Así lo dictaminó la titular del Juzgado Federal N°2 de San Martín, Alicia Vence, en el marco del Juicio por la Verdad respecto a los fusilamientos ocurridos el 9 de junio de 1956 en los basurales de José León Suárez. En el fallo, se responsabilizó al Estado por la planificación, ejecución y encubrimiento de estos fusilamientos, que fueron descriptos por Rodolfo Walsh en su libro “Operación Masacre”, y se ordenó una serie de medidas reparatorias.

La sentencia leída por la jueza Vence calificó los hechos como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado por alevosía en cinco oportunidades y en grado de tentativa en otros siete casos. Aunque todos los responsables de los fusilamientos fallecieron, la magistrada indicó que, de estar con vida, todos deberían haber recibido la pena de prisión perpetua.

Si bien el fallo no tiene efectos punitivos, la justicia federal en el marco de este juicio por la verdad, consideró los fusilamientos ocurridos en el basural de José León Suárez como crímenes de lesa humanidad.

Para la justicia federal quedó probada la responsabilidad del general Pedro Eugenio Aramburu y el Almirante Isaac Rojas, como autoridades máximas que ordenaron el hecho, y el coronel Desiderio Fernández Suárez, el inspector de policía Rodolfo Rodríguez Moreno y el subjefe Cuello como responsables operativos de los fusilamientos.

En diálogo con la Agencia Andar, Laura Lagar, ex integrante de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de General San Martín y actual integrante del Movimiento de Derechos Humanos de esa localidad, explicó que para llevar adelante este juicio por la verdad se tomó como antecedente el juicio por la verdad realizado en 2022 por la llamada Masacre de Napalpí, a partir del que la justicia reconoció la muerte de 500 indígenas Qom y Moqoit en 1924, a manos de la policía de la provincia del Chaco.

“Con ese antecedente desde la Comisión por la Memoria de San Martín nos preguntamos por qué no hacer un juicio similar y nos reunimos con los familiares de Carranza, Garibotti y Rodríguez, que vinieron en representación del resto. Las familias aceptaron ir a juicio por la verdad con el acompañamiento de la Comisión (…). En 2023, cuando fueron los primeros testimonios para armar el juicio, los familiares quedaron muy mal, porque era recuperar, recordar y trasmitir aquellos hechos, volver a vivenciar ese dolor. A diferencia de los familiares de los ’70 que se unieron, como Madres, Abuelas y otros organismos de derechos humanos, en este caso las familias estaban solas y no había una comunidad de organismos detrás que pudiera acompañar ese reclamo”, relató Lagar.

Lagar celebró además que este juicio sirva para sacar del olvido los hechos ocurridos hace 70 años, sobre todo teniendo en cuenta el contexto actual. En este punto, hizo una especial mención a que en febrero de este año, el presidente Javier Milei designó al nieto de Desiderio Fernández Suárez, Leandro Fernández Suárez, como embajador en argentino en México.

En tanto, entre las medidas reparatorias dictadas por la jueza Vence se encuentra la exhortación al Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires y a la Secretaría de Educación de la Nación a incluir dentro de los diseños curriculares el estudio de los hechos ocurridos hace 70 años, e insta además a la creación de un espacio de memoria en el predio donde estaban los basurales de José León Suárez.

“Recuperar la memoria es el punto más importante. Traerlo al hoy y que la gente sepa lo que pasó y haya una identidad con lo sucedido. Significa que los familiares y la comunidad puedan tener un espacio para recordarlos. Que empiece a estar en las escuelas significa que sean parte de la historia. Que dejen de estar negados. Si bien no es justicia, ya que pasaron 70 años, pero sí ayuda a cerrar parte de esa herida. Ahora la historia está corroborada por la justicia”, agregó Laura Lagar en diálogo con la Agencia Andar.

Fuentes: Agencia Andar / La Retaguardia.

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