La resolución fue dictada por el Juzgado Federal de Campana y alcanza a unas 900 mil personas beneficiarias. El Ministerio de Capital Humano de la Nación había anunciado el cierre del programa y su reemplazo por un sistema de vouchers. Esta medida frena su eliminación hasta que exista una sentencia definitiva.
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El fallo judicial frenó la eliminación del programa
En el texto de la resolución, el tribunal ordenó al Estado Nacional que mantenga vigente la asistencia económica hasta que se dicte una sentencia definitiva.
“Hacer lugar a la medida cautelar impetrada por la parte actora y ordenar al Estado Nacional – Ministerio de Capital Humano que mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del programa Volver al Trabajo (…) y hasta que se dicte sentencia definitiva”, señala el fallo.
La decisión judicial implica que el Ejecutivo deberá restituir o garantizar los pagos en un plazo máximo de tres días desde la notificación.
Derechos vulnerados y un recorte sin alternativa real
Entre los fundamentos, el juzgado consideró que la eliminación del programa sin una política de reemplazo concreta impacta directamente en sectores que dependen de ese ingreso para cubrir necesidades básicas.
El tribunal sostuvo que el corte abrupto de la asistencia estatal “compromete los derechos de los trabajadores a condiciones dignas y equitativas de labor, a la seguridad social, al acceso a un nivel de vida adecuado y al disfrute del más alto nivel posible de la salud”.
Además, el magistrado destacó el “profundo contenido social” de estas prestaciones y advirtió que suspenderlas en el contexto actual podría resultar “arbitrario e irrazonable”.
Los vouchers no reemplazan el ingreso mensual
Uno de los puntos clave del fallo fue la crítica al sistema de vouchers impulsado por el Ministerio de Capital Humano, al considerar que no constituye una medida equivalente al ingreso económico que reciben los beneficiarios.
En ese sentido, el juez señaló que la propuesta oficial aparece como una alternativa vaga y sin garantías concretas: “La referencia genérica de vouchers destinados a capacitación no aparece como una medida equivalente a las prestaciones monetarias que sus beneficiarios venían recibiendo”.
La Justicia remarcó que ese tipo de mecanismo no asegura que las personas puedan cubrir las necesidades básicas que actualmente son atendidas con la asignación mensual.
Urgencia y peligro en la demora
El juzgado también destacó la urgencia del caso y el riesgo de que, si no se intervenía de inmediato, el daño fuera irreversible.
Según indicó el fallo, existía un peligro concreto ante la inminente finalización de la prestación, anunciada por el Ministerio en redes institucionales el pasado 7 de abril.
“Se vislumbra la urgencia y peligro en la demora”, sostuvo el tribunal, al advertir que la medida oficial podría dejar sin sustento a miles de personas en situación de vulnerabilidad.
Un nuevo freno judicial al ajuste del Gobierno
La decisión se suma a una serie de fallos que han puesto límites a las políticas de recorte impulsadas por el Ejecutivo. En este caso, el magistrado consideró acreditada la “verosimilitud del derecho” y concluyó que no hacer lugar a la cautelar habría tornado ilusorio el reclamo.
De este modo, la medida cautelar representa un nuevo freno judicial a la política de recortes del Gobierno nacional, al considerar que la eliminación del programa pone en riesgo derechos básicos y el sustento de cientos de miles de personas.
