En el marco de la invitación que la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo a esta agrupación para su próxima Asamblea General, el gobierno de Javier Milei efectuó una presentación formal ante el organismo en el que le manifestó su rechazo a esta inclusión en el listado de organizaciones argentinas debido a su posicionamiento favorable al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Desde Católicas calificaron lo sucedido como “un nuevo ataque del gobierno argentino a la democracia y a los derechos humanos, que busca restringir la pluralidad de voces en los espacios regionales de debate, imponer un pensamiento único y generar un estado de persecución y disciplinamiento”.
“Si bien el Gobierno de Milei no tiene facultades para impedir la participación de una organización social argentina ante la OEA, entendemos que su objeción constituye un ataque contra Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) por su activismo en la defensa de los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y disidencias, lo cual resulta de extrema gravedad institucional”, expresaron desde la agrupación.
En su “nota al pie” en el pedido ante la OEA, el gobierno argentino afirma que “expresamente se disocia de manera específica de la inclusión en el listado de organizaciones de origen argentino a la ‘Asociación Civil por el Derecho a Decidir / Católicas por el Derecho a Decidir Argentina’. Y más adelante “reafirma su compromiso con la defensa de la vida humana desde el momento de la concepción”, expresando que solo deberían ser reconocidas por la OEA aquellas organizaciones que respeten esta interpretación del artículo 4° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Al respecto, cabe señalar – responden desde la CCD –, por un lado, que el Gobierno argentino no puede desconocer la vigencia de la Ley nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo; así como tampoco debe agredir e interferir en la actividad que desarrollamos las organizaciones de la sociedad civil cuyos objetivos consisten en la defensa de los DDHH, y que pretendemos seguir ejerciendo con absoluta libertad, como corresponde en un Estado de Derecho. También señalamos que, en su presentación, el gobierno argentino tergiversa ante la propia OEA la interpretación que hizo la Corte IDH en el Caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica donde sostiene: “que la ´concepción´ en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención. Además, es posible concluir de las palabras ´en general´ que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional… (…) Asimismo, La Corte IDH ha señalado que la vida debe ser ‘digna’, tal como surge del Caso de los ‘Niños de la Calle’ Vs. Guatemala: ‘En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, […] el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna’”.
En este sentido, desde CCD advierten que el Gobierno argentino no sólo desconoce la vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sino que además se atribuye la custodia de la vida, al tiempo que deteriora las condiciones de existencias de las grandes mayorías y ataca la libertad de asociación, expresión y conciencia.
“Este tipo de acciones se inscriben en un patrón de hostigamiento hacia las defensoras de DDHH, especialmente a quienes trabajamos con derechos de las mujeres y personas LGBTTTIQ+. Constituyen una clara persecución que vulnera los estándares internacionales de protección a defensoras de DDHH, reconocidos por el Sistema Interamericano y por las Naciones Unidas. Se trata de un ataque a nuestra identidad, a nuestra trayectoria y a los valores que sostenemos: la justicia social, la autonomía, la pluralidad y la dignidad de las mujeres. Católicas por el Derecho a Decidir Argentina forma parte de una red presente en América Latina y el Caribe. Promovemos y defendemos los derechos sexuales y reproductivos desde una mirada ética y católica, fundada en los principios de libertad de conciencia y respeto por la diversidad. Lo sucedido constituye un antecedente que nos alerta, no sólo a quienes integramos la organización, sino a todo el movimiento en defensa de los derechos humanos, por su carácter de arbitrariedad, discrecionalidad y autoritarismo. Y por tratarse de una actitud sin precedentes en la historia de la OEA, que sobrepasa todas las atribuciones de un Estado Miembro. Es también una afrenta directa a las mujeres que, desde nuestra fe católica, trabajamos por una sociedad más justa e igualitaria y libre de violencias”, agregaron.
Quienes deseen adherir a la Declaración de repudio a la presentación del Gobierno Argentino para obturar la participación de Católicas por el Derecho a Decidir en la próxima Asamblea de la OEA pueden ingresar AQUÍ
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