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Organizaciones presentaron pedido para que Antonio Aracre no sea jefe de asesores presidencial

Una alianza de organizaciones sociales y ambientales presentaron un escrito en Casa Rosada y en la Oficina Anticorrupción para exigir que el gobierno dé marcha atrás con el nombramiento del ex CEO de Syngenta, Antonio Aracre, como Jefe de Asesores de la Presidencia de la Nación.

Compartimos comunicado de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas:
Tras la apresurada salida de Julián Leunda, quien renunció a su cargo después de que se revelara su vínculo con los jueces que se reunieron en casa de Joe Lewis, el 31 de diciembre se anunció que sería reemplazado por Aracre, empleado de Syngenta durante 36 años y CEO para Latinoamérica Sur en los últimos 12 años.

El escrito fue publicado el 5 de enero y cuenta con más de 16 mil adhesiones. Entre las organizaciones y personas adherentes, destacan Madres de Plaza de Mayo, Norita Cortiñas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), La Garganta Poderosa, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT), Diego Morales (CELS), Paula Maffia, Ignacio Levy, Actrices Argentinas, Gastón Chillier, Sandra Russo, Jorge Rulli, Alicia Castro, Omar Plaini, Claudio Lozano, Jorge Nahuel, Enrique Viale, Soledad Barruti, Maristella Svampa, Marcos Filardi, Guillermo Folguera, Ruben Lo Vuolo, Mempo Giardinelli, Nahuel Levaggi, Mario Santucho, Colectivo Editorial Crisis, Ernesto Seman, Daniel Grinbank, Rafael Colombo, Horacio Tarcus, Asamblea Popular por El Agua.

Las organizaciones convocantes compararon el caso de Aracre con el de Juan José Aranguren, quien fuera CEO de la petrolera Shell en los años 2003-2015 y quien fue nombrado Ministro de Energía de la Nación en el gobierno del presidente Mauricio Macri. Denunciaron en este sentido la problemática conocida popularmente como “puertas giratorias”: funcionarios de altos cargos en empresas privadas que pasan a la función pública, y viceversa, garantizando así políticas públicas benéficas para las corporaciones.

El escrito denuncia que esto es incompatible con la Ley 25.188 de Ética En El Ejercicio De La Función Pública. Ya que esta establece la incompatibilidad con el ejercicio de la función pública, indicando que deberán abstenerse de tomar intervención pública aquellas personas que han dirigido -en los últimos tres años- una empresa que realice actividades reguladas por el Estado.

Al estar las actividades comerciales de Syngenta reguladas por el Estado, como la comercialización de semillas o la venta y aplicación de agrotóxicos, entre muchas otras más, es imposible garantizar que sus tareas de asesoría no estén intervenidas o sean influyentes en decisiones relacionadas a las actividades de Syngenta y las otras empresas del sector del agronegocio, área extremadamente sensibles para el presente y futuro de nuestro país. Los intereses directos, particulares y concretos de Syngenta en estas, como en tantas otras áreas, no solo son muy distintos a los intereses generales de la población y de la República Argentina, sino que con frecuencia son antagónicos.

Syngenta fue fundada en el año 2000 tras la fusión de dos de las principales compañías del agronegocio: Novartis y Zeneca En Argentina es titular de 14 eventos transgénicos y 166 ingredientes activos de agrotóxicos aprobados por el Estado Nacional, y está asociada para la comercialización del trigo transgénico HB4 en el exterior; además de dominar el mercado de semillas comerciales y exportar granos y oleaginosas. Sus ganancias provienen mayormente de la venta de tres biocidas: atrazina (prohibido en 37 países y la Unión Europea), paraquat (prohibido en 72 países, la Unión Europea, Reino Unido, China y Suiza) y glifosato. Este último categorizado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS (IARC) como un probable cancerígeno en humanos, cancerígeno en animales y genotóxico.

 

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