Con 44 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención, la Cámara Alta convirtió en ley la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que dispone la baja en la edad de imputabilidad de los adolescentes que cometan delitos de los 16 a los 14 años, entre otros puntos. Compartimos la declaración de la Comisión Provincial por la Memoria y una nota de la Agencia Pelota de Trapo.
Declaración de la CPM: Baja de edad de punibilidad

Durante muchos años el debate por la baja de edad de punibilidad y los proyectos que se presentaban carecieron de estudios serios y rigurosos, de datos confiables y análisis complejos sobre un fenómeno que nos preocupa a todos.

Desde la Comisión Provincial por la Memoria advertimos reiteradamente que bajar la edad de responsabilidad penal, juzgar y encerrar a niños y jóvenes cada vez más pequeños no resuelve el problema de la inseguridad ni combate o previene el delito. Esto sólo profundiza la criminalización de la pobreza y elude una responsabilidad central del Estado: garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñeces.

La violencia que crece en nuestra sociedad se produce por múltiples causas, de las que el Estado es el mayor responsable. La desigualdad afecta y profundiza la vulnerabilidad de muchos de nuestros pibes y los somete a múltiples violencias que los gobiernos no sólo no resuelven con políticas adecuadas sino que profundizan con más violencia de sus organismos de control.

Implementar políticas de niñez efectivas implica dotarlas de presupuesto suficiente para sostener los dispositivos de contención y acompañamiento previstos por el sistema de promoción y protección de derechos de las niñeces. La ley provincial y la nacional fueron muy buenas al sancionarse pero nunca, desde su puesta en marcha hace casi 20 años, se las dotó de los recursos necesarios para hacerlas operativas y efectivas. Sin recursos para la promoción y protección de derechos se incrementaron los presupuestos y fondos para las fuerzas de seguridad, que lejos de prevenir los delitos los regulan pactando con las redes del narcotráfico y otros delitos complejos que crecen en los territorios.

La justicia penal juvenil también tiene su parte de responsabilidad en el agravamiento de esta situación al no garantizar derechos. En lugar de profundizar la especialización del fuero se asemeja cada vez más a las prácticas judiciales de los adultos.

Los lugares de encierro para niños y jóvenes son cárceles donde el régimen puede incluso ser más grave que el de las cárceles de adultos. Lo venimos denunciando desde hace 20 años. Hemos monitoreado cómo el sistema de justicia y encierro para jóvenes se adultizaba y carcelizaba sin que ninguno de los tres poderes del Estado revirtiera este camino.

Los datos rigurosos que dan cuenta del fenómeno delictivo juvenil fueron ignorados completamente por el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación que se tratará esta semana en la Cámara de Senadores.

En la provincia de Buenos Aires (que representa casi la mitad de hechos delictivos del país) en 2025 los menores de 18 años cometieron 88 homicidios dolosos. De estos sólo 25 fueron realizados por menores de 16 años, los que hoy son no punibles. En el mismo año ingresaron a las cárceles de jóvenes 1.236 menores de 18 años, de los cuales 276 (22%) eran no punibles, es decir menores de 16 años.

Los menores de 16 años que cometieron homicidios ya son detenidos hoy en la provincia de Buenos Aires a partir de la aplicación de una “medida de seguridad” que los jueces utilizan en estos casos. Y no sólo están detenidos los 25 jóvenes que cometieron homicidios, sino que estuvieron también detenidos otros 225 jóvenes que cometieron delitos de abuso sexual o robo agravado y pasaron por el sistema de encierro. Si el gobierno declama que la solución es la cárcel, estos datos muestran claramente que este proyecto no lo resolverá.

En la mayoría de estos casos, los jóvenes cometieron delitos anteriores y tienen problemas de consumo problemático de drogas; en otros, fueron captados por redes delictivas. ¿El Estado no puede pensar en políticas para trabajar sobre este pequeño universo y prevenir que llegue a cometer esos delitos graves? Políticas de salud mental y de prevención y asistencia frente al consumo de estupefacientes, políticas educativas que incluyan y generen verdaderas oportunidades y alternativas para evitar el ingreso al mundo del delito, políticas que eviten que lleguen a esos delitos graves, que limiten el acceso a las armas.

Políticas sociales que garanticen derechos, no políticas punitivas que los restrinjan sin fundamentos.

Bajar la edad de punibilidad sólo redundará en más detenciones por delitos menos graves; los imputados se alojarán en cárceles juveniles donde está probado que la reeducación y responsabilización no existen: tiempo de aislamiento que supera las 18 horas diarias, deficiente o nulo acceso a la educación o formación laboral, torturas y malos tratos para castigarlos, falta de abordaje con la familia y el entorno de los jóvenes para acompañar su reinserción.

A partir del monitoreo desarrollado en los centros cerrados de la provincia de Buenos Aires que se registra en el Informe Anual 2025 de la CPM, 531 jóvenes entrevistados denunciaron 1.416 hechos de tortura y/o malos tratos: agresiones físicas, agresiones verbales o psicológicas, falta o deficiente asistencia de la salud, falta o deficiente acceso a la justicia, aislamiento extremo, afectación del vínculo familiar y social, falta o deficiente acceso a actividades deportivas, culturales, recreativas y/o laborales, falta o deficiente acceso a educación, malas condiciones materiales, falta o deficiente ejercicio de la participación, falta o deficiente alimentación, requisa vejatoria y/o violenta, traslados violatorios de derechos, falta o deficiente acceso a pertenencias, amenazas y violencia policial.

Esta reforma consagra el fracaso de las políticas de niñez. No mejorará nada la seguridad de la ciudadanía y, por el contrario, producirá más violencia y más inseguridad.

La CPM ha expresado la urgencia en derogar el decreto ley 22.278/80, Régimen Penal de la Minoridad, impuesto por la última dictadura militar y la necesidad de sancionar una ley de responsabilidad penal juvenil que actúe como subsidiaria de la ley 26.061 y acorde a las normativas internacionales con rango constitucional en nuestro país. Pero estas normas deben reformarse para mejorar el sistema, no para empeorarlo.

Debemos insistir en que los problemas sociales ocasionados por la desigualdad no se resuelven con el sistema penal, menos aun tratándose de niños y niñas con quienes el Estado tiene una especial obligación de proteger derechos y estar presente mediante instituciones que promuevan su ejercicio: hay que fortalecer y dotar de más presupuesto a las escuelas, los centros comunitarios, los dispositivos de salud, los clubes de barrio.

De más está decir que la reforma atenta contra la Constitución nacional y los pactos internacionales de derechos humanos, como la Convención de Derechos del Niño. Esta ley crea un sistema de persecución juvenil que es más grave que el que se aplica a los adultos y es, a todas luces, inconstitucional.

La retórica y los discursos utilizados para promover este proyecto apelaron a un imaginario social racista y clasista. Segregan a un otro diferente presentado como el enemigo social al que se debe controlar, reprimir, expulsar, encerrar y torturar. Incluso matar. Discursos para la tribuna que no van a resolver los problemas que se plantean.

Múltiples actores que trabajan con niñeces y organismos han señalado éstos y otros argumentos contra este proyecto que baja la edad de punibilidad. Parece que el Congreso no escucha ni debate seriamente.

Una vez más, la democracia se achica y el autoritarismo crece.

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La infancia: el enemigo a encerrar

Después de décadas de intentos fallidos, finalmente –pactos espurios mediante- se sancionará la baja en la edad de punibilidad a 14 años. En una semana y un momento históricos que quedarán marcado en los almanaques por ésta y otras leyes, se opta por el castigo y el encierro y no la política social destinada al cuidado integral. Por Claudia Rafael – Agencia Pelota de Trapo (Publicada horas antes de la aprobación de la ley en el Senado).

La historia de la penalización de la infancia ha estado atravesada por los espasmos políticos y sociales de cada época. A pesar de eso, una y otra vez, los caballitos de batalla han sido los mismos. Cáncer social. Cultivadores del crimen. Puerta giratoria. Delito de adulto, pena de adulto. El que las hace las paga. El Estado es incapaz de contener el peor de todos los delitos violentos, que es el delito juvenil. En todo caso, cambian algunos actores. Mientras otros, se repiten en papeles horribles dentro de películas de mala muerte.

En apenas unas horas –y ya parece que ya no habrá freno- se tratará en el congreso (la C mayúscula se perdió hace rato a juzgar por el comportamiento de quienes ocupan bancas) la baja en la edad de punibilidad.

Pero a no caer en engaños. Si bien la edad para punir una persona está fijada en los 16 años, en la práctica hay decenas y decenas de pibes encerrados con bastante menos. En la provincia de Buenos Aires, por tomar un ejemplo radiográfico, hay casi 90 chicos (la absoluta mayoría son varones) con medidas privativas de libertad habilitadas por el artículo 64 de la Ley 13.634. El más niño de todos los niños tiene apenas 13. Siempre hay un modo para que el sistema concrete sus deseos más medulares.

Específicamente son 89 los chicos que cumplen alguna medida de seguridad en la provincia. Hay 59 que no llegan a los 16 (apenas 2 son mujeres) y 30 que si bien ya cumplieron los 16 el delito por el que se los imputa ocurrió antes de esa edad. En definitiva, la no punibilidad no impidió la medida de encierro para 51 de ellos y otro tipo de restricciones a su libertad para los restantes.

Cuando hace apenas unos días la Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad dio a conocer los números, mencionó 55.925 delitos en todo el país imputables a menores de 16 años a lo largo de 8 años. La absoluta mayoría, delitos contra la propiedad. En las cifras, mezclan agua con aceite porque no fraccionan las edades del mismo modo para delitos contra la propiedad y homicidios dolosos. Ya que, en estos últimos, dividen de 0 a 14 y, luego, de 15 a 19. Y en lo relativo a robos, hurtos o daños la división es: 0 a 15, 16 a 17 y mayores de 18. De ese modo, los resultados llevan a pensar que hay un mayor número de homicidios dolosos de los reales. Y, más allá de que el dolor de los afectos de una víctima fatal es inconmensurable y el vacío los atravesará por siempre, la baja en la edad de punibilidad no será la solución mágica que impedirá un delito. Lo único que podría hacerlo no dependerá de esa ley sino de una política social real, concreta, tangible que el estado no está dispuesto a desarrollar porque, lisa y llanamente, implicaría un cambio de modelo económico.

Renunciar al porvenir
¿Algo de toda esta parafernalia punitiva va a modificar las vidas cotidianas de la gente común? ¿De la que sufre de pobreza, de inseguridad, de enfermedades evitables, de falta de trabajo o del tan multiplicado pluriempleo de este presente aciago? Y más aún ¿va a transformar las vidas adolescentes que los incontables golpes de dolor y abandono diario condujeron a prácticas rayanas con la ilegalidad? Sobre todo, si se tiene en cuenta que ronda apenas el 2 por ciento la cifra de delitos cometidos dentro de esa franja etaria.

¿Cuál es el punto de partida en el que debe posicionarse una sociedad para hablar de su infancia? ¿El instante en que se comete un X delito por el que los engranajes del Poder Judicial, la policía, los organismos estatales se pondrán en marcha para intervenir?

En septiembre de 2008, Miguel Semán publicaba en APe la historia de una mujer que con sus “cinco hijos, después de ser exhibidos en televisión como ejemplares de una fauna exótica y autóctona, se aparecieron en la municipalidad de Moreno para pedir ayuda. Los funcionarios de minoridad reconocieron, sin culpas, que hasta ese momento, no se habían enterado de su existencia”. De ese ejemplo, que se repite como un eco infinito –y cada vez con más y más frecuencia- ¿ninguno de los hacedores y ejecutores de leyes y decretos aprendió algo?

Hay que ser del barro para decir, como pronunció Evita hace casi 80 años, que desproteger a la infancia es renunciar al porvenir. Entonces, por más que los escribidores seriales de miseria propugnen penalidades a los cuatro vientos, no se trata de castigo y reja sino de algo mucho más profundo que una ley no es capaz de dar. ¿Es necesario, para entender la frase, recurrir a la ristra de derechos otorgados en los papeles a los millones de niños y niñas? ¿Esos que leen en un cartelón en la entrada de la escuela que les enuncia que tienen derecho a una vivienda digna, a la salud, a la educación, a la identidad pero después regresan a casa y el techo no está, la vivienda es un vagón ocupado y la enfermedad una compañía ineludible porque no hay cura fácil para quien nada tiene?

Porque, después de todo, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Y la ley no es otra cosa que el resultado de las negociaciones, del intercambio de pactos entre esos hombres y mujeres que mes a mes reciben entre 7 y 9 millones y medio de pesos (sin representar a nadie más que a sus propios intereses), y no la consecuencia clara y transparente de las luchas de un pueblo por verdadera justicia y equidad.

Puertas cerradas
Es extraña la condición humana. En un mismo ser pueden conjugarse las más bellas obras y también las más abyectas ideas. Por caso, un 9 de noviembre de 1914 el médico Luis Agote descubrió que la utilización de citrato de sodio en una transfusión permitía que la sangre se mantuviera en estado líquido y se salvaron así millones de vidas. Y cuatro años más tarde sería el padre de la Ley de Patronato de Menores que propugnaba arrancar de sus familias a los niños hijos de inmigrantes socialistas o anarquistas para criarlos bajo la tutela del Estado[1]. Una legislación que marcó los rumbos del país en su vínculo con la infancia durante largo rato.

El vaivén de la edad punible fue permanente, desde que en 1921, por el Código Penal de la Nación, se la ubicó en 14. De ahí en más osciló entre los 14 y los 16 a través de las décadas. Hubo en los últimos años infinitos intentos de reubicarla en los 14, e incluso de posicionarla en los 13 –con algunas voces que propugnaban edades más bajas aún- con proyectos que nunca pasaron de la media sanción.

Más allá de esos embates jurídicos que no han hecho más que evidenciar la hilacha suelta de diputados y senadores que deliberan y gobiernan en nombre del pueblo, la raíz de la problemática nunca ha sido abordada. Eso que con tanta claridad definió el juez de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, Rodrigo Morabito, en una carta abierta al presidente en la que define que “el derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo” y que “la cárcel no devuelve lo que la infancia perdió. El castigo no sustituye a la presencia estatal que faltó cuando aún había margen para prevenir”.

Porque ese derecho penal arriba al presente de ese pibe ya envenenado por la rabia tras los golpes de una historia que sólo le deparó puertas cerradas.

Cuando mañana una mayoría de senadores le dé la estocada final al Régimen Penal Juvenil coronará una farsa: instalar en esa parte de la sociedad que aún sigue creyendo en los espejitos de colores que le vende el poder político que empezarán a poner fin al problema de la inseguridad.

Esa mayoría de senadores, que concluirán la tarea de sus pares de la Cámara Baja, marcarán este viernes los calendarios con la tinta de la infamia. Con la connivencia de demasiados, el atronador silencio de mucha gente buena y la resistencia por racimos de tantos otros.

Mientras tanto, de seis a siete niñas, niños y adolescentes de cada diez viven hundidos en la pobreza y ninguna de las leyes que este viernes serán sancionadas darán vuelta, mínimamente, esa perversidad. Por el contrario, la profundizarán.

[1] Parte de su discurso en el Congreso decía: “Los señores diputados habrán visto en aquellos días que hoy llamamos ‘la semana trágica’, que los principales autores de los desórdenes, que los que iban a la cabeza en donde había un ataque a la propiedad privada o donde se producía un asalto a mano armada, eran los chicuelos que viven en los portales, en los terrenos baldíos y en los sitios obscuros de la capital federal”.

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