Se inició el 3º Congreso Nacional y 1º de MERCOSUR sobre Trata y Tráfico de Personas – ”Otra mirada… Todas las miradas”, en la ciudad de Villa María de Córdoba. Este encuentro se se extenderá durante todo el día de hoy y mañana jueves. Por La Retaguardia desde Villa María y Red Eco Alternativo en la producción gráfica
Con la presencia de delegaciones de todas las provincias de nuestro país y de los países hermanos de Bolivia,
Colombia, Brasil, Paraguay y Uruguay comenzó este congreso con la presentación de la obra de danza libre y contemporánea “Otra Piel" realizad por el grupo "DanzArte" de la Universidad Nacional de Villa María.
Este tercer encuentro se extenderá durante todo el día de hoy y mañana jueves. Se realizarán mesas sobre: Escenario MERCOSUR de la Trata, Trata… Sexualidad… Prostitución, Trata y Acceso a la justicia, Trata y Prostitución, Trata y Estado, Trata: construcción de sentidos desde los medios de comunicación, Trata y Pueblos Originarios, Asistencia y Reparación de Víctimas, Trata y tráfico de bebés, Trata … Investigación… Cultura, Trata y niñxs desaparecidxs. Además habrá mesas organizadas regionalmente (Región Centro, NOA y Cuyo, Patagonia, NEA ).
Mónica Rivero, integrante de Acción Educativa (Santa Fe) comentó en la apertura que se han sumando a este congreso integrantes de pueblos originarios. La comunidad Amauta de Bolivia y la comunidad Qom participarán para dar cuenta de cómo impacta la problemática de la trata en sus pueblos. Rescató además la heterogeneidad en las representaciones provinciales.
Sin embargo están ausentes están varias organizaciones que han sido protagonistas relevantes en los anteriores congresos: entre ellas La Alameda Buenos Aires y La Alameda Mar del Plata, la Fundación El Otro y referentes de la Red no a la Trata, principales actores en el trabajo contra la Trata de personas en Buenos Aires.
Los primeros dos congresos, que se realizaron en esta misma ciudad en mayo 2010 y 2011, lograron avanzar en discusiones sobre el tema de la trata y el tráfico de personas y visibilizar el tema, además de incidir arrancando al Estado algunos avances.
Fundamentalmente el 1º avanzó en contenidos que hoy están a la espera de que Senadores y Diputados los debatan como parte de las modificaciones a la Ley de Trata. Y también logró que la declaración de entonces sobre la realidad de la trata y tráfico de personas trascendiera socialmente.
En la primera “Declaración de Villa María”, elaborada en 2010 se señaló: “El Pre Informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Trata de Personas, las investigaciones realizadas por las organizaciones no gubernamentales durante el último año, los dictámenes del INADI y los procedimientos adelantados por la AFIP, confirman el diagnóstico presentado en el anterior Congreso.
En el segundo congreso se afirmó: “El dispositivo institucional diseñado desde el Ministerio de Justicia de la Nación para el combate contra la Trata de Personas y la asistencia a las Víctimas, estando integrado por personas denunciadas penalmente por colaborar con las redes de trata o por mal desempeño de sus funciones, es un obstáculo a la lucha contra al crimen organizado y, lejos de desalentarlo, facilita su accionar. Se sigue presentando una situación de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos que afecta a cientos de miles de personas altamente vulnerables: mujeres, adolescentes, niños, niñas y migrante, internos e internacionales, incluyendo hombres. Frente a esta crisis el Estado no cumple acabadamente con los deberes de garantía y respeto de los derechos humanos. Esta situación ha sido ampliamente denunciada por las organizaciones presentes, es conocida por las autoridades y, en consecuencia, la inexistencia a la fecha de un Plan Nacional de Combate contra la Trata de Personas y de Asistencia y Protección a las víctimas es signo de la existencia de una aquiescencia estatal. Los niveles de impunidad en las causas relacionadas con la trata son excesivamente elevados. Así, frente a un número que supera las 2000 personas rescatadas por las autoridades, tan sólo 20 causas (aproximadamente) han obtenido sentencias condenatorias, con penas muy bajas y sin que, a la fecha, se haya condenado a funcionario público alguno”.




