Existen diversos programas del Estado Nacional con el objetivo de paliar el hambre y la pobreza. Sin embargo su fragmentación y descentralización hacen que pierdan efectividad. El intento de seleccionar a la población vulnerable bajo pretexto de eficientizar el gasto público siempre termina excluyendo a una porción significativa de personas que precisan asistencia.
(Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas) Argentina –Al mes de septiembre el Estado Nacional destinó 530 mil millones de pesos en programas dedicados a la asistencia de ingresos y de alimentos a la población vulnerable. Los refuerzos otorgados en el marco de la emergencia sanitaria han sido centrales para contener la situación social pero no han evitado el fuerte deterioro.
Frente a lo que pareciera ser una nueva etapa en relación con la pandemia, compartimos algunos elementos de análisis: La cuantía de la inversión social es insuficiente. Las políticas alimentarias cubren el 30% del déficit alimentario y si sumamos las políticas de transferencia de ingresos sólo se atiende al 20% de las necesidades de ingresos de la población pobre.
El abordaje del análisis de los programas alimentarios realizado desde una perspectiva fiscal nos permite tomar dimensión de la importancia relativa que ocupan estas políticas dentro del Presupuesto. De hecho, examinar el peso que toma la asistencia alimentaria en el presupuesto vigente 2020, en comparación a su participación en el año próximo, brinda un enfoque acerca de las prioridades de atención del Estado nacional.
En este sentido, el crédito total asignado en 2020 para el programa Políticas Alimentarias se ubica en 136.035 millones de pesos, habiéndose ejecutado hasta fin de setiembre el 65% del crédito. Esta situación implica que, en promedio, las acciones dentro de la asistencia alimentaria se encuentran subejecutadas, aunque la misma varía según cada programa.
La Tarjeta Alimentar es el programa de mayor relevancia relativa (81,7%), siendo que la Nación prevé un crédito en esta dirección por 111.151 millones de pesos. La información indica que el crédito hasta la fecha se encuentra subejecutado (a septiembre se ejecutó el 65,9% de los recursos, 73.244 millones de pesos).
Las acciones vinculadas a la Tarjeta Alimentar consisten en una acreditación mensual de fondos a titulares como complemento al ingreso familiar para el acceso a los alimentos. Reviste carácter no remunerativo ni dinerario, y no es sustituible por dinero, servicios o beneficio que no sean los productos alimenticios de primera necesidad. Está destinada a familias en situación de vulnerabilidad social, priorizando aquellos hogares con niños y niñas entre 0 y 6 años, mujeres embarazadas, y madres y padres con hijos con discapacidad sin límite de edad; que perciban a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social, y/o la Asignación por Hijo con Discapacidad.
Su distribución territorial expone un destino mayoritario de las transferencias hacia la Provincia de Buenos Aires (40,4%), seguido por Córdoba (7,3%), Santa Fe (6,3%), Chaco (4,7%) y Salta (4,6%). En el extremo opuesto, encontramos a las provincias de Neuquén, La Rioja, Chubut, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego con una asignación de recursos menores al 1% del total.
Si afinamos el análisis al interior de cada provincia, vemos que aquellas que presentan una mayor porción de población pobre (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza) no superan el ingreso monetario per cápita de 400 pesos. No obstante, si centramos el enfoque al estudio de la población que actualmente pasa hambre en nuestro país, se advierte que la asistencia alimentaria per cápita se eleva, en promedio en términos monetarios, a los 1.448 pesos por mes, que representa el 24,5% de una canasta básica alimentaria.
Por su parte, el monto asignado a los Comedores Comunitarios también se encuentra subejecutado, en un 56,9%, al igual que los recursos destinados al Complemento Alimentario, en un 44,1%. Cabe recordar que las acciones que exhiben una subejecución del crédito asignado constan de partidas que en el mes de agosto experimentaron una ampliación de su presupuesto (Tarjeta Alimentaria por +$55.325 millones, Complemento Alimentario por +$3.201 millones y Comedores Comunitarios por +$3.014 millones).
Los Comedores comunitarios y merenderos brindan prestaciones alimentarias a grupos familiares en situación de vulnerabilidad, y con apoyo de las organizaciones de la Sociedad Civil, a los fines de trabajar proyectos de fortalecimiento de servicios comunitarios alimentarios y no alimentarios.
Se estima que la ayuda mensual per cápita en concepto de asistencia a un comedor comunitario cubriría, en promedio, únicamente el 1% del valor de una canasta básica alimentaria. Algunas de las provincias que se encuentran por debajo del promedio nacional son Tierra del Fuego, Tucumán, Santa Fe, Santiago del Estero y Salta, mientras que las que exhiben los valores de transferencia más elevados son Jujuy (5,1%), Catamarca (7,4%) y La Rioja (8,4%).
Por su parte, los Comedores Escolares, que no recibieron una expansión de su crédito anual, exponen una sobreejecución de su presupuesto del 86,3%. Si bien es importante tener presente que los gobiernos provinciales y municipales cumplen un rol fundamental en el financiamiento de los comedores escolares, interesa notar que la sobreejecución del crédito es señal de la urgencia por parte de la Nación en atender las falencias alimentarias del territorio, que preexistían a la pandemia, pero que la misma se encargó de agudizar.
La Asistencia a Comedores Escolares consta de un financiamiento proveniente del Estado Nacional, cofinanciado a través de fondos que aportan los gobiernos provinciales para la entrega de raciones alimentarias a comedores escolares. Es un apoyo técnico y financiero orientado al mejoramiento de los servicios alimentarios escolares en establecimientos educativos de nivel inicial, primario, albergues y/o de educación especial, y consiste en un refuerzo de las raciones que se brindan en las escuelas bajo convenio.
El monto promedio per cápita en concepto de apoyo financiero a los comedores escolares lograría cubrir únicamente el 2,4% de una canasta alimentaria. Esta cifra presenta variaciones al examinar los casos particulares de cada provincia: si bien hallamos jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, San Luis, Santa Fe, Chubut, Salta o Córdoba donde la proporción de transferencia mensual respecto del valor de la canasta resulta prácticamente inexistente, también nos encontramos con otras donde la magnitud de asistencia, pese a que aún resulta escasa, representa un porcentaje mayor, como Santa Cruz (13%), Jujuy (14%) o La Rioja (15%).
La fragmentación y descentralización de los programas sociales disminuyen la efectividad de la respuesta pública. El esquema de política actual da cuenta de una cantidad importante de programas que tienen el mismo objetivo, pero van recortando y superponiendo cobertura para atender especificidades que en la práctica reconocen un mismo problema.
La focalización como criterio de selección es siempre fallida. El intento de seleccionar a la población vulnerable bajo pretexto de eficientizar el gasto público siempre termina excluyendo a una porción significativa de personas que precisan de asistencia.
El único camino posible para conformar un piso de ingresos para la población son los programas de transferencia de ingresos de carácter universal: Una renta básica universal acorde a las necesidades alimentarias junto con un programa de empleo y formación garantizado en línea con el salario mínimo. Este es momento de discutir el diseño de seguridad social que nos permita construir un umbral de dignidad para el conjunto de los hogares de la Argentina.
Fuente: Trabajo elaborado por Claudio Lozano y Samantha Horwitz del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), que coordina Ana Rameri.
https://ipypp.org.ar/descargas/2020/Politicas%20alimentarias%20y%20de%20transferencias%20de%20ingresos.pdf
