Organizaciones de niñez presentaron en la CTA diez razones para que el Senado rechace el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de punibilidad de 16 a 14 años, y se tratará este viernes junto a la denominada Reforma Laboral. Convocan a movilizarse. Por Canal Abierto.
Organizaciones sindicales, sociales y políticas, del apostolado y redes de organizaciones que trabajan por los derechos de las infancias y adolescencias realizaron una Conferencia de Prensa en la sede de la CTA Autónoma para difundir su posicionamiento respecto del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil del oficialismo que propone reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
Las organizaciones llamaron a movilizar el viernes en todo el país y rechazar los proyectos de Reforma Laboral y de reforma del Régimen Penal Juvenil.
Presentaron y dieron lectura a un documento consensuado en el que establecen diez razones para rechazar la propuesta oficial:
- Bajar la edad de punibilidad de los 16 a los 14 años es inconstitucional porque viola el principio de no regresividad del derecho internacional de los DDHH y los derechos del niño;
- la gravedad en torno a que no establece un tiempo máximo de detención para la prisión preventiva diferenciado del de lxs adultxs y la falta de escalas penales;
- la ausencia de revisión periódica para la reintegración social;
- la ausencia de un sistema de progresividad de la pena y de un sistema de ejecución especial para los adolescentes;
- la falta de previsión para los “no punibles”: el Gobierno impuso el proyecto de baja de edad de punibilidad planteando que los adolescentes no punibles (los que hoy tienen menos de 16 años) son “utilizados por las bandas criminales y por el narcotráfico”. Más allá de lo perverso de castigar a las víctimas -si alguien es utilizado por su situación de vulnerabilidad, no debe de ser castigado, sino protegido-, el proyecto con media sanción NO PREVÉ NINGUNA RESPUESTA PARA LOS NO PUNIBLES MENORES DE 14 AÑOS. Es decir: deja en la absoluta intemperie a los niños que quedan por debajo de la edad de punibilidad;
- el incumplimiento de la ley de Educación Secundaria Obligatoria;
- la falta de políticas de reinserción;
- la ausencia de presupuesto para la implementación de las medidas alternativas;
- es un proyecto que va de la mano con la reforma laboral: se intenta desmontar un sistema de protección de derechos laborales, por un lado, y de las infancias y adolescencias por el otro; y que implica el encierro de niñas y niños.
- Si votan esta ley, concluye el documento, si el Senado convalida este crimen social, haremos todo lo posible y más para que no se aplique.
“Este es un tema que resurge ante cada gobierno de derecha. Nosotros siempre hemos estado en contra de punir a nuestros jóvenes y adolescentes. Debemos construir una sociedad más justa, y para eso necesitamos un modelo diferente”, sostuvo la docente María Reigada, referente del SUTEBA y actual senadora provincial. “Quitarle derechos los trabajadores y trabajadoras, es lo mismo que quitarle el derecho a sus hijos e hijas”.
La defensora de niños, niñas y adolescentes, Vanesa Salgado, agregó: “El sistema penal no persigue delincuencia, persigue pobres que a veces cometieron delitos. El sistema penal no reeduca, no resocializa, sólo castiga, organiza la crueldad, y esa es la verdadera discusión”. Y destacó un dato contundente: “El presupuesto para esta ley punitiva es equivalente al dinero que se necesitaría para restablecer las becas Progresar que eliminó este gobierno”.
“No hay escalas penales, y ese es un punto grave. No hay criterio para establecer condenas y eso implica que hay un componente clasista en la imposición de las penas. No va a ser igual el tratamiento para una familia de clase media de Caballito que para una familia trabajadora que no puede garantizar la custodia en una eventual domiciliaria”, sostuvo la abogada de derechos humanos Claudia Cesaroni.
El cierre de la conferencia estuvo a cargo del secretario General de la CTA, Hugo “Cachorro” Godoy, quien afirmó: “este proyecto muestra que el objetivo central de este gobierno no es instalar la libertad, sino construir un estado represor que atente contra los derechos de los trabajadores y sus hijos. El viernes se van a tratar los dos temas juntos, y vamos a estar juntos en el Congreso y todas las plazas del país expresando el rechazo a ambos proyectos”.
Como sostuvo en la movilización contra la Reforma Laboral, Omar Giuliani, coordinador de la FeNaT – CTAA y trabajador del Hogar y Escuela Ruca Hueney, de General Rodríguez: “Quieren que nuestros pibes y pibas nazcan pobres y crezcan presos”.
Las organizaciones de la infancia estuvieron acompañadas por las legisladoras de la ciudad Alejandrina Barry (FIT, mandato cumplido) y Maru Bielli, y la diputada nacional por Unión por la Patria Paula Penacca, y por referentes de ambas CTA encabezados por Godoy, anfitrión del evento.
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Documento presentado por las organizaciones de niñez:
10 RAZONES PARA QUE EL SENADO DE LA NACIÓN NO VOTE EL PROYECTO QUE VIENE CON MEDIA SANCIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
1) BAJAR LA EDAD DE PUNIBILIDAD DE LOS 16 A LOS 14 AÑOS ES INCONSTITUCIONAL
Viola el principio de no regresividad vigente en el derecho internacional de los derechos humanos: no se puede retroceder en un derecho ya adquirido.
Viola la prohibición enunciada por el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismos que integran tratados con jerarquía constitucional.
El porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes menores de 16 años es ínfimo, por lo que la medida no resuelve la inseguridad y profundiza la estigmatización. El enfoque punitivo contra niñxs es ilegal e inconstitucional, contraviniendo normativas superiores que buscan la protección y no la penalización de las adolescencias y niñeces.
2) CUESTIONES RELATIVAS A LAS PENAS
No se establece un tiempo máximo de detención para la prisión preventiva diferenciado del de lxs adultxs.
Se otorga un rol de control permanente y que, objetivamente implicará un recorte de derechos para lxs niñxs/adolescentes, a las víctimas.
Las llamadas penas alternativas del art. 12 tienen un carácter profundamente clasista. Ya que sus requisitos pueden ser cumplidos solamente por familias con muchos recursos.
El proyecto establece un régimen sancionatorio SIN ESCALAS PENALES. En efecto, se dispone, para los delitos más graves, una pena máxima de 15 (QUINCE) años. Es decir, para una franja que hasta hoy NO es punible, se impone un tiempo de prisión similar o mayor a su tiempo de vida, pero no se establece ningún criterio para los delitos menos graves en cuanto a cómo determinar el monto de pena.
3) AUSENCIA DE LA REVISIÓN PERIÓDICA PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL
El proyecto NO establece ningún régimen progresivo que garantice el principio de reintegración a la vida social de lxs adolescentes. La reintegración social es el único objetivo que puede tener la imposición de una pena a una persona menor de edad, conforme lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, y para ello es imprescindible revisar periódicamente las penas.
4) AUSENCIA DE UN SISTEMA DE PROGRESIVIDAD DE LA PENA Y DE UN SISTEMA DE EJECUCIÓN ESPECIAL PARA LOS ADOLESCENTES
No solo no se cumple con el principio de revisión periódica -pensemos que, para una pena de prisión de quince años, la llamada libertad condicional, que es en realidad cumplir la pena con medidas alternativas a la prisión, se daría recién a los diez años-, sino que se establece un régimen que es peor que el de los adultos: no hay progresividad de la pena, no hay salidas transitorias, HAY CUMPLIMIENTO DE LA PENA CON PRIVACIÓN DE LIBERTAD, SIN PISAR LA CALLE, HASTA CUMPLIDOS LOS DOS TERCIOS DEL TIEMPO DE CONDENA.
5) NO EXISTE NINGUNA PREVISIÓN PARA LOS “NO PUNIBLES”
Este gobierno impuso el proyecto de baja de edad de punibilidad planteando, en su mensaje al Congreso cuando lo presentó, que los adolescentes no punibles (los que hoy tienen menos de 16 años), son “utilizados por las bandas criminales y por el narcotráfico”. Más allá de lo perverso de castigar a las víctimas -si alguien es utilizado por su situación de vulnerabilidad, no debe de ser castigado, sino protegido-, el proyecto con media sanción NO PREVÉ NINGUNA RESPUESTA PARA LOS NO PUNIBLES MENORES DE 14 AÑOS. Es decir: deja en la absoluta intemperie a los niños que quedan por debajo de la edad de punibilidad.
6) NO SE CUMPLE CON LA LEY DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Los artículos 30 al 33 se refieren a las condiciones de detención. En primer lugar, se dispone una particular diferenciación por “identidad cultural y educativa”, entre otros factores.
El art. 31 utiliza el término “garantizar” para referirse a la atención médica, psicológica y psiquiátrica.
El art. 32 se refiere a “actividades formativas y de capacitación laboral”. En ningún momento se establece la garantía de la educación secundaria obligatoria.
7) NO EXISTEN POLÍTICAS DE REINSERCIÓN
En todo el articulado de la media sanción no se mencionan políticas públicas concretas que faciliten el retorno a la vida en libertad para adolescentes, una vez cumplida su condena. No están previstos organismos públicos que contribuyan a ese retorno, ni se destinan partidas específicas para acompañar esos procesos.
8) NO SE DESTINA PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS
Desde la asunción de Javier Milei a la presidencia de la Nación, las políticas de destrucción del Estado social han avanzado de modo brutal, con particular incidencia a los sectores más vulnerados de nuestro pueblo. Niñas, niños y adolescentes padecen el deterioro del sistema educativo y sanitario públicos, así como la ausencia de políticas de promoción y protección de sus derechos. Las y los trabajadores que se dedican a niñas, niños y adolescentes sufren condiciones de precarización laboral, se han cerrado programas específicos, y se echó a miles de trabajadorxs del Estado nacional.
9) ESTE PROYECTO VA DE LA MANO CON EL PROYECTO DE REFORMA LABORAL
En un caso se trata de esclavizar trabajadoras y trabajadores; en el otro de encerrar a sus hijas e hijos. Se intenta desmontar un sistema de protección de derechos -laborales, por un lado, de las infancias y adolescencias por el otro-, ofreciendo a cambio una supuesta e inexistente negociación “entre iguales”; y a niñas y niños tratarlos como asesinxs peligrosxs.
10) SI VOTAN ESTO, SI FINALMENTE SE VOTA EL ENCIERRO DE NIÑAS Y NIÑOS, SI EL SENADO CONVALIDA ESTE CRIMEN SOCIAL, HAREMOS TODO LO POSIBLE Y MÁS PARA QUE NO SE APLIQUE
Las organizaciones gremiales, de protección de los derechos de las infancias y adolescencias, de derechos humanos, las personas y colectivos que trabajan en los territorios con pibas y pibes, las iglesias, los espacios de atención social, las abogadas y abogados militantes buscaremos todas las vías para que este artefacto jurídico se declare inconstitucional. Iremos a los tribunales locales e internacionales. Y daremos todas las batallas necesarias para que, otra vez, lxs únicxs privilegiadxs sean lxs niñxs.
