo en que fue fijada la audiencia: “El 21 de agosto de 2026 fue rechazado el pedido de no fijar audiencia y apenas seis días después, con quejas en trámite, el 27 de agosto, se notificó un debate de enorme magnitud concentrado en diez jornadas”. El fin del juicio está previsto para el 6 de noviembre.

Mientras se acelera el proceso contra quienes participaron de la movilización, las organizaciones reclaman que la Justicia avance sobre quienes ordenaron la represión: “Seguimos reclamando que se investiguen las responsabilidades políticas y penales por la represión de junio de 2023, que dejó manifestantes con gravísimas lesiones, y que se avance también en la causa de Caspalá, donde se debate sobre el territorio de la Comunidad Originaria y la corrupción de los funcionarios del gobierno provincial”.

Para las organizaciones que impulsan el llamamiento, el juicio expresa una forma de disciplinamiento político: una movilización que logró poner en jaque al poder provincial de Morales y visibilizar la disputa por el territorio y el litio termina siendo convertida en una causa penal contra parte de quienes participaron. Entonces, el contraste entre una Justicia que avanza sobre los manifestantes y otra que no avanza sobre los responsables de la represión es precisamente el núcleo de la denuncia.

Entre los imputados hay docentes, trabajadores estatales (cuatro afiliados a ATE), referentes sociales y miembros de comunidades originarias.

Quienes quieran sumar su firma al petitorio por la absolución y/o sobreseimiento de los 19 perseguidos por el Jujeñazo, ingresar AQUÍ