Inicio de juicio a represores de la dictadura, beneficios a algunos de ellos que ya estaban procesados y perpetua para otro, marcaron estos últimos días la agenda de la justicia que avanza lenta y con obstáculos en la condena a los culpables de crímenes de lesa humanidad.
(Red Eco) Tucumán: criminales al banquillo – Este martes comenzó en Tucumán el juicio oral y público contra Luciano Benjamín Menéndez y Roberto Heriberto Albornoz por los asesinatos de cinco militantes políticos integrantes de la organización “Montoneros”. Fue el 20 de Mayo de 1976, en la calle Azcuénaga 1816 del Barrio Echeverría de la capital tucumana.
La querella está integrada por María Alejandra Romero Niklison (hija de una de las la victimas) y Gerardo Alfredo Romero (marido de una de las victimas).
Luciano Benjamín Menéndez, no contestó preguntas y se mantuvo durante la audiencia en una sala contigua al recinto. Sin embargo, luego apareció y habló para insistir con su discurso de lo sucedido durante la dictadura "Se trató de una guerra contra la revolución marxista que asolaba el país en aquellas épocas".
El jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, que ya va por su tercer proceso judicial por delitos de lesa humanidad, justificó el asesinato y desaparición de un centenar de personas diciendo que se trató de una “guerra contra la revolución” para luego agregar: “No seré un títere más en este teatro armado y manipulado por los guerrilleros de ayer”.
Por su parte, Roberto el “Tuerto” Albornoz, quien durante los 70 formaba parte de Servicio de Información Confidencial, no realizó ninguna declaración.
La semana anterior al inicio de este juicio, la Sala III de la Cámara de Casación Penal dejó sin efecto el cumplimiento de las condenas en cárceles comunes del ahora nuevamente juzgado Albornoz y de otro genocida, Luis Armando De Cándido. El primero seguirá preso en su casa; el segundo quedó en libertad. Esta misma Cámara el año pasado excarceló a Alfredo Astiz y a José Eduardo “el Tigre” Acosta.
“Albornoz fue el Jefe del CCD Jefatura de Policía (1975-1978) por donde pasaron cientos de tucumanos. Fue acusado de torturar e interrogar de mano propia por testigos en el juicio oral. También lo acusaron de violar la prisión domiciliaria y amedrentar a testigos para que no se presentasen a declarar. Luis De Candido uno de los más feroces torturadores y secuestradores de la Jefatura, fue reconocido por sus víctimas en el marco del juico. Los sobrevivientes contaron que luego de ser liberados este policía seguía persiguiéndolos y amedrentándolos”, detallan en un comunicado de repudio, H.I.J.O.S. Tucumán en la Red Nacional y FA.DE.TUC (Familiares de Desaparecidos de Tucumán).
El Tribunal Oral Federal en su sentencia de julio pasado, había condenado a prisión perpetua a Albornoz y a 18 años de cárcel al policía De Cándido, ordenando que los genocidas cumplan su pena en una cárcel común a pesar de ser mayores de 70 años. Ambos represores eran los dos únicos genocidas en Tucumán que cumplían sus condenas en cárceles comunes.
A siete meses de ese fallo, y con una rapidez inusual (de 40 fallos en el último lustro, Casación confirmó once, de los cuales sólo tres fueron revisados por la Corte Suprema de Justicia y están técnicamente “firmes”), la Sala III de Casación decidió retrotraer la situación al comienzo del juicio y por lo tanto liberar a De Cándido y encerrar en su casa a Albornoz.
Los querellantes, en su conjunto, que actuaron en el juicio por la causa “Jefatura de Policía” han decidido presentar un recurso extraordinario contra esta decisión.
Tucumán no tiene un solo represor condenado en la cárcel. Desde la reapertura de causas en 2003 hubo en la provincia sólo dos juicios que derivaron en cinco condenas.
La Rioja: con apuro de la justicia – El juez federal de esta provincia, Daniel Herrera Piedrabuena, cerró el procesamiento de 17 de los 66 imputados por secuestros y tormentos en el principal centro de detención clandestino riojano, el Instituto de Rehabilitación Social (IRS).
Entre los beneficiados por esta medida se encuentran Luciano Benjamín Menéndez, Luís Fernando Estrella y Juan Carlos “el Bruja” Romero, quienes están imputados en la mega causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad.
Habilitando la feria judicial –en forma inédita para este tipo de causas- el 17 de enero el juez sobreseyó o dictó falta de mérito para la cadena intermedia de mandos y dejó las responsabilidades libradas sólo a Luciano Benjamín Menéndez (entonces jefe del Tercer Cuerpo de Ejército) y a quienes cometieron directamente los secuestros o las torturas, un grupo de gendarmes o guardia cárceles. El magistrado argumentó que los tormentos son delito “de propia mano” (aquellos consumados únicamente por quienes realizan personalmente la acción) y no debe involucrarse a quienes consintieron o estaban por encima en la cadena de mandos.
El fiscal federal de La Rioja, Darío Illanes, apeló la resolución el 28 de enero. Además familiares de detenidos, organizaciones sociales y partidos políticos acordaron pedir el juicio político al magistrado. Víctimas de la dictadura dijeron: “Herrera Piedrabuena debe explicarle al pueblo de La Rioja el por qué de su apresuramiento para dar sobreseimiento y falta de mérito a quienes hicieron tanto daño al país y el por qué de su lentitud para citar a los aproximadamente 50 testigos restantes”.
Buenos Aires: Dos buenas noticias– La semana pasada, la Cámara Federal confirmó que las violaciones a los Derechos Humanos, cometidas en el centro clandestino de detención conocido como Mansión Seré, son delitos de lesa humanidad, y por ende, imprescriptibles.
Así, el juez federal Daniel Rafeca rechazó el planteo de un represor que pretendía que se declarase extinguida la posibilidad de la acción penal. El dictamen del magistrado fue confirmado por los camaristas Jorge Luis Ballestero y Eduardo Farah, con la intervención del secretario Sebastián Casanello.
Por las habitaciones de la casona, ubicada en la ciudad de Castelar (oeste del conurbano bonaerense) pasaron más de un centenar de personas.
Esta investigación forma parte de la megacausa por los delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército que se reactivó luego que se derogaran y declaración de “nulidad insalvable”, las leyes de obediencia debida y punto final.
Por otra parte, en la ciudad de Mar del Plata, el Tribunal Oral Federal Nº1 condenó a prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común al coronel retirado, Fortunato Valentín Rezett. El represor fue hallado penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por haber sido cometido por dos o más personas.
El fallo revocó la prisión domiciliaria de la que gozaba el imputado por “problemas de salud” y dispuso la “inmediata detención y su alojamiento en un establecimiento carcelario del Servicio Penitenciario Federal”.
En otro de los puntos del fallo, se dejo sentado que el homicidio de Analía Magliaro “constituye un crimen de lesa humanidad perpetrado en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”.
El fiscal Daniel Adler explicó que Analía Magliaro fue secuestrada de la casa de la familia Chirria y trasladada a Gada 601. Luego fue asesinada en un enfrentamiento fraguado y su cadáver apareció en la Comisaría 4º. Para Adler esto demuestra la articulación del aparato represivo en Mar del Plata: El Gada 601 –lugar donde se emplazaba la jefatura de la Subzona 15- y la Comisaría 4º, señalada en más de una oportunidad como uno de los centros clandestinos de detención de la ciudad. Magliaro tenía en su cuerpo marcas de tortura, de haber permanecido atada, encapuchada y amordazada. “No puede atribuirse que se haya tratado de un enfrentamiento, sino que se trató de un vil asesinato”, expresó el representante del Ministerio Público.
Fuentes: ContraPunto Prensa Alternativa, Agencia de Noticias DH
