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¿Pacto Social o pantalla para encubrir los costos del ajuste?

Un Pacto Social con el único fin de limitar los reclamos salariales está destinado al fracaso desde antes de nacer. Sin embargo, es posible que en los próximos días el Gobierno Nacional vuelva a insistir con esta receta a los fines de encubrir las consecuencias del ajuste estructural que ya está poniendo en práctica. Por Observatorio del Derecho Social

En los primeros días de su gestión, el nuevo gobierno adoptó un conjunto de medidas que implicaron una profunda redistribución de recursos desde los trabajadores y el Estado hacia los exportadores y el sector financiero. Entre ellas se encuentran la reducción de las retenciones a las exportaciones, la devaluación del peso, el impulso de un mayor endeudamiento externo y las declaraciones en torno a promover acuerdos de libre comercio.

Estas medidas tendrán un fuerte impacto sobre el conjunto de los sectores populares. Sin embargo, hasta hoy el Gobierno Nacional no ha siquiera esbozado alguna medida que apunte a morigerar dichas consecuencias. Por el contrario, se limitó a señalar que convocará prontamente a un Pacto Social para coordinar distintas medidas con los actores sociales (organizaciones sindicales y patronales).

En los últimos años el gobierno de Cristina Kirchner intentó llevar adelante iniciativas de este tipo que no pasaron del plano discursivo. Se habló de un gran Acuerdo Nacional e incluso del Acuerdo del Bicentenario. En todos estos casos, la negativa de las organizaciones sindicales a convalidar límites a la negociación salarial operaba como obstáculo para que aquella intención se plasmara en políticas concretas.

Por el contrario, el último antecedente directo de este Pacto Social debe buscarse en el Acuerdo Marco de 1994, que legitimó entre otras medidas la privatización del sistema de seguridad social, del sistema de reparación de accidentes y enfermedades laborales, la habilitación de modalidades precarias de contratación, y que dio impulso a un avance significativo de la negociación colectiva a nivel de empresa y la introducción, por vía convencional, de cláusulas de flexibilidad laboral.

Ahora bien, cabe preguntarse si dados estos antecedentes tiene sentido concurrir a ámbitos de negociación tripartita donde busque promoverse algún tipo de Pacto Social, y en tal caso cuáles deben ser las prevenciones necesarias.

En primer lugar, es importante señalar que en el contexto actual el Gobierno Nacional busca, a través de la firma de este Pacto, encubrir las consecuencias de un proceso de ajuste que ya está en marcha. En tal sentido, muchos de los temas que podrían ser tratados en dicho ámbito podrían ser canalizados, sin mayor demora, a través de instituciones ya existentes. Por poner solo dos ejemplos: el Gobierno Nacional debería convocar en forma urgente al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para debatir cuestiones referidas a los salarios; y al mismo tiempo debería fortalecer la capacidad de acción de la Secretaría de Comercio Interior y la aplicación de la Ley de Abastecimiento para poner fin al proceso de remarcación indiscriminada de precios que afecta directamente a los sector populares.

Por otra parte, también es importante señalar que recurrir a un difuso Pacto Social en lugar de la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo no es casual. En efecto, dicho Pacto carece de institucionalidad, no hay normas que regulen su funcionamiento y es el Gobierno Nacional quien decide quiénes participarán, qué temas serán abordados y cuál será la dinámica de su funcionamiento. Por el contrario, el Consejo del Salario tiene obligaciones concretas y reglas de procedimiento, aun a pesar que desde hace años se vienen incumpliendo. De esta manera, el Gobierno Nacional parece estar más interesado en ampliar su base de legitimación política, buscando instalar que la firma de un Pacto Social implique, al menos en el plano simbólico, un aval a un conjunto de decisiones políticas y económicas cuyos efectos perjudiciales ya se están descargando sobre los trabajadores. 

En este marco, resulta inaceptable que el Gobierno Nacional intente descargar los costos del ajuste sobre los trabajadores mientras los sectores más concentrados multiplican exponencialmente sus ganancias, tal el sentido de todas las medidas económicas adoptadas en los primeros días de gestión. Un pacto que no cuestione este aspecto debe ser rechazado de plano, ya que implicaría un fuerte retroceso del salario real como consecuencia del proceso inflacionario que se observa en estos días. Más aún, para aquellos trabajadores que en los últimos años habían logrado incrementos reales significaría la reversión, en pocas semanas, de conquistas que llevaron años. Por su parte, para aquellos sectores cuya actualización salarial estuvo más rezagada, un pacto de estas características implicaría convalidar un mayor retroceso de salarios reales que, en términos históricos, todavía se encuentran en niveles muy deprimidos.

De esta manera, a fin de que dicho Pacto Social no se transforme en una mera pantalla para encubrir los costos del ajuste, será necesario que allí se consideren, entre otras, las siguientes dimensiones: a) Continuidad e institucionalidad de los ámbitos de negociación y en particular del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil; b) Paritarias libres, ampliación de la cobertura de la negociación colectiva y participación en las ganancias; c) Protección del empleo y ampliación de la seguridad social; d) Fortalecimiento de la inspección del trabajo; y e) Reestructuración del sistema impositivo.
 

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