El Gobierno desmanteló el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), una herramienta clave que salva la vida de casi siete mil bebés al año en Argentina. Este programa, que fue creado en 2008 y con ley desde 2023, permite que los bebés que nacen con cardiopatías congénitas lleguen a centros de complejidad que necesitan. El neonatólogo Orlando Restivo asegura que esta medida traerá graves consecuencias. Por Orlando Restivo (*) – Publicado en Revista Cítrica.
Las cardiopatías congénitas son una de las patologías más frecuentes en neonatología; probablemente, las de mayor incidencia por encima de las neurológicas o los errores metabólicos. Sin embargo, la realidad asistencial es crítica: en más del 90% de los hospitales del Gran Buenos Aires no existe la capacidad técnica ni la infraestructura para resolver estos cuadros. Las excepciones son contadas: el Hospital Sor María Ludovica de La Plata y el Hospital Posadas.

Hoy, ambos centros atraviesan crisis profundas. El Ludovica padece graves problemas de infraestructura y falta de personal, mientras que el Posadas -bajo órbita nacional- sufre despidos y un desfinanciamiento progresivo. En este escenario, la liquidación del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas representa un problema de una gravedad incalculable.

El programa no es solo un nombre en un presupuesto. Este programa es la herramienta que coordina las derivaciones a centros de alta complejidad, como el Garrahan, y financia insumos que son inalcanzables para cualquier familia o municipio. Hablamos de válvulas, equipamiento de cirugía extracorpórea y materiales de altísimo costo. Sin esta articulación, la derivación se vuelve un laberinto burocrático y económico que pone en riesgo la vida, ya que estas patologías requieren intervención, por lo general, en las primeras semanas de vida. Incluso hoy la ciencia permite cirugías fetales, una frontera del futuro que también requiere del apoyo financiero del Estado.

Es fundamental recordar que la Ley 27.713, votada en 2022, otorgó rango legal a este programa (Javier Milei y Victoria Villarruel fueron los únicos diputados entonces en votar en contra de esta ley). Se convirtió en una política de Estado para asegurar detección, tratamiento y seguimiento. Al desmantelar sus equipos técnicos -como denuncian los profesionales del área ante el despido de médicos fundamentales-, se está violando no solo una ley, sino el derecho básico a la salud.

Lo que estamos presenciando es un intento deliberado por desfinanciar la salud pública para convertirla en un negocio privado. Para la gestión actual, la salud ha dejado de ser un derecho, lo cual es una aberración que rompe un consenso mundial de más de un siglo.

Argentina siempre se enorgulleció de tener el sistema de salud pública más sólido de América Latina. Si bien es cierto que el deterioro no empezó ayer y que durante décadas ningún gobierno, incluidos los más progresistas, hizo lo suficiente para elevar el sistema al nivel que merecía, el ataque actual no tiene precedentes. Pasamos de la “autogestión” de los años 90 a un intento directo de cierre del sector público para entregarlo a las fuerzas del mercado.

Esta estrategia es inviable y, de aplicarse, se traducirá en la enfermedad y la muerte de miles de personas. No puede no haber sistema público de salud. Aunque la gestión en la provincia de Buenos Aires sea distinta, los presupuestos a la baja y el deterioro progresivo son una realidad que nos afecta a todos. La salud pública es el blanco de una política privatizadora que, en su afán de ajuste, se olvida de los pacientes más indefensos: los recién nacidos que necesitan una cirugía para seguir viviendo.

*Neonatólogo y dirigente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP)