Tras la filtración de un documento del ENACOM que advierte al gobierno porteño que su intento de licitar la AM 1110, la FM 2×4 y el Canal de la Ciudad se contrapone con las disposiciones del Artículo 44 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, desde la Asamblea de Trabajadorxs solicitan a la justicia que dé una respuesta a la demanda presentada en ese sentido antes del 12 de mayo, fecha prevista para la apertura de sobres de oferentes de la concesión.

A mediados de marzo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició el proceso de concesión a privados de los medios públicos porteños (AM 1110, FM 2×4 y el Canal de la Ciudad). Desde ese momento, los trabajadores y las trabajadoras de los medios rechazaron esta medida al considerarla una privatización encubierta, que viola el artículo 44 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, además del artículo 47 de la Constitución local.

En este marco, llevaron adelante distintas acciones como la realización de una conferencia de prensa frente a la Legislatura, un festival de Tango, un petitorio para el que ya se juntaron miles de firmas, además de la presentación de demandas tanto ante la justicia nacional como porteña.

A nivel nacional, la demanda fue sorteada en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 12, que dio intervención al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para que se expida sobre el tema antes de definir la resolución del pedido de cautelar.

Según trascendidos, el ENACOM habría advertido sobre la colisión de aquello que quiere realizar el gobierno porteño con la legislación vigente previniendo sobre la posibilidad de sanciones.

Según un documento que se filtró el jueves pasado, pero que lleva fecha del 10 de abril, es decir previo incluso a la presentación de los trabajadores y trabajadoras, el interventor del ENACOM, Juan Luis Ozores, advirtió que la licitación que pretende llevar adelante el gobierno de Jorge Macri se contrapone con las disposiciones del artículo 44 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que establece el principio de “indelegabilidad” de los servicios de comunicación al establecer que su explotación, adjudicada mediante licencia o autorización, “será realizada por su titular” y expone los criterios por los cuales su delegación “configura falta grave”.

Esta indelegabilidad de la prestación “obedece al mantenimiento de la titularidad efectiva de la explotación de la emisora por quienes accedieron a la condición de licenciatario por estar calificados para la misma, y que en forma previa fueron evaluados por la Autoridad de aplicación”, indica el documento.

Y finaliza: “En conclusión, de persistir con el proceso licitatorio, este Organismo se verá obligado a iniciar el correspondiente proceso sancionatorio”.

Al conocerse este texto, los trabajadores y las trabajadoras de los medios públicos le solicitaron al Juzgado que habilite e días y horas inhábiles para que la justicia falle a favor de la Cautelar antes de la apertura de sobres de oferentes prevista para el 12 de mayo.

También se expresó al respecto en redes sociales, la legisladora de Fuerza por Buenos Aires y una de las autoras de la Ley de Medios, Graciana Peñafort, que en su mensaje se dirigió directamente a Jorge Macri: “Tenía que decirte que la idea de privatizar los medios de la ciudad NO va a funcionar. Ya te lo dije hace un tiempo: (…) no solo porque contradice la Constitución de la CABA, sino porque la ley de servicios de comunicación audiovisual no permite hacer esas cosas. Y si pensás que lo digo por kuka obstruccionista, te voy señalando que en efecto soy kirchnerista (peronista para mayor precisión), pero créeme que del tema sé básicamente porque yo escribí la ley 26.522, que es la ley que tu proyecto privatizador viola sin pudores. Pero veras, gente que no es kuka como yo te dice formalmente lo mismo, básicamente porque tiene la obligación de hacer cumplir la ley. Mi consejo legal y gratuito es que cambies de idea (y de asesores en la materia) porque el que te convenció de firmar esa privatización ilegal no te cuido un carajo y sabe de marco regulatorio de las comunicaciones lo mismo que yo de física cuántica. Pero si querés hacer algo copado y bien hecho con los medios públicos de la CABA, desde ‘Fuerza por Buenos Aires’ elaboramos un proyecto de ley que crea un sistema de medios públicos para la ciudad que te permitiría administrarlos mejor”.

Cabe señalar que los trabajadores y las trabajadoras de los medios públicos también presentaron un proyecto de ley que apunta a la conformación de un Ente Autárquico de Comunicación Audiovisual, tal como lo estipula el artículo 47 de la Constitución de la Ciudad: “La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emisores y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garantiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional de los periodistas. El Poder Ejecutivo gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución estatales mediante un ente autárquico garantizando la integración al mismo de representantes del Poder Legislativo, respetando la pluralidad política y la participación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación social, en la forma que la ley determine. Los servicios estatales deben garantizar y estimular la participación social”.

En el proyecto presentado, los trabajadores y trabajadoras señalan que este Ente debe tener competencia sobre “los servicios de radiodifusión y teledistribución estatales en el ámbito porteño LS1 Radio de la Ciudad (anteriormente denominada Radio Municipal), en sus frecuencias AM 1110 kHz y FM 92.7 MHz “La 2×4” y la señal de televisión Canal de la Ciudad, así como los medios de radio, televisión y nuevos formatos y expresiones tecnológicas aplicadas a los medios de comunicación masivos que en un futuro el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cree o disponga”.

Es por todo esto que desde el primer día que se conoció la intención de licitar los medios públicos sus trabajadores y trabajadoras le exigen al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, que cumpla la ley y frene la concesión por ser ilegal e inconstitucional.

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