La medida prevista para esta semana se prorrogó tras un pedido de la Gremial de Abogados y Abogadas al Ministerio Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, que a su vez le solicitó al juez Martín Miguel Rizzo extender el plazo para completar el censo que se realiza a las 2500 familias que se encuentran ocupando el terreno que abarca unas 100 hectáreas. El magistrado fijó como nuevas fechas posibles para el desalojo el 1, 2 o 5 de octubre próximo.
El censo comenzó el viernes pasado con el objetivo de relevar la identidad y situación de las familias, y evaluar alguna solución al problema habitacional que padecen. Entre las familias, hay aproximadamente 3000 niños y niñas.
Eduardo Soares, abogado y referente de la Gremial de Abogados y Abogadas, se refirió a la última audiencia con el juez y el fiscal de la causa, de la que participaron organismos de derechos humanos y funcionarios del Estado del área de niñez de la provincia. En este marco, explicó: “Todos los funcionarios hablaban pero ninguno brindaba una solución. Nuestras compañeras les preguntaron: ustedes tienen que decir expresamente ¿dónde iría toda la gente?, porque hay un compromiso que se realizó con participación de funcionarios policiales. Si ustedes sacan a 2500 personas, ¿dónde las llevan? Lo mismo sucede con los niños, deben decir dónde irán. Eso es solución, sino es sanata”.
En una entrevista realizada por Mario Hernandez, Marcela, una de las vocera de la toma, se refirió a la postura de Blanca Cantero, intendente de Presidente Perón, partido al que pertenece Guernica: “No tuvimos respuesta en principio. Nos cerró las puertas desde el principio, después logramos llegar a una mesa de diálogo, dijo que iba a pasar alimentos pero nunca aparecieron. Dijo que está la orden del Juez y ella se lava las manos porque es el Juez el que determina. Y que si van a reprimir es culpa de la policía. Ella no tiene nada que ver”.
“Yo estoy muy triste por toda esta situación – continuó Marcela –, estamos perdiendo desde el primer momento. Hay muchas familias, muchas madres con niños que luchamos por tener un lugar para vivir. Somos personas en situación de calle o como mi hijo que alquilaba y ya no puede hacerlo. (…) Para mí es muy triste, es todo política, esos campos no tienen papeles. (…) Es la justicia y el Estado que tenemos. Y se olvidan que ante lo que no tiene dueño el Estado tendría que tomar otras medidas”.
En tanto, estudiantes, docentes, no docentes, becarios, becarias, graduados y graduadas de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) y del Ciclo Básico Común (CBC) de la UBA de Avellaneda lanzaron un petitorio para que la comunidad educativa universitaria de la provincia de Buenos Aires se sume en conjunto y de manera masiva al rechazo al desalojo de las familias que toman tierras en Guernica.
“Exigimos a las autoridades de estas universidades y centros de estudiantes a que se pronuncien en contra del desalojo. Repudiamos el hostigamiento policial que están viviendo constantemente las más de 2500 familias y 3000 niñes que están tomando las tierras porque se quedaron sin un techo donde vivir. Como comunidad educativa nos ponemos en estado de alerta y movilización. El derecho a la vivienda se encuentra reconocido en nuestra Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Argentina (…) (…) La vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho a un nivel de vida adecuado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25) y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art 11), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 17), la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 16, 1 y 27.3) y en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (arts. 9 y 28)”, afirmaron.
“Defendemos el derecho a una vivienda digna para las miles de mujeres que con sus hijas e hijos están viviendo a la intemperie y sin recursos básicos en medio de la pandemia escapandose de la violencia machista en sus hogares. Bajo la consigna de #NiUnaMenosSinVivienda las mujeres de la toma apelan a la solidaridad de las millones de mujeres y la diversidad sexual que fueron parte de esa marea que impulsó en Argentina el reclamo elemental para terminar con la violencia hacia las mujeres y también adoptó como propia la pelea por el aborto legal (…) Por todo esto, vemos la necesidad que las autoridades de las universidades antes mencionadas se pronuncien a favor de estas familias de Guernica, pero sobre todo y de los 3000 niños que están sufriendo una vulneración total de todos sus derechos. No se puede ser indiferentes a lo que sucede en la sociedad, queremos respuestas públicas frente a esta problemática”, agregaron.
Fuente: ANRed
