El dato surge del Registro Nacional de Femicidios, Femicidios Vinculados, Trans/Travesticidios, Lesbicidios y otras muertes violentas, que abarca desde el 1 de enero al 30 de agosto de 2022, y que realiza el Observatorio MuMaLá “Mujeres, Disidencias, Derechos”. En estos ocho meses se perpetraron en total 252 muertes violentas de mujeres, travestis y trans.

En lo que va de 2022 se registraron 154 son femicidios, femicidios vinculados y trans-travesticidios, de los que 128 son femicidios directos (es decir, 1 femicidio cada 38 horas); 5 vinculados de niñas/mujeres; 2 vinculados de niñas/mujeres por interposición en el hecho violento; 14 vinculados de niños/varones; 5 trans/travesticidios. 61 son muertes violentas asociadas al género, vinculadas a economías delictivas o colaterales y a delitos comunes. Hay además 28 muertes violentas en proceso de investigación y se produjeron 285 intentos de femicidios. A su vez, el 20% de los femicidas se suicidó y otro 7% lo intentó, otro 14% está prófugo. 7% de los femicidios fueron cometidos por integrantes de fuerzas de seguridad.

187 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madres.

Entre otros datos, desde el Observatorio remarcan que el 63% de los femicidios fue cometido por parejas o ex parejas, mientras que el 13% era familiar directo; 15% de mujeres víctimas de femicidios había denunciado a su agresor; el 52% de ellas tenía orden de restricción de contacto o perimetral y el 14% además botón antipánico. 37 años es la edad promedio de las víctimas.

En tanto, el 64% de los femicidios fueron cometidos en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida. El 35% de los femicidios se cometieron con arma blanca, 24% a golpes, 16% con arma de fuego, 14% por asfixia.

Argentina posee una tasa nacional de 0,6 femicidios cada 100.000 mujeres. Las provincias que presentaron tasas más altas de femicidios durante el mes de agosto fueron Tierra del Fuego, La Pampa y Santiago del Estero.

En este marco desde Mumala exigen que el Gobierno declare la Emergencia Ni Una Menos con el objetivo de priorizar recursos humanos y económicos para la atención integral de mujeres e integrantes del colectivo LGTBIQ+ en situación de violencia de género.